Habitada
por multitud de etnias antes y después de la conquista, y poblada por profusa
mezcla de razas que seguimos incubando a los quinientos años del descubrimiento,
Colombia es multicultural. Esta característica no es invento ni concesión
graciosa de los constituyentes, es un hecho histórico incontrovertible.
Esa polifacética
marca social, lejos de fraccionarnos debiera cohesionarnos en la búsqueda de
propósitos comunes, republicanos, libertarios y democráticos.
Pero no
es así, fundamentalmente porque ciertos anarquistas, mediante la convocatoria a
desconocer e irrespetar el orden
general, y con el vandálico recurso de atropellar bienes ajenos, públicos y
privados, terminan desvirtuando el precepto constitucional que reconoce igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para todos, así nos diferenciemos
por el color de la piel, la figura corporal, el origen territorial o la
capacidad intelectual.
Esa igualdad
de derechos legales implica correlativa igualdad de obligaciones, y allí es donde los aviesos impulsores del caos,
carentes de argumentos dialécticos, resultan causando daños irreparables a la
sociedad.
Los
caucanos estamos en mora de reclamar y protestar frente a la reiterada táctica indígena
de acogerse al asistencialismo populista del sistema político nacional para exigir
y recibir ventajas, pero no para cumplir
las normas constitucionales que los demás ciudadanos sí acatamos.
Los
cabildos indígenas del Cauca, convertidos en verdaderos focos de desorden
público, también están obligados a respetar el ordenamiento constitucional, la
organización administrativa y los derechos civiles de los otros ciudadanos
residentes en toda la región suroccidental colombiana.
Estamos
de acuerdo en exigir seriedad al gobierno nacional y a sus voceros
para que no se sigan haciendo ofrecimientos oficiales de imposible
cumplimiento, y en que las conversaciones
cursen dentro de la sinceridad y lealtad necesarias para facilitar que esas
indómitas comunidades se integren a una dinámica productiva que nos beneficie a
todos.
Tan
ciudadanos colombianos son ellos como lo somos nosotros, y así como algunos lo
tenemos entendido, también los demás lo deben entender.
Los
pactos que el gobierno nacional haga con algunos sectores de la sociedad, en cualquier tiempo y
circunstancias, deben implementarse dentro de la plena vigencia del orden constitucional,
para ello se hace indispensable la acción oportuna de la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Contralorías, y también de la Fiscalía
General de la Nación, porque no se
pueden quedar en la impunidad flagrantes violaciones a los derechos humanos de
los agentes del orden, a quienes sencillamente secuestran, sin que ninguna otra
calificación jurídica pueda darse a la ilegítima privación de libertad que los grupos manifestantes
imponen a dichos servidores públicos.
Además al
interior de los territorios de indios también deben erradicarse los cultivos
ilícitos tal como se hace por fuera de ellos. Permitirles conservar
plantaciones de coca y amapola, como sucede, en cantidades abiertamente superiores a las requeridas para
usos tradicionales, los está transformando en directos proveedores
de materia prima para el procesamiento y tráfico de narcóticos, en franca contradicción
con sus costumbres ancestrales que en nada pueden parecerse al arbitrario
comportamiento de bandas criminales y organizaciones al margen de la ley.
Miguel
Antonio Velasco Cuevas
Popayán,
21.10.13
