Mal le ha ido a Colombia con los Fiscales
Generales de la Nación. Y la falla no es de la harto deformada Constitución del
91, sino de la maldita politiquería, y de la corrupción atrincherada en la rama
judicial del poder, convertida hoy en altavoz
de nefandos intereses, en apéndice servil, en grotesca parodia que mancilla la
ciencia del derecho y los fines superiores de la justicia.
No es suficiente que las instituciones y las
funciones a ellas atribuidas propendan por el mantenimiento de nobles equilibrios
sociales, económicos y políticos. Es necesario que quienes a ellas llegan para
dirigirlas, estructurarlas y operarlas, piensen en servirlas y honrarlas, en aprestigiarlas
y fortalecerlas, en blindarlas como centros de autoridad, y como concreciones de
la majestad de la República.
Flacos favores le hizo este saliente fiscal
Montealegre al Estado social de derecho, a la República unitaria y democrática,
y a la prevalencia del interés general, que es de lo que nos habla la Norma
Fundamental.
A él, como a casi todos sus antecesores, lo
inspiraron mezquinos intereses individuales y turbadores sesgos ideológicos,
respetables tal vez, pero pésimos compañeros del equilibrado investigador y del
imparcial administrador de justicia que la investidura demanda.
La torpe arrogancia de que hace gala; la minusvalía
política en que declara al pueblo, que es la base indiscutible del poder y sustento
real de la civilidad; la impúdica contratación a que se dedicó; el insano
poderío burocrático que ostentó; el
ánimo pendenciero y retador, el tono amenazante, y sus malos intentos de
convocatoria a la desobediencia, contrastan tristemente con su ostensible ineptitud
para esclarecer aterradores hechos punibles que afectan la subsistencia del
Estado y el clima de serena convivencia nacional.
La parsimonia institucional para investigar crímenes
de la farcpolítica, y el negro parche profesional de Saludcoop, empequeñecen la
imagen del jurista que el país reclamaba como Fiscal, y alargan la tenebrosa sombra
del tinterillo indolente que con olvidos anestesia la sensibilidad de las victimas,
y por jugosos honorarios asesora en la
burla de los enfermos.
Ideal sería que al codiciado cargo aspiren personas que vengan de la Academia y tengan
como meta regresar a ella. Que quienes consientan que los incluyan en la terna sepan que no son
relleno ni compinches de una elección amañada, que tengan suficiencia jurídica para
servir a la patria y a la sociedad con rectitud, equidad y sabiduría. Es necesario, casi indispensable, que el
elegido no salga de oscuros conciliábulos
aburguesados, ni de directorios, ni de sindicatos judiciales, o de convenios burocráticos
con el legislativo, con el ejecutivo, o con la Corte que lo elige.
Colombia necesita un Fiscal General de la
Nación intelectualmente formado en las canteras del derecho penal, que traiga
el alma despojada de rencillas políticas, figuraciones publicitarias, maquinaciones contractuales, ambiciones
electorales y apetitos diplomáticos, que juegue su prestigio y su honor en
guarda del debido proceso, de la lealtad probatoria, del derecho a la defensa
de imputados y acusados, y de los ineludibles derechos de las víctimas de todas
las violencias a recibir justa y oportuna reparación.
Miguel
Antonio Velasco Cuevas
Popayán,
27.03.16
