Impensable
hace una década que Colombia llegara al desbarajuste institucional y a la inestabilidad
jurídica en que hoy está.
Pocas cosas funcionan como es debido, conforme a los procedimientos,
o como manda la Constitución, y a dicho tremedal condujo el régimen actual en delirante
empeño de disimular acciones jurídica y moralmente repudiables.
Quienes a ojo cerrado defienden las torcidas arengas,
las torpes manipulaciones, y los impúdicos recados del mandatario hacia funcionarios
estatales que tienen como supremo encargo defender la integridad de la
Constitución, se atrincheran en la paz como callejera consigna populista, pero
nunca como estado ideal del espíritu humano. Usan la paz como rústico instrumento
de maniobra social, mas no como regla ética que genere convivencia mediante
inconcuso respeto a principios superiores.
En normales condiciones de equilibrio
emocional es apenas lógico que las personas respetuosas del ordenamiento legal,
los colombianos de bien para ser precisos y concretos, anhelemos esa particular
condición de apaciguamiento que serena los ímpetus, nada mejor habría de disfrutarse
si el ambiente gubernamental fuera propicio, pero no lo es, por el contrario se
observa enrarecido y corrupto.
Este país que tuvo arrinconados a los
promotores del desorden público, que les redujo significativamente los campos
de cultivos ilegales, que alcanzó a mostrarles a nuevas generaciones unas vías
legítimas para crecer económicamente y superar la pobreza material mediante
necesario abandono de ilicitudes y violencias de cualquier naturaleza, vuelve a
hundirse en malsanas frondas de raigambre mafiosa.
No terminan de limpiarse los bigotes todos los
tragones usufructuarios del reparto presupuestal, que bien pagos pregonan
irreales estadios de postconflicto, cuando ya emergen fortalecidas y
desafiantes prósperas organizaciones criminales de las que vocinglera
fanaticada gobiernista inútilmente intenta ocultar el origen, que es el mismo
de los tiempos de Samper, la intromisión del narcotráfico en altas esferas de los poderes establecidos.
A ningún mandatario cuerdo y serio se le puede
ocurrir que el crimen se combata dejando de combatir sus fuentes de
financiación. Si algo les duele a mafias de todo genero es el bolsillo, porque lo
que ellas buscan es incrementar demencialmente sus fortunas insultantes, y sólo es posible menguarlas y aniquilarlas si
se les controla y reduce el nivel de utilidades monetarias. Pero al gobierno y
sus asesores se les antojó suspender fumigaciones y necesariamente crecieron las
plantaciones y el tráfico de narcóticos.
Obesos multimillonarios enriquecidos al margen
de la ley, que se muestran dispuestos a firmar la falsa paz de Santos, lo hacen
cansados de atiborrar sus arcas. Los muy aburguesados pretenden jubilarse y disfrutar
inmerecidos reconocimientos. Hartos de asesinar, subvertir, pervertir y
traficar, parece que aparte de devengar como legisladores también se aprestan a
que las tropas de la patria desfilen ante ellos y les rindan honores militares.
Candidato a enjuiciamiento criminal por
traición a la patria resultará el mandatario
si facilita tan deshonrosa pantomima, mucho
más cuando empedernidos delincuentes, genéticamente afines a los que anuncian
retiro, reciben la posta, heredan territorios y fundamentalmente instrucciones inamovibles para demoler el Estado.
Crecen los peligros ahora que el narcotráfico
puede asumir apariencia medicinal.
Miguel
Antonio Velasco Cuevas
Popayán,
17.07.16
