No parece que sea más el ruido que las nueces.
El justificado alboroto se arma en torno a unas apreciaciones que el ex
presidente Gaviria publica, en donde llama la atención sobre ciertos vacíos
que, de no llenarse, podrían abrir paso a dificultades legales, más concretamente
investigaciones judiciales, contra distinguidos actores del conflicto armado a quienes
no se menciona en las negociaciones de paz ni en los debates del Congreso.
El documento aparenta buena voluntad y
sinceros deseos de ponerle punto final a lo que el autor denomina la guerra,
pero abre aterrador boquete para que los crímenes
que han conmovido a la
sociedad colombiana, impunes ellos, pasen al canasto del olvido.
Aunque del dicho al hecho hay mucho trecho, no
es imposible que esas opiniones obtengan respaldo y sean atendidas durante lo
que queda por hacerse y definirse en Cuba, en donde ganan terreno las
estrambóticas condiciones impuestas por los violentos para hacer una temporal
dejación de armas, mas no para renunciar al ejercicio de la violencia.
Necesariamente las sugerencias de Gaviria
tienen que dialogarse en La Habana, como para que válidamente puedan hacer
parte del paquete legislativo que el Gobierno ponga a consideración del
Congreso una vez se firmen los acuerdos, si es que hasta allá se avanza.
No se me ocurre decir que allí haya trampas.
Sencillamente, sin frenos de ninguna naturaleza, se pide incluir unos puntos
específicos que a juicio del proponente, si faltan, podrían entorpecer no solamente los
trámites legislativos y de control constitucional, sino el propio objetivo de imponer
retorcidas formas y costumbres políticas, sin importar los métodos que para
ello se utilicen.
Vuelve al ruedo la
hipótesis de que nuestra democracia apenas se encuentra en construcción.
En una democracia consolidada y seria no
habría oportunidad para tales propuestas. Sencillamente se aplicarían las leyes
vigentes dentro del marco constitucional preexistente, pero como lo que tenemos
es un remedo democrático, le corresponde a Gaviria recordarnos que el tal
Estado de derecho es mera ficción, una reflexión hipotética incrustada en su flamante
Constitución de 1991, pero nunca una realidad legal incontrovertible y
funcional.
El país está
acostumbrado a toda suerte de piruetas leguleyas, en las que tradicionalmente predominan
los intereses de los potentados, quienes siempre encuentran cuestionables defensores
de oficio.
Como vamos, vamos bien,
nos encaminamos hacia la consolidación de un Estado pergeñado por los jueces,
quienes con sus declaraciones interesadas abren espacio a las argucias de los
políticos, y allí entre todos van armando el rodillo de nuestras futuras desgracias.
Mañana, cuando la
historiadores oficiales cuenten, a su manera, los logros y descalabros de
nuestros actuales dirigentes, siempre tendrán a mano el comodín de la buena fe,
y de los augustos valores republicanos, aunque para entonces estemos gobernados
por bandidos que ahora limpian sus culpas y lavan sus fortunas mediante el
descaecimiento del Estado.
Felices Samper y Serpa,
dichosos, claro está "Timochenko" y los suyos, complacidos los
grandes gamonales de la política nacional que, con sus liviandades, silencios y
complicidades, han contribuido a montar este parapeto legal para burlar la
democracia.
Miguel Antonio Velasco
Cuevas
Popayán, 16.02.15
