La importancia de los muertos

 En esta desvencijada patria colombiana, no obstante las desigualdades y exclusiones, resulta  inadmisible que el propio Presidente de la República,  entre los habituales disparates de sus alocuciones,  resuelva establecer odiosas categorías funerarias como insólito parámetro de referencia para definir si se mantienen o suspenden las conversaciones cubanas.

 Y también es  un disparate valorar  como gesto de lealtad o de buena voluntad o de verdadero interés en la búsqueda de la paz, el cínico reclamo de autoría criminal que los narcoterroristas hacen frente a inhumanas acciones premeditadas para acrecentar el temor entre la población civil y sumarle víctimas inocentes a la contienda, a pesar de sus promesas unilaterales de tregua.

 La complaciente debilidad del mandatario ante tan injustificables conductas homicidas de los violentos  desborda los terrenos del  simple apaciguamiento.

 Está bien que se agoten las instancias del diálogo civilizado para tratar de establecer unas rutas de acercamiento a la convivencia, y está bien que se hagan sanos esfuerzos institucionales para implantar la justicia social mediante la entronización del orden, pero, por el contrario, queda muy mal el establecimiento si busca esos propósitos  a través de la complicidad con censurables violaciones a fundamentales derechos individuales y colectivos.

 Decir que el conversatorio adelantando con la cúpula delincuencial  se revienta si se ejecutan atentados contra personalidades de la vida nacional, es casi lo mismo que autorizar a los violentos para que impunemente sigan matando a quienes no ostentan tan elevada posición social.

 Esa  afirmación presidencial sencillamente legitima el  atentado contra ciudadanos del común, contra esas personas que diariamente dejan la piel en oficios y faenas humildes, en actividades sin lustre intelectual y sin rimbombancia económica, y manda el siniestro mensaje de que el exterminio de los desvalidos no conmueve a las elites gobernantes  ni altera los innombrables proyectos de la  encumbrada plutocracia.

 En cualquier país medianamente civilizado se repudian sin distinciones los  atropellos  a la integridad  de las personas y las comunidades, pero en  Colombia se necesita categoría, se requiere clase, a las víctimas se les exigen credenciales de nombradía para que su muerte violenta motive algún pronunciamiento de rechazo por parte de las agencias gubernamentales.

 Ocultar los ataques contra la fuerza pública, restarle gravedad al accionar armado de grupos al margen de la ley, guardar silencio frente al derribamiento de aeronaves en misión oficial, silenciarse ante el fusilamiento de compatriotas anónimos, no son comportamientos que permitan hablar bien del mal llamado proceso de paz.

 Mucho peor si los desmanes que el gobierno pretendía tapar terminan retadoramente reivindicados por los jefes del grupo ilegal con el que se dialoga.

 Tanto mal nos hace la inusitada suficiencia de Timochenko, que reclama para sí dudosos triunfos en su guerra contra la legitimidad del Estado, y que se atribuye falsa autoridad y  espurios derechos para sancionar disciplinariamente a sus compinches, como mal nos hace la insana tendencia presidencial a desinformar, a despistar, y adular a los bandidos, para aparentar que ejerce control sobre unas negociaciones poco promisorias, en las que los tales muertos no existen, salvo que sean importantes. 

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán 25.01.14

El beneficio de la duda

Todo proceso electoral presenta interrogantes que debe resolver el elector.

Quienes hacen proselitismo regularmente prometen lo que no se les solicita, lo innecesario, lo fatuo,  y sobre cadenas de montajes publicitarios diseñan y resuelven el futuro de los demás.

La masa sedienta y ambiciosa, huérfana de principios y valores, difusa y confusa marcha a la zaga de quien mejor pague los votos. Y los profesionales del balcón acuden a sus más refinadas piruetas para atraer y sumar.

Si nos preguntamos sobre la necesidad y efectividad del sufragio, sobre el peso específico del voto popular, sobre la incidencia de la voluntad ciudadana en la solución de profundos conflictos nacionales  y sobre la importancia que el establecimiento reconoce a las inquietudes de los electores convocados a comicios, ya tenemos suficientes razones para el desvelo.

Es probable que amanezcamos sin respuestas y que la catarata de ocurrencias incremente exponencialmente el mar de dudas.

Históricamente, por lo menos en Colombia, el discurso demagógico no cambia. Lo mismo da escuchar a la izquierda que a la derecha. Todos por igual se comprometen a lo mismo, mejorar las condiciones vitales, incrementar la inversión social, a elevar los índices de productividad, a saldar la deuda social de las clases dominantes con los sectores oprimidos, a impulsar las reformas indispensables para eliminar las desigualdades, a empoderar a los débiles, y a todas las bellezas semánticas que nuestra riqueza idiomática permite.

