El común denominador de las relaciones políticas en los municipios colombianos durante este año será la obstrucción de los concejales a los alcaldes que no les marchen en el sostenimiento de sus cuotas de poder.
Para nadie es secreto que los concejales subsisten electoralmente a cambio de puestos para quienes empujan electores a las urnas. En contrapartida los alcaldes manejan la gobernabilidad a cambio de vinculaciones contractuales de corta duración para los pupilos de los concejales, a quienes periódicamente les permiten rotar en diferentes oficinas, dependencias, secciones y divisiones administrativas en las que generalmente no existen manuales de funciones, ni responsabilidades laborales preestablecidas, porque justamente ese desorden oficial es necesario al sostenimiento de la corrupción que carcome el nivel municipal en todo el territorio patrio.
El recorrido casual por cualquier alcaldía -palacios de gobierno les dicen ahora- es un viaje al interior del desconsuelo. Nadie sabe quién atiende una queja ciudadana para que se respeten los espacios públicos, nadie conoce al nuevo jefe de división, el actual contratista está en un foro, a la secretaria que recibió el escrito de queja ya se le venció el contrato, la oficina está cerrada porque hay un evento en el parque y así sucesivamente hasta el total desfallecimiento del usuario.
En el centro de esa barahúnda fungen unos personajes estelares, con títulos académicos falsos, o sin título alguno, que son la madre del engranaje burocrático, a quienes todo el público reverencia pero sin que se sepa en definitiva para qué sirven. Pregunte el ciudadano qué se hicieron los recursos de la salud, o los fondos de la educación, o las partiditas para el ancianato, o la gasolina de obras públicas y ya verá lo que le contestan, si es que le contestan.
Pues bien, llegados estos tiempos de recoger votos el asunto se torna más complicado. Los alcaldes, ganosos para la conformación de hegemonías y displicentes frente a las necesidades de la sociedad, rompen relaciones con sus más flojos y tibios ayudantes para fortalecerlas con los útiles sostenedores de sus propósitos. Comienzan entonces el rifirrafe y la componenda. Los concejales amenazan con denuncias, los contratistas prometen demandas, los tinterillos aceptan poderes, los secretarios del despacho defienden sus patrioticos esfuerzos, los porteros exigen cédula y pasaporte para acceder a los pasillos oficiales, los burgomaestres anuncian su renuncia y la administración se paraliza.
Engrasados los ejes de la discordia, conocidos los nombres de los nuevos contratistas, armada la nueva nómina paralela todos vuelven a la normalidad, es decir sigue el desbarajuste, se redobla la corruptela, se intensifica la manguala y ellos marchan unidos hacia el triunfo final. El triunfo de los corruptos, porque la sociedad lo pierde todo, hasta el coraje para denunciar y llamar las cosas por su nombre.
Lo cierto es que los alcaldes nunca definen las plantas de personal, ni asignan funciones y responsabilidades porque pierden maniobrabilidad, un alcalde que no pueda satisfacer ambiciones burocráticas, que no pueda firmar contratos leoninos hasta el de último minuto de su mandato no es nadie. Lamentablemente la mejor manera de despilfarrar los presupuestos a sus anchas es esa, no tener una estructura administrativa pensada para servir a la sociedad en general sino armada para engordar las tulas de los empresarios del voto.
Si le preguntan a un exalcalde por los malos resultados de su gestión siempre dirá que las fuerzas oscuras de la politiquería le obstaculizaron sus proyectos, pero nunca tendrá el carácter suficiente para decirle a sus conciudadanos que la corrupción se tomó el edificio público. Siempre tendrá miedo de perder sus posibilidades de escalar en el turbulento imperio del desfalco.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Cali, 29.01.11
