Posdata

 Vea y oiga, este país está severamente jodido y quedará peor si usted no recapacita.

 Se lo digo en serio. No es esta una folclórica manera de prevenirlo para abrir los ojos y aguzar los oídos, es válido llamado para despertar su interés y convocarlo a la cordura, a la responsabilidad social, al ejercicio lógico de razonar antes de actuar, de invitarlo a no marchar como borrego al sacrificio,  de recordarle que como ciudadano colombiano tiene el deber de  contribuir a contener esta orgía de engaños, y la necesidad histórica de evitarle a las generaciones del futuro el extremo sufrimiento de sucumbir trituradas por la brutalidad de un aparato tiránico.

 No exponga a Colombia, su patria, al autoritarismo, al populismo, al indignante  mecanismo totalitario que en estos momentos conculca libertades y derechos del pueblo venezolano, que obstaculiza e impide adelantar legítimo referendo democrático para que los ciudadanos procedan a revocar el mandato al monigote sostenido por mafias de la cocaína y el petróleo.

 Es hora de ponerle freno a esta loca empresa autodestructiva, de evitar las humillaciones soportadas por esa sociedad caribeña que confió en la restauración de sublimes ideales bolivarianos, pero terminó estrellada contra el puño feroz de bastardos  predicadores de libertad, de esos que mediante ilegítima utilización de la autoridad electoral, envilecimiento de la cúpula militar, y control carnavalesco del poder judicial, convirtieron el territorio de Venezuela en seguro refugio de bandidos extranjeros.

 El creciente mercado internacional de sustancias estupefacientes es combustible que alimenta el atropello a los derechos fundamentales, la máquina que induce a la desmoralización de la juventud, la peste que agiganta los problemas sociales, el sedante que propicia la ruptura de valores, el gestor invisible de la corrupción administrativa, el acelerador de la desestabilización institucional,  y el factor causante de la muerte física de miles de conciudadanos seducidos por el espejismo de enriquecimientos rápidos y falaces escalamientos en la pirámide de poder.

 Mediante fantasioso arrastre de perversa publicidad quieren hacerle creer, a quienes no tienen facultades dialécticas cultivadas en la academia, a quienes ciegamente confían en la buena fe de burócratas gobiernistas, de enredadores, sofistas, y asalariados difusores de paraísos imposibles, que a Colombia le llegan horas de plácido sosiego, y que milenarias dificultades naturalmente derivadas del status social, económico, cultural, ambiental,  y hasta de la estructura psicológica de los pueblos, se solucionarán a fuerza de estrambóticas directrices con enfoques regionales, comunitarios y socializantes.

 Hoy Colombia es victima de una estafa. El verdadero camino de la paz no puede construirse aireando cultivos de plantaciones delincuenciales. Lo que verdaderamente contribuye a propiciar aceptables condiciones de respetuosa convivencia, desarrollo económico y justicia social, es la lucha persistente contra las expresiones criminales  y contra todo desacato al orden constitucionalmente establecido.

 Lo que se necesita es un Estado serio que no claudique ante la ilicitud ni se deje cautivar por habilidosas promesas de mafiosos empedernidos.

 Lea, todavía tiene tiempo para descubrir que los acuerdos habaneros son trampa armada para poder decir que el Estado colombiano  no cumplió sus compromisos, y que el conflicto nunca terminó.  

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 23.09.16

Tribunal inconstitucional

 Es vergonzosamente insultante el contubernio de las autoridades nacionales, de la descastada élite jurisdiccional  y de la progenie dirigente colombiana, frente a hechos homicidas cuyo esclarecimiento exige mínimos de limpieza y  rectitud.

 Aquí, contra toda lógica, sucedió que altos tribunales invalidaron las pruebas contenidas en los computadores de alias Raúl Reyes, que aún deben servir  -las pruebas digo-  para que la CPI incrimine a varios personajes  vivos que indiscutiblemente participaron en actividades delincuenciales del grupo guerrillero en que militaba el abatido.

 Por ese torcido sendero se abrió espacio a flagrante impunidad, técnicamente se clausuró la obligación estatal de interrogar siquiera a quienes están claramente mencionados en archivos digitales reveladores de esa verdad terrible que la sociedad colombiana necesita conocer, y que  la justicia debe sancionar.

 Por medio de semejante despropósito judicial sencillamente se decretó olvidar dolorosos episodios violentos, se le echó tierra, y bastante, al pasado sombrío de encumbrados criminales que colaboraron con la cuadrilla de Tirofijo, de copartícipes sobrevivientes que hoy posan de pacifistas y prosiguen su paseíllo triunfal sobre ensangrentadas  arenas políticas.

 Escasos colombianos recuerdan que esos aparatos contienen el rastro de viles ataques a preciados derechos universalmente proclamados como inviolables e irrenunciables. Pero las decisiones jurisprudenciales nacionales, como por arte de magia, declararon invisibles e impronunciables tangibles elementos de tan contundente fuerza probatoria.