Pero los eternos asuntos fundamentales, las angustias esenciales de personas y comunidades, las falencias funcionales del sistema, las tropelías administrativas, las extravagancias de las élites en todas las ramas del poder público, las perversiones en el manejo y destinación del tesoro público, las investigaciones criminales que penden sobre la conducta política de modorros paquidermos uncidos al régimen, pasan de agache.

La ausencia de valor civil para la denuncia, la falta de carácter para el impulso de la averiguación, la carencia de integridad moral para el ejercicio de las competencias y la debilidad para la imposición del castigo se tornan innombrables en campaña electoral. Es como si un pacto secreto demarcara los terrenos vedados en el debate.

A los capitanes de la reivindicación social se les borra la información reciente y remota sobre las indelicadezas de sus más cercanos colaboradores, a los promotores de las candidaturas se les olvidan los latrocinios de sus candidatos, a los más oscuros exponentes de las corporaciones se les cuelgan medallas, a los vampiros del erario se les otorgan condecoraciones, a los depredadores de la riqueza nacional se les rinden homenajes y a las amaestradas huestes partidistas se les dice que hay que salir a defender la civilidad y las instituciones.

Sube el desconcierto ciudadano, crece el descontento popular, se alborota el cuchicheo en los pasillos de la burocracia, se hacen llamados a la reconciliación y al perdón, a la tolerancia  y a la solidaridad, se trastorna el significado de las palabras, se acomoda el perfil, se dora la píldora, se disimula el descalabro, y se monta la traición.

Oscuro amanecer sigue a la noche.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 19. 01.14

Queremos otro cantar

 A quienes conservamos la creencia de que las leyes se hicieron para aplicarlas y cumplirlas en igualdad de condiciones, sin prebendas ni distingos, nos resulta sorprendente que Guillermo Enrique Torres Cuéter haya cambiado tan graciosamente de condición, al supuestamente salir del calabozo que merece para integrarse a la mesa habanera como negociador.

 Claro que el gobierno Santos, desde el primer día, mostró especiales afectos por los facinerosos que durante años han azotado con sus actos terroristas campos y ciudades colombianas, pero este es un paso mas complejo e incomprensible, porque implica redimir al vencido, o lo que es lo mismo, revivir al enemigo.

 De los otros negociadores por lo menos puede decirse que tuvieron la astucia indispensable para evitar la captura,  o hicieron los torcidos necesarios  para  que no se les capturara, y en eso los bandidos son expertos, pero en el caso de Torres  la situación es distinta, porque se supone que estaba capturado y solicitado en extradición para responder ante las autoridades colombianas por gravísimas acusaciones criminales como extorsión, homicidio agravado, secuestro y desaparición forzada, lesiones personales, reclutamiento ilícito de menores, narcotráfico y desplazamiento forzado con fines terroristas.

 Tales cargos demuestran que no es muy romántico el tal "Cantante", ni mucho menos respetuoso intérprete de lo derechos humanos.

 Curioso además que un elemento criminal de tan peligrosa índole abandone territorio venezolano  suscribiendo nota de gratitud por la solidaridad que allí se le ha brindado, y entone brindis con  espirituoso fermento que le ha hecho llegar su hermano Alí, muy seguramente Alí Rodríguez, ficha clave del oprobioso socialismo del siglo XXI que oprime a Venezuela.  A la larga queda duda sobre si ciertamente el camarada "Julián Conrado" estaba preso o simplemente gozaba de la protección de Maduro y sus compinches.

 La nueva pantomima circense no se aleja mucho de otra pirueta internacionalista, de esas que el madurismo y el santismo conjugan, en la que un delincuente vinculado a las andanzas narcotraficantes de la guerrilla colombiana, conocedor como ninguno de los negocios de esa guerrilla con el finado Chávez y de los trueques con armas y con coca, el tristemente recordado Walid Makled, en lugar de ser juzgado por la justicia colombiana como correspondía, terminó irregularmente extraditado, técnicamente entregado mediante oscura negociación a la tiranía chavista, de la que muy bien conoce reconditeces y entresijos.

 Es esta otra oportunidad para insistir en que los colombianos opositores del método Santos no somos enemigos de la paz, no rechazamos la implementación de mecanismos dignos y transparentes que conduzcan a ella, como ciudadanos de bien anhelamos el fortalecimiento de la justicia social y la implantación de una democracia representativa que interprete  los sueños de libertad, equidad y solidaridad,  pero no compartimos la impunidad,  el arrodillamiento, la humillación, el apocamiento de nuestras instituciones frente a una pandilla asesina que, desde Cuba, al amparo de inmerecida inmunidad,  prosigue al mando de hordas delincuenciales que extorsionan y destruyen poblaciones, asesinan civiles y militares, reclutan menores, desplazan campesinos,  procesan y trafican coca, mientras posan como redentores del pueblo que diariamente masacran.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 11.01. 14