Cómo nos ven

 Es tiempo de tomar conciencia sobre lo que pasa con las instituciones nacionales, y tomar acciones que ningún pueblo debe postergar.

 Quienes den una buena hojeada, incluso simple ojeada  -pues distintas son una y otra-,  a los primeros capítulos de “Los orígenes del orden político” (Editorial Planeta, Colombia, 2016), obra reciente de Francis Fukuyama, encontrarán punzantes temas de preocupación frente al devenir político del hemisferio occidental, dentro de un panorama universal de percepciones que necesariamente incluyen a Colombia.

 Al paso de la lectura se constata que estamos inmersos en el puro proceso de “involución democrática” comentado en el texto, caracterizado por claro retorno al autoritarismo, sensible erosión de las instituciones y recorte de libertades. Análisis  soportado en estudios de la organización Freedom House que elabora mediciones cuantitativas sobre derechos civiles y  políticos en el mundo.

 Se dice allí que tras leve oleaje de democratización, como resultado de que millones de ciudadanos pasivos se organizaron y comenzaron a participar en la vida política de sus comunidades a partir de la década de 1990, pues tristemente vino a suceder que al comenzar el siglo XXI también comenzaron las pérdidas de beneficios democráticos, cita el autor los lamentables casos de Rusia, Venezuela e Irán, donde se desmantelaron las instituciones mediante manipulación de elecciones, control de televisión y prensa, y persecución a los movimientos opositores. Justamente lo que hoy se percibe en Colombia.

 Enseña Fukuyama que la democracia liberal debe funcionar en torno a “… una compleja serie de instituciones que restringen y regulan el ejercicio del poder mediante la ley y un sistema de mecanismos de control y equilibrio de poderes”.

 En abierta contraposición a tal planteamiento, la actualidad política colombiana muestra  características evidentemente antidemocráticas, puesto que a cambio de plantearle justas limitaciones al Ejecutivo, como debiera ser, tanto el Legislativo como el Jurisdiccional se han coaligado para defender  privilegios particulares y desusadas tendencias ideológicas, que impiden reformas estructurales necesarias para el fortalecimiento de la soberanía popular plena y consiguiente predominio de la Constitución Nacional.  

 Aquí nada ni nadie limita al Presidente y en cambio sí se le otorgan, por parte del Congreso,  absurdas facultades dictatoriales, mediante aprobación de  leyes habilitantes que la Corte Constitucional avala sin cortapisas.

 Se dice en la obra citada que, después de la caída del muro de Berlín, se asumió que todos los países transitaban hacia la democracia, pero que “ … ese paradigma de transición era una suposición injustificada y que muchas élites autoritarias  (-la mafiosa alianza colombiana es una-) no tenían ningún interés en poner en práctica instituciones democráticas que diluyesen su poder.”

 En cuanto a riesgos y peligros sí que nos dibuja como somos, y como estamos, pues asegura el politólogo que “En Colombia, México y El Salvador, el crimen organizado amenaza al propio Estado y a sus instituciones básicas, y la incapacidad de abordar eficazmente esos problemas ha socavado la legitimidad de la democracia.”

 Conste por hoy que semejantes cosas no las dicen ni el uribismo ni el Procurador Ordóñez, las dice un gurú de la historia contemporánea.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 31.07.16

Peligros del sí

 Característica de gobiernos melifluos  es no solucionar nada a tiempo, ni de fondo, ni por parejo, y viven dispuestos a que los apuren por la fuerza. En el intento de aparentar eficiencia quedan a medias en la toma de decisiones fundamentales. Generan inequidad y desigualdad de tratamiento ante la ley, y debilitan el Estado de Derecho en lugar de fortalecerlo.

 Los ciudadanos acusan necesidades insatisfechas lentamente agudizadas por la mediocridad gubernamental, y  todos finalmente acuden a la protesta callejera para que alguna comisión de altísimo nivel se digne oírlos.

 Daño hacen gobiernos poco serios, y este sí que lo es. Dilatan pero no resuelven, discriminan en lugar de nivelar, abultan fortunas ilícitas en desmedro de las lícitas, adjudican contratos de favor a sus áulicos, criminalizan a quienes los censuran,  conceden ventajas judiciales a delincuentes, y recortan conquistas a quienes las obtuvieron legalmente. Olvidan que para implantar justicia social se requieren raseros universales. Todo y todos bajo la misma ley.

 Pero aquí imperan los acuerdos coyunturales. Por eso los indios aprendieron a bloquear carreteras y a  obstaculizar el funcionamiento de complejos industriales, a sabiendas de que en vísperas electorales la colmena tiene miel.

 Los maestros acostumbran pedir aumentos salariales y el inextinguible botín de la salud cuando se aproximan elecciones, así lograron llenar los bolsillos para reelegir a Santos en el 2014  y otro tanto lograrán para aprobar el plebiscito del 2016.

