La babosada de Santos al buscar
premios de paz, dándole ventajas a los violentos, comienza a mostrar funestas
consecuencias.
Desde cuando se conocieron los
coqueteos con los verdugos, amplios sectores de opinión le han dicho al país
nacional que esos diálogos no conducen a nada porque negocios con bandidos son
negocios torcidos.
A pesar de ello el Presidente y sus incondicionales repiten a diario que todo
va por buen camino. Pero las afirmaciones de Granda, sobre la posibilidad de prolongar
las conversaciones con otro que no sea Santos y en medio del conflicto,
reflejan otra cosa.
Los últimos pronunciamientos del
bandidaje acampado en La Habana, armonizados con el comportamiento criminal que
sus cuadrillas desarrollan en Colombia, permiten conocer las intenciones del
grupo narcoterrorista.
Lamentablemente el Presidente no
quiere enterarse del cinismo que caracteriza a la contraparte, ni de la
desaprobación de esa ciudadanía que lo eligió para sepultar al enemigo agónico,
no para revitalizarlo, como se demuestra
que ha sucedido, puesto que las nuevas audacias son propias de un bandidaje
recuperado que goza de cabal salud.
Ofensivo resulta que los autores del
secuestro de un ciudadano norteamericano, al que tienen en su poder y con quien
quieren montar otro espectáculo falsamente humanitario, califiquen como acto irresponsable y criminal
la intensión estatal de rescatarlo mediante legítimo operativo militar.
Peor resulta el panorama si se
recuerda que esos secuestradores se niegan a reconocer y pedir perdón a sus
víctimas; insisten en no cumplir las condenas privativas de la libertad que en
derecho se les impongan o se les han impuesto; mantienen arrogante actitud
legislativa que persigue demoler las
instituciones democráticas desde su cómoda estadía en Cuba; y anuncian su
voluntad de ensangrentar la campaña electoral que se avecina.
Ninguna otra lectura puede hacerse
al mensaje conocido el pasado 8 de agosto en donde manifiestan su interés de
esperar que “el pueblo como soberano se
pronuncie sobre quiénes van a ser sus gobernantes y ahí miramos cómo
negociamos”. Y agregan que, si uno de sus cabecillas cae en combate “¿qué
pasaría con el proceso si las Farc también hacen una acción militar dura?”
Advierten, en relación con el
anuncio gubernamental sobre una reunión del Presidente con Timochenko, que “aún no se ha tomado una decisión al
respecto”.
Puntualizan que los diálogos en
medio del combate “no son un proceso de sometimiento a la institucionalidad
vigente”, que -error imperdonable de Santos- “el reconocimiento de responsabilidad por el
conflicto le quita legitimidad al Estado para ser juez”, y que los marcos de justicia transicional
“los imponen los ganadores a los perdedores”.
Como quien dice: estamos más crudos de lo que se creía. Porque si no aceptan el marco jurídico para
la paz, pretenden reformar la justicia, y crear una comisión de bolsillo que
reescriba la historia del conflicto y establezca quienes son las víctimas del
mismo, pues sencillamente nos encontramos en un escenario nacional confuso, donde los diálogos indefinidamente prolongados y el status de
guerra sostenida, convirtieron la “paz” de Santos en un tiro por la culata.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, 10.08.13
