Divulgar noticias sobre corrupción en el sector público se tornó normal. Tiempos hubo en que tales especies conmovían, aterraban, ofendían y daban lugar a sanción jurídica y social, hoy parece que no inquietan a nadie y mientras más roben los funcionarios mayor respaldo electoral reciben.
Lamentablemente las de corrupción son noticias del menú diario que ya no sorprenden, simplemente se esperan como se espera la noche sin que nada pase, y cuando se publican sólo se oye decir que algún pícaro prendió el ventilador, o cualquiera otra de esas exclamaciones que denotan previo y permanente conocimiento público sobre torcidos que se fraguan en esferas oficiales. Sencillamente se confirman dolosas aventuras de sátrapas que llegan a cargos administrativos para hacer de sus jurisdicciones cotos de saqueo, espacios de bandidaje.
Está probado que en Colombia mandan los criminales, y por ese camino terminarán justificándose impensables aspiraciones políticas de elementos indeseables como las de alias "Popeye" que quiere ser senador, o de alias "Timochenko" que se alista para suceder a Santos.
Toda Colombia se hunde en ese estercolero. No pasa día sin que se destape un latrocinio. Y no hay corrillo en dónde no se propongan correctivos, y hasta surjan movimientos ciudadanos interesados en asumir la olvidada función de vigilar y fiscalizar el gasto público, pero pronto desfallecen.
Es deplorable que organismos constitucionalmente competentes para ejercer control no se manifiestan ni a tiempo ni a destiempo, es como si las contralorías de todos los niveles se hubieran coludido con los gestores del expolio, y los autores intelectuales cínicamente se lavan las manos para abandonar a sus cómplices y abrirse ventanas de escape.
El Cauca no es ni ha sido ajeno a esas malas costumbres, la justicia ha sido tardía y las investigaciones criminales que involucran a toda suerte de servidores públicos duermen dulces sueños en anaqueles judiciales, y terminan archivadas por preclusión, o por prescripción, con inevitable consecuencia de agrandar el trágico signo de nuestro siglo: la impunidad.
Si el país hiciera un ejercicio serio para combatir la corrupción quedaríamos, allí sí, en el mejor de los mundos. Borraríamos la fama de ladrones que indignos compatriotas se encargaron de esparcir por todo el universo, saldríamos de esas aparatosas comparaciones en que se nos asimila a remedos democráticos o Estados débiles como los que subsisten en Haití, Papúa o Somalia, y quedaríamos a punto de reconstruir la confianza en nuestras instituciones, enarbolar banderas de verdadero Estado de Derecho, despejar espacios para la equidad en todos los ámbitos, y convertirnos en democracia justamente respetable.
Lo grave y triste es que un Estado corrupto desde arriba no puede dar ejemplo ni generar modelos de honestidad hacia abajo. Mientras el ejecutivo compre al legislativo con gruesas raciones de mermelada para modificar a mansalva la constitución, y mientras el judicial se haga el de la oreja mocha frente a notorios atropellos antijurídicos, es utópico esperar que gobernadores y alcaldes guarden decoro en el manejo del erario público.
Causa dolor que amnésicos electores elijan siempre a los mismos corruptos.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, 02.07.16
