Nos aniquila la corrupción. A diario tropezamos con evidente ausencia de
valores, que hace del servicio público inagotable fuente de enriquecimiento
ilícito y de la coherencia institucional
una quimera.
Entre tantos estamentos que integran nuestra
estructura constitucional, ningunos debieran caracterizarse más, por la
necesaria trasparencia de sus actuaciones, que la Administración de Justicia y
las Fuerzas Militares; estas por algo que es de su esencia, el espíritu de
cuerpo, ese noble sentido de hermandad que en el combate fortalece, en el dolor
estimula, y en el triunfo gratifica; y aquella por ser guardiana del orden
jurídico.
Que a un soldado, cualquiera que fuere su
jerarquía porque el título de soldado a todos los enaltece, se le niegue la
atención médica, la indemnización oportuna, el sueldo de militar activo o en
uso de retiro, o cualquier emolumento lícito al que por ley o reglamento tenga
derecho, es algo que debe concitar rechazo ciudadano. Al soldado que arriesga
su integridad personal, la tranquilidad familiar, y que muestra permanente
disposición a ofrendar la vida en defensa del orden público, no se le puede
menguar ni discutir ninguno de sus derechos a vida digna, tratamiento médico
adecuado, terapia integral, e indemnización justa.
Por ello desconcierta que, entre compañeros, se destruya el talante
solidario y justiciero de propiciar el acceso a reconocimientos monetarios en
cabales condiciones de igualdad, guardadas, claro está, lógicas equivalencias
entre la especialización y responsabilidad de los cargos
con la legítima retribución que
por su ejercicio se percibe.
Lamentable la noticia sobre capturas
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, bajo cargos de concierto para
delinquir, fraude procesal, falsedad documental, entre otros, para disimular probables
favorecimientos ilícitos, generar mayores desembolsos y reconocer derechos
inexistentes a varios miembros de las Fuerzas Armadas ya retirados del
servicio.
Repudiable que entre los investigados figuren
oficiales de alta graduación, médicos y abogados, profesionales, todos, que en
las actuales críticas circunstancias del país debieran marcar ejemplares hitos
de ética pública.
Reídos estarán los facinerosos que desde Cuba
ordenaron masacrar a valerosos combatientes inmisericordemente abandonados a su
suerte, por arte y gracia del pendejismo presidencial.
Satisfechos celebrarán los cabecillas
guerrilleros la desorientación y desmoralización que ostensiblemente crecen al
interior de las fuerzas regulares, y que a los efectivos estatales se les expusiera
sin justificación estratégica ninguna al incesante fuego enemigo, proveniente
de armas convencionales y artefactos explosivos de fabricación artesanal,
mientras se les negó indispensable refuerzo aéreo, antes y durante la acción
homicida agotada en el norte del Cauca, en las martirizadas vecindades del
Naya.
Complacidos brindarán por el triunfo que para
la guerrilla significa ver tras las rejas a muchos militares de carrera,
mientras ellos, una pandilla irregularmente uniformada, se resisten a redimir
las condenas que la cuestionada justicia colombiana les ha impuesto.
Felices dispararán en ráfaga su salva de
improperios contra la sociedad y el Estado colombianos, ahora que la
desparpajada Corte Suprema de Justicia acaba de absolver a "Márquez"
y "Timochenko" por la inhumana conducta de reclutar menores para las
delincuencias presentes y para las del terrorífico postconflicto.
Miguel Antonio Velasco
Cuevas
Popayán, 26.04.14