 Entre tanto, del rescoldo del palacio de justicia sacan restos óseos dotados de insospechada elocuencia, mandíbulas que hablan, cráneos que razonan, fémures que caminan, falanges que escriben cuentos fantasmagóricamente interpretados por administradores de justicia dedicados a entretener el palco, y de paso enlodan militares  nuestros que por avatares existenciales acudieron al sitio para tratar de rescatar a los secuestrados y recuperar el inmueble asaltado. Pocos tienen claro que allí se libró una batalla de la legitimidad institucional  contra los mandaderos de Pablo Escobar.

 Si realmente nos  quisieran decir verdades, a cambio de dedicarse a profanar tumbas de difuntos para utilizarlos perversamente como voceros del ignoto y desconocido más allá, debieran indagar y escuchar las versiones judiciales de quienes, durante tantos años, han ocultado los secretos financieros del grupo de Bateman y de los tales intelectuales latinoamericanos que lo apoyaban,  de sus nada revolucionarias relaciones con el narcotráfico, y definir la responsabilidad que pueda caberle al aturdido mandatario que desde su balcón atisbó la llamarada infame en que se consumió lo más granado del pensamiento jurídico colombiano.

 Este pobre país navega de bandazo en bandazo a merced de oleajes que lo marean y lo embrutecen, de abordajes ideológicos que ni siquiera identifica, de ventiscas que lo envenenan lentamente porque en el turbión de mezquindades se traga las aguas contaminadas de aguamalas y renacuajos.

 Ahora mismo lo quieren empantanar  con un tribunal espurio, justicia especial para la paz que arrasará lo poco que queda de legitimidad jurídica. A la justicia ordinaria, que es la constitucional, le burlarán el oficio de juzgar, y esa tarea pasará a manos de burócratas extraños para consolidar el  último nuevo triunfo de la mafia criolla que a su amaño designa magistrados para exonerarse de cargos.   

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 10.09.16      

El engendro

 Ni en medio de inesperadas declaraciones de fe católica  que hace la izquierda puede Colombia esperar paz estable, no la habrá porque los textos inspirados en el socialismo del siglo XXI,  nutriente fundamental de eso que las partes contratantes aún no firman, están redactados para engañar.

 Falta hizo una mente iluminada para el bien y formada para el derecho y la justicia, como la del inmortal don Andrés Bello, que les infundiera esa pulcra tesitura idiomática, belleza semántica, transparencia conceptual, a la par que profundidad filosófica, tan estrictamente necesarias en vanidosas proyecciones legislativas como las insinuadas.

 Es lógico advertir que esos textos no contienen un eje moral, ni directrices éticas, ni formulas inteligentes para potenciar nítidos anhelos de excelencia social, simplemente encarnan andamiaje electorero, cierta suerte de tramoya escénica para tratar de inyectarle al orden constitucional existente unas ideologías que poco riman con ancestrales postulados nacionales de bienestar comunitario, ni implican propósitos de buen vivir como socarronamente denominan allí a plausibles objetivos relacionados con el rendimiento de esfuerzos productivos legítimos que desde tiempos inmemoriales hacen las clases trabajadoras para asegurar el humano sustento.

 Ningún colombiano sano de mente podrá explicarse, ni hoy ni en el futuro, como fue factible que desde el Congreso de la República se diera vía expedita a un plebiscito amañado para que la desinformada base popular decidiera la refrendación de  acuerdos absolutamente desconocidos por el Poder Legislativo, porque no nos digamos mentiras, ningún padre de la patria, ni el más aplicado, dispuso de espacio razonablemente suficiente para leer siquiera, mucho menos para entender insospechadas transformaciones institucionales ideadas por pretendidos constituyentes habaneros.

 Una semana después de publicada la parte conocida –porque subsiste parte desconocida-  ya se puede decir que hay allí un estropajo de funciones y misiones, de instituciones y asociaciones, de comisiones y organizaciones, de reglamentaciones y atribuciones que terminarán estorbándose entre sí,  y darán lugar a toda suerte de interpretaciones, de aventuras jurisprudenciales y doctrinarias tanto o más costosas y desgastantes que las  impulsoras del actual estado de corrupción.

 Por las censurables expectativas que de los acuerdos fluyen, ya muchos malos vecinos de poco trabajo están con la mira puesta en los predios de los vecinos que sí trabajan, pendientes de beneficiarse con la insana expropiación administrativa.

 Bandas de traficantes audaces preparan semilleros y derriban bosques primarios para establecer nuevas plantaciones coqueras, que  no serán  perseguidas, ni fumigadas, ni erradicadas mientras no esté suficientemente acreditado que el gobierno ha cumplido con los programas de sustitución integral de cultivos. De sobremesa se deja a merced de financiadores narcos decidir si voluntariamente arrancan cocales para intentar ensayos en otros renglones agrícolas, subsidiados desde luego por  quienes han perseverado en agricultura lícita y pagan altísimos impuestos que crecerán porcentualmente dentro de la próxima reforma tributaria.

  

 Dicen las leoninas clausulas, y lo pregonan voceros guerrilleros, que la paz depende del cumplimiento del Estado, como si sanas reglas de equilibrio contractual no hicieran imperativo el principio de reciprocidad. “Doy para que des” decían los romanos, pero los usureros de la paz quieren recibir sin dar.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 04.09.16