 Los camioneros consiguieron seguir operando carromatos obsoletos, porque el régimen necesita cuadrar votos para enfrentar la aventura plebiscitaria. Esto sin contar que a los frentes cocaleros les redujeron la persecución oficial para que los capos se sentaran en Cuba, y a los milicianos les facilitarán pedagógico porte de armas para escoltar a sus patrones durante la miedosa campaña en que pretenden obtener respaldos para refrendar la impunidad.

 Cuando la estructura estatal está concebida para salvaguardar vida, honra y bienes de todos los asociados, y las autoridades legítimamente constituidas  tienen como deber garantizar eficaz funcionamiento de las instituciones, no se debiera permitir que grupos empoderados al margen de la ley ejecuten conductas delincuenciales para atropellar derechos de terceros y menguar bienes jurídicamente tutelados.

Con sensible cercenamiento del umbral electoral e insólito desmantelamiento del principio de soberanía popular plena, no solo se facilita la aprobación de una decisión presidencial por parte de pequeñas minorías electorales sino que se  abren las puertas a la ilegitimidad del resultado que arroje el plebiscito, y peligrosamente puede iniciarse un nuevo enfrentamiento nacional que dure tanto o más que los anteriores.

 Hasta hoy no marcha bien la democracia colombiana, no se respetan las garantías ciudadanas, ni se observan a plenitud las normas constitucionales.

Si el oficialismo gobernante mantiene su postura dictatorial y se ampara en el resultado positivo para perseguir opositores del proceso, a quienes desde antiguo califica como enemigos de la paz, no habrá  paz posible. Lo grave es que la persecución se convino en los acuerdos conocidos.

Gustavo Álvarez Gardeazábal, en “El Jodario”, advirtió  la existencia del tenebroso párrafo, Ojalá Santos tenga juicio para desactivar ese entuerto.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 23.07.18

El reencauche del conflicto

Impensable hace una década que Colombia llegara al desbarajuste institucional y a la inestabilidad jurídica en que hoy está.

 Pocas cosas  funcionan como es debido, conforme a los procedimientos, o como manda la Constitución, y a dicho tremedal condujo el régimen actual en delirante empeño de disimular acciones jurídica y moralmente repudiables.

 Quienes a ojo cerrado defienden las torcidas arengas, las torpes manipulaciones, y los impúdicos recados del mandatario hacia funcionarios estatales que tienen como supremo encargo defender la integridad de la Constitución, se atrincheran en la paz como callejera consigna populista, pero nunca como estado ideal del espíritu humano. Usan la paz como rústico instrumento de maniobra social, mas no como regla ética que genere convivencia mediante inconcuso respeto a principios superiores.

 En normales condiciones de equilibrio emocional es apenas lógico que las personas respetuosas del ordenamiento legal, los colombianos de bien para ser precisos y concretos, anhelemos esa particular condición de apaciguamiento que serena los ímpetus, nada mejor habría de disfrutarse si el ambiente gubernamental fuera propicio, pero no lo es, por el contrario se observa enrarecido y corrupto.

 Este país que tuvo arrinconados a los promotores del desorden público, que les redujo significativamente los campos de cultivos ilegales, que alcanzó a mostrarles a nuevas generaciones unas vías legítimas para crecer económicamente y superar la pobreza material mediante necesario abandono de ilicitudes y violencias de cualquier naturaleza, vuelve a hundirse en malsanas frondas de raigambre mafiosa.

 No terminan de limpiarse los bigotes todos los tragones usufructuarios del reparto presupuestal, que bien pagos pregonan irreales estadios de postconflicto, cuando ya emergen fortalecidas y desafiantes prósperas organizaciones criminales de las que vocinglera fanaticada gobiernista inútilmente intenta ocultar el origen, que es el mismo de los tiempos de Samper, la intromisión del narcotráfico en altas esferas de los  poderes establecidos.

 A ningún mandatario cuerdo y serio se le puede ocurrir que el crimen se combata dejando de combatir sus fuentes de financiación. Si algo les duele a mafias de todo genero es el bolsillo, porque lo que ellas buscan es incrementar demencialmente sus fortunas insultantes,  y sólo es posible menguarlas y aniquilarlas si se les controla y reduce el nivel de utilidades monetarias. Pero al gobierno y sus asesores se les antojó suspender fumigaciones y necesariamente crecieron las plantaciones y el tráfico de narcóticos.

 Obesos multimillonarios enriquecidos al margen de la ley, que se muestran dispuestos a firmar la falsa paz de Santos, lo hacen cansados de atiborrar sus arcas. Los muy aburguesados pretenden jubilarse y disfrutar inmerecidos reconocimientos. Hartos de asesinar, subvertir, pervertir y traficar, parece que aparte de devengar como legisladores también se aprestan a que las tropas de la patria desfilen ante ellos y les rindan honores militares.

 Candidato a enjuiciamiento criminal por traición a la patria resultará  el mandatario  si facilita tan deshonrosa pantomima, mucho más cuando empedernidos delincuentes, genéticamente afines a los que anuncian retiro,  reciben la posta,  heredan territorios  y fundamentalmente  instrucciones inamovibles para demoler el Estado.

 Crecen los peligros ahora que el narcotráfico puede asumir apariencia medicinal.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 17.07.16