Es compleja y de difícil
comprensión la problemática socio política colombiana, en cuyo panorama
sobresalen habilidosos negociantes que con sus apetitos, individualismos y
particulares conveniencias, se juegan a fondo por el control de la contratación
estatal y el manejo general del aparato administrativo, aunque para concretar
sus ambiciones dejen en la estera a la Nación.
Tal parece que los intereses colectivos
ya no cuentan. Para los depredadores de las arcas oficiales da lo mismo comenzar y proseguir la construcción de un túnel que ordenar
la suspensión de la obra; respetar la
destinación de predios adquiridos para construir una vía prioritaria que convertirlos
en lotes multipropósito; entregarle los espacios de televisión al periodismo
responsable o a la academia que ponerlos al servicio de la anarquía; investigar
y sancionar a funcionarios deshonestos que permitirles el uso y abuso de sus pequeñas
parcelas de poder.
Ahora es normal que nocivos personajes de la vida pública, de esos que
debieran estar en prisión o cabalmente impedidos para gestionar asuntos de
Estado, sigan orondos y campantes en los despachos oficiales, o marquen pautas
oscuras y enrarecidas sendas a los
testaferros que allí los representan.
La nefanda radiografía del Estado no es nueva ni parece producir angustia,
y eso es lo que convoca a la reflexión, porque si no está bien que el
diagnóstico siga siendo malo y de pronóstico reservado, mucho peor es que al
paciente se le nieguen los antibióticos.
Una sociedad desinteresada y muda, que no se sorprende frente al
desorden ni se interesa por combatirlo, es una sociedad enferma.
No es serio decirle al país que una obra en plena ejecución, como acaba
de suceder con el Túnel de Oriente, que reduciría el tiempo de viaje entre
Medellín y el Aeropuerto de Rionegro, ha sido suspendida mientras se verifica
si su culminación no genera daños ambientales; tampoco es serio desestimar el impacto urbanístico y de movilidad, que sufriría Bogotá, si se
modifica radicalmente el proyecto vial de la Autopista Longitudinal del
Occidente, durante tantos años esperada.
A ciertos mandatarios regionales les hace falta desentrañar el legítimo sentido
de pertenencia que los colombianos tienen frente a importantes obras públicas
nacionales, aunque estas se adelanten en
reducidos espacios de las comarcas que ellos gobiernan.
Fundamentalmente deben entender los efectos generales de las condenas
indemnizatorias, que por fallas o
errores de la Administración, o por caprichos de los elegidos, pagan todos los
electores.
Aunque algunos ciudadanos se conforman con pensar que el Estado puede
repetir contra los operadores administrativos causantes del error, la
falla o la condena, en la vida real es
imposible que un particular, el funcionario o ex funcionario promotor del estropicio,
responda con su patrimonio por
detrimentos económicos gigantescos en donde los puros costos de la
suspensión, para el caso Medellín, se tasan en miles de millones de pesos al
día.
Lo que se necesita es seriedad y pulcritud
en el manejo de la cosa pública, sobre todo ahora cuando las demandas contra el
Estado, por 1.000 billones de pesos, lo tienen al borde de la quiebra.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán 29.01.12
