Siempre se dice que la
costumbre hace ley. Aunque, dados los
avances del constitucionalismo, hoy no debiera acudirse con mucha frecuencia a
semejante fuente normativa del comportamiento social. Lo consuetudinario no es
malo en sí, pero jurídicamente resulta
reprochable que empleados estatales, obligados por ley a respetar el derecho
positivo, como alegres comadres hagan eco al barullo de quienes trajinan la
ilicitud.
Tales equivocaciones, –para otorgar el beneficio de la duda
--, no son tan nuevas ni tan admisibles,
sobre todo si se piensa en el fuero de quienes han incurrido en ellas.
No está muy lejano el dislate
interpretativo del aparato judicial, que desestimó como prueba el contenido de discos duros y adminículos de
memoria encontrados en el campamento terrorista de alias Raúl Reyes, en los que
a ojos de la comunidad internacional y nacional
se evidenció la alianza entre facciosos y conocidos dirigentes políticos
colombianos. Alianza que sigue pendiente de investigación y sanción.
Ni lejano está el
despropósito agenciado por el Presidente Santos, que sin justificación constitucional alguna, y sólo
para satisfacer caprichos de astutos magistrados, olímpicamente cambió la terna
para elección de Fiscal General de la Nación, cambio que resultó dañoso para la
credibilidad del sistema judicial por cuanto la elegida y su cónyuge habían asistido a cumbres del
paramilitarismo.
Y así, de vulneración en
vulneración del orden legítimo, hemos asistido a otros espectáculos, no tan
circenses sino más vale trágicos y vergonzosos para el establecimiento.
Que el Presidente, en campaña
reeleccionista y en busca de premios internacionales, cope pantallas, utilice
micrófonos y se disfrace de pueblo para animar la platea no es raro. Esa es su
vocación, montar tinglados y actuar en sainetes.
Pero que el Fiscal General;
el más encumbrado investigador judicial, encargado de acopiar elementos
probatorios para imputar a los delincuentes conductas violatorias del
ordenamiento punitivo, competente para solicitar medidas de aseguramiento que
les impidan seguir atropellando a sus víctimas, señalado por la Constitución
para acusarlos en juicio público y demandar, a nombre de los ofendidos,
sanciones ejemplares contra los victimarios;
se deje utilizar y salga a las calles a lanzar arengas plenas de
significado prejuicioso, es comportamiento desbordado.
En ningún Estado respetuoso del
ordenamiento legal, amante del orden, promotor de la justicia y comprometido
con la humanidad a salvaguardar la integridad personal, la vida, honra y bienes
de sus asociados, puede admitirse, ni como norma ni como costumbre, que el
funcionario constitucionalmente investido para adelantar el ejercicio de la
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito, olvide, así sea momentáneamente, la dimensión de su investidura, y
pretendiendo comportarse como ciudadano masa, permita que su misión
institucional coexista, se mezcle o se confunda con las proclamas de una
manifestación financiada por quienes ambicionan el poder mediante la acción
armada.
No señor Fiscal, usted no es
masa popular, usted pertenece a encumbrada jerarquía éticamente impedida para
agitar a las multitudes.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán 12.04.13
