Tener herramientas jurídicas y no utilizarlas,
sobre todo por parte de quienes tienen la obligación legal de hacerlo, es como
pasearse por encima del código penal.
Colombia, país de leyes, se mueve en la esfera de los que
tienen herramientas y no las usan aunque tengan obligación jurídica de hacerlo.
Es decir, los funcionarios oficiales en Colombia
no aplican los estatutos prohibitivos que fijan sanciones a quienes agotan el
comportamiento prohibido.
Así es en todo; el mototaxismo da mucha
tela para cortar. En gran parte del territorio nacional, con ese medio
irregular de transporte, se desbordan los reglamentos de tránsito sin que nadie someta al gremio.
En regiones apartadas, esas de
permanente ausencia estatal, el servicio se presta con motocicletas robadas, y
en aquellos lugares donde los vehículos no son robados acontece que funcionan
sin seguro obligatorio, en pésimas condiciones de seguridad mecánica, y
utilizando insalubres cascos y chalecos que debieran pasar al horno crematorio
por elementales razones de aseo.
Los dueños de compraventas automotrices
sencillamente se apropiaron de los espacios públicos, sin que ninguna autoridad
los requiera para que ejerzan su comercio al interior de locales debidamente
dotados para ello. En algunos de esos establecimientos se lavan carros y se
realizan reparaciones mecánicas en plena calle y andenes públicos, con alto riesgo
para los peatones, quienes deben hacer peligrosas piruetas sobre la calzada
vehicular para que no los atropellen los agresivos conductores de toda suerte
de aparatos, que irresponsablemente se desplazan a velocidades de vértigo.
Y ni qué hablar de los curadores
urbanos; a cambio de propinas, o mediante el cobro ilegal de jugosas tajadas,
autorizan la indebida construcción de toda suerte de cambuches y cacetas para que allí funcionen negocios de
dudosa legitimidad. Aparte de que algunas zonas residenciales, destinadas a
vivienda unifamiliar, en que la mayoría de habitaciones tienen una o dos
plantas, se ven asediadas con la inverosímil
construcción de aparatosas
moles de apartamentos, desde cuyos pisos elevados se observa todo lo que suceda
al interior de las viviendas bajas y, en verdaderos paños menores, los atropellados propietarios de patios
interiores, sagrados espacios familiares, quedan sometidos a la impúdica mirada
de vecinos depravados que hasta los gravan en videos, o simplemente los
observan a mansalva durante el diario ejercicios de humanas funciones vitales.
El propio Presidente de la República
abrió plaza violando la Constitución Nacional, cuando cambió olímpicamente la
terna para que los cómplices magistrados de la Corte pudieran elegir la Fiscal
que querían. Y siguió violando la Constitución al implementar curioso mecanismo
ilegítimo para reversar afrentosa reforma a la justicia por él mismo
patrocinada.
Ante ese hiriente panorama de
violaciones directas y de omisiones indolentes no resulta raro, aunque sí
doloroso, que se haya permitido a indignos indígenas del Cauca sacar a
empellones a dignos representantes de la fuerza pública de unos territorios que
a todos los colombianos nos pertenecen.
Quiera Dios, y los operadores
judiciales competentes, que la sancionada Piedad Córdoba no pase impune con sus
nuevos graves comportamientos contra el
Estado y la Seguridad Nacional.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, julio de 2012
