En hora 20, el pasado miércoles 12 de febrero,
Clara López y Simón Gaviria nos contaron que conocen información privilegiada
sobre los hallazgos de la Fiscalía durante allanamientos a la inteligencia
militar.
Se cuidaron muy bien de revelar la fuente
informativa. Cuando la periodista Diana Calderón pidió profundizar sobre el origen
de semejante anuncio sólo se oyó el profundo ¡uffff! ... de Simoncito, en
manifiesto reconocimiento de que él y doña Clara la estaban embarrando. Fuentes
de alta fidelidad terminaron diciendo, y allí paró la cosa.
Ante la audiencia de ese programa de opinión,
quedó clarísimo que mientras la Fiscalía hurga en los secretos archivos de
"Andrómeda", las colectividades políticas que esas personalidades
dirigen, Polo Democrático y Partido Liberal, hurgan en los archivos secretos de la Fiscalía.
Si las cosas son así, tal como siempre han
sido, pues una vez más queda demostrado que el sistema penal oral acusatorio es
un fracaso.
No hay derecho que ampare semejante conocimiento.
En términos cabales, a estas alturas de la indagación ningún particular está
justificado para conocer, tal como ellos dijeron que conocen, la cantidad de carpetas o expedientes
encontrados durante el registro, ni mucho menos saber, con semejante precisión,
cuántas de tales carpetas corresponden al supuesto seguimiento a esos partidos
y a sus militantes.
Hasta donde se sabe, en la fecha de ese
programa radial, dentro del caso "Andrómeda" no se había realizado
audiencia de imputación contra ninguna persona presuntamente responsable de
incurrir en conductas tipificadas como delito por nuestro Código Penal.
En otras palabras, por ahora, la información
que la Fiscalía tenga debe estar bajo cadena de custodia, medida procesal que
sólo se rompe en el momento en que se haga el descubrimiento de las pruebas con
que cuenta la Fiscalía, uno de los requisitos formales de la acusación.
No hemos abandonado, entonces, las viejas épocas en que el público compraba en los semáforos las reproducciones fotostáticas de indagatorias judiciales que se acababan de
practicar y que tenían carácter reservado.
No se ha depurado el personal de los
organismos investigativos, algunos de cuyos servidores continúan revelando las
intimidades, los documentos reservados de las indagaciones criminales, ni se
desvirtúan las apreciaciones del actual Ministro Gómez Méndez, quien también fue
Fiscal General de la Nación y no cree en la eficacia del sistema acusatorio
beligerantemente defendido por el Fiscal Montealegre.
No hay seriedad institucional en Colombia. Aparte de las excesivas garantías con que permanentemente
se beneficia a la delincuencia organizada, venimos a notificarnos de que la
administración de justicia continúa
permeada por la anarquía y que somos peligrosamente vulnerables en
circunstancias que arriesgan la estabilidad democrática.
Ante tales noticias sólo nos queda saber la
verdad sobre el color de la mano en que nos encontramos.
Si el establecimiento rastrea a sus propios
aliados, y si sus aliados rastrean al establecimiento, lo único que nos falta
es el anuncio oficial sobre la existencia de un nuevo orden nacional, impuesto
desde Cuba, en el que los ciudadanos colombianos, como les ocurre a los
venezolanos, perdamos hasta el derecho a la protesta.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, 13.02.14
