Es inexplicable el silencio de la representación política del Cauca, Senadores y Representantes, frente al palpable desmoronamiento de la seguridad que por varios años permitió regresar a los campos y disfrutar sus bondades.
Hace meses, no pocos, ha vuelto a sentirse la presión de los grupos delincuenciales contra toda forma de actividad lícita en las áreas rurales.
Quienes tenemos trato y diálogo con campesinos de siempre, con cafeteros tradicionales, con ganaderos, con transportadores, con abastecedores, tenderos, negociantes independientes y hasta con funcionarios públicos que atienden población campesina, miramos con sorpresa que nada se diga por los voceros del pueblo, en pro de soluciones oportunas y de acciones eficaces que impidan el empoderamiento del crimen en municipios muy cercanos a Popayán.
Las campañas electorales de todos los partidos comienzan a despertar sus huestes, a engrasar el aparato estatal para que aparente presencia en donde las necesidades de siempre sólo se atienden en procura del voto; pero ningún partido, ningún directorio, ningún representante de las colectividades viejas y nuevas parece interpretar la calamidad que se cierne sobre el departamento.
Algunos alcaldes, festivos ellos, pretenden desvirtuar la zozobra que muestran sus gobernados diciendo que en sus municipios nada pasa, sin aclarar que ellos, los alcaldes, no permanecen, no viven con las comunidades que los eligieron y errantes andan, en reuniones de todo género, menos en las que interesan a la protección de la paz y la tranquilidad en sus territorios.
Si no lo hacen los obligados a buscar respuestas ante el gobierno central, ante la fuerza pública, ante los organismos investigadores y garantes de la estabilidad y la tranquilidad social, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, ¿cuál entonces es el camino que le queda al Cauca para impedir el avance del crimen organizado?
El repudiable asesinato de estudiantes en el departamento de Córdoba, que saca a flote otros episodios de violencia no publicitados antes, pero sí conocidos y lamentados por la sociedad cordobesa, es punto de giro para que la colectividad caucana, unida y abigarrada en torno a sus más preciados intereses, la vida, la paz, la propiedad, enarbole sus banderas solidarias y reclame con presteza la atención necesaria, para que el Estado colombiano ponga trinchera y fije políticas de combate permanente contra bandas armadas, que pretenden controlar territorios y demarcar espacios para el deliberado propósito de incrementar sus cultivos ilícitos y sumir la comarca en la pobreza y el dolor.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán 17 de enero de 2011
(Artículo publicado en "El Liberal" de Popayán -Página Editorial, Columnista Invitado- el 25.01.11)
Hace meses, no pocos, ha vuelto a sentirse la presión de los grupos delincuenciales contra toda forma de actividad lícita en las áreas rurales.
Quienes tenemos trato y diálogo con campesinos de siempre, con cafeteros tradicionales, con ganaderos, con transportadores, con abastecedores, tenderos, negociantes independientes y hasta con funcionarios públicos que atienden población campesina, miramos con sorpresa que nada se diga por los voceros del pueblo, en pro de soluciones oportunas y de acciones eficaces que impidan el empoderamiento del crimen en municipios muy cercanos a Popayán.
Las campañas electorales de todos los partidos comienzan a despertar sus huestes, a engrasar el aparato estatal para que aparente presencia en donde las necesidades de siempre sólo se atienden en procura del voto; pero ningún partido, ningún directorio, ningún representante de las colectividades viejas y nuevas parece interpretar la calamidad que se cierne sobre el departamento.
Algunos alcaldes, festivos ellos, pretenden desvirtuar la zozobra que muestran sus gobernados diciendo que en sus municipios nada pasa, sin aclarar que ellos, los alcaldes, no permanecen, no viven con las comunidades que los eligieron y errantes andan, en reuniones de todo género, menos en las que interesan a la protección de la paz y la tranquilidad en sus territorios.
Si no lo hacen los obligados a buscar respuestas ante el gobierno central, ante la fuerza pública, ante los organismos investigadores y garantes de la estabilidad y la tranquilidad social, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, ¿cuál entonces es el camino que le queda al Cauca para impedir el avance del crimen organizado?
El repudiable asesinato de estudiantes en el departamento de Córdoba, que saca a flote otros episodios de violencia no publicitados antes, pero sí conocidos y lamentados por la sociedad cordobesa, es punto de giro para que la colectividad caucana, unida y abigarrada en torno a sus más preciados intereses, la vida, la paz, la propiedad, enarbole sus banderas solidarias y reclame con presteza la atención necesaria, para que el Estado colombiano ponga trinchera y fije políticas de combate permanente contra bandas armadas, que pretenden controlar territorios y demarcar espacios para el deliberado propósito de incrementar sus cultivos ilícitos y sumir la comarca en la pobreza y el dolor.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán 17 de enero de 2011
(Artículo publicado en "El Liberal" de Popayán -Página Editorial, Columnista Invitado- el 25.01.11)
