No es novedoso que el gobierno reconozca el deterioro
de los diálogos de paz. Eso ha sido evidente desde cuando los anunció, y no por
otra causa, sino porque los inició mal.
El Presidente, que traicioneramente se hizo
elegir para continuar las políticas de seguridad democrática, en contravía de
la voluntad popular resolvió desmontar el exitoso esquema y embarcó a Colombia en el peor desorden público del que se tenga
memoria en este siglo.
Ingenioso y ofensivo en el rebusque de calificativos
contra millones de Colombianos que desaprueban el reencauche del narcoterrorismo,
el señor Santos no hace gala de inteligencia para impedir el desbordamiento
verbal y la matanza física que el cartel de "Timochenko" despliega
contra la población inerme, y contra las fuerzas que defienden la integridad territorial
y la vigencia de la Constitución.
A tales extremos de torpeza llegan, Presidente
y Fiscal, que amenazan judicializar a quienes, en libre y democrático ejercicio
informativo, se atrevan a publicar las atrocidades del narcoterrorismo contra
la estabilidad política y económica del país.
Por más esfuerzos que el régimen ha hecho para
disimular y enmascarar los crímenes de
las guerrillas; que son de público conocimiento, como el minado de escuelas y
senderos rurales, la persistente voladura de oleoductos, el absurdo derrame de
crudos sobre ríos y regiones de
incalculable riqueza biológica y ambiental, el secuestro y brutal asesinato de
altos oficiales de ejército y policía, el continuado reclutamiento de niños
campesinos, el altísimo incremento de cultivos ilícitos en todo el territorio
nacional, el bloqueo y destrucción de puentes y carreteras con cargas
explosivas, y miles de delincuencias menores diariamente agotadas por diversos
frentes dirigidos y comandados desde Cuba y Venezuela; vinimos a quedar encaramados
en esta cuerda floja y débil que promete romperse hoy o mañana.
Una sola verdad se le abona al jefe de
negociadores oficiales: que el problema de los narcoterroristas, en este
momento crucial, no es con el ejército, ni con la derecha, ni con la
oligarquía, el problema es con la totalidad del pueblo colombiano que agotó su
paciencia y sepultó su confianza.
El 77% de los colombianos considera que ha
empeorado la situación del país frente a los grupos guerrilleros. (Encuesta
Gallup efectuada entre 18 y 24 de junio de 2015)
El señor senador Uribe tiene toda la razón; al
angustioso embalaje por la finalización del conflicto le queda un derrotero: la
concentración de narcoterroristas en una zona específica del territorio
nacional, que permita verificar la suspensión de actividades criminales, y
evite el sometimiento del Estado de derecho frente a la delincuencia
organizada.
El cese bilateral de fuegos exigido por terroristas
no es camino honroso para una salida negociada. Suficientes muestras de mala fe
y de poca voluntad pacifista se desprenden de sus amenazantes pronunciamientos contra la
población respetuosa de las leyes.
El plan pistola, que al mafioso estilo de
Escobar se adelanta contra la fuerza pública, es pésimo indicativo de
seguridad, macabra muestra de retroceso a siniestras épocas de desgobierno,
signo inconcuso de desmoronamiento institucional y afrentosa muestra de ausencia
estatal.
Miguel Antonio Velasco
Cuevas
Popayán, 06.07.15
