Farragosa la carta de intenciones que las
familias de Santos y "Tirofijo"
dieron a luz en Cuba.
Documento profuso que, en aras de sana
convivencia política y necesaria corrección idiomática, debió tamizarse y hacerse menos prolijo.
Como mensaje jurídico informativo al pueblo raso, que con esa finalidad debió difundirse,
pudo limpiarse de demagogia, para facilitar su comprensión a comunidades que escasamente saben leer, y difícilmente desbrozarán la carga de
profundidad que lo satura, máxime cuando será sometido a plebiscito.
Las circunstancias que rodean tal certamen
electoral, su proximidad y la densa sustitución constitucional que conlleva, harán
que los colombianos voten por algo desconocido en su letra y alcances.
Repetitivo el texto, contiene largos recordatorios
del universo ciudadano que experimentará y sufrirá espurios desplazamientos de
Normas Fundamentales y competencias procesales. Fatiga con esa cantaleta
incluyente que feminiza la terminología convencionalmente masculina, e impone
una semántica poco legal.
Pero el engaño no está en la cáscara sino en
la almendra. De nada sirven propósitos de enmienda, cuando la tendencia guerrillera
marcha en contravía.
Hablan de una justicia que no propician y de
antemano eluden. No hay en el horizonte penas privativas de la libertad para la
chusma, y aunque ese sapo es digerible, no lo es tanto cuando se intuye que la
comandancia tampoco irá a prisión. La ausencia física de cabecillas en diversos
escenarios criminales, muchos extraordinariamente inhumanos, los libera de
responsabilidad penal.
Pulula un sonsonete formal de reparación que no
encuentra respaldo en declaraciones públicas de negociadores guerrilleros. De
dientes para afuera dicen que repararán víctimas, pero frecuentemente anuncian que su organización ilegal no tiene
dinero. Así navegamos en un mar de promesas para encallar en los arrecifes del conejo.
Mientras el Estado, por intermedio de
organismos competentes, no se aplique a ocupar bienes y congelar fondos
controlados por testaferros de los terroristas, las víctimas quedarán en mera ilusión
de recaudar reparaciones efectivas.
Peor aún, y supremamente peligroso, es que la
promesa de dejar las armas no comprende limpia voluntad de entregarlas.
Mucha diferencia existe entre dejación, que
ellos equiparan a encaletamiento en
lugares de su confianza, y la necesaria entrega incondicional de material
bélico, si es que de buena fe estuvieran en este enredado proceso de paz.
Imposible que florezca la paz cuando los
armados ilegales, desalmados gestores del desangre, montan tribunales a su
gusto y medida, mutan penas por leves sanciones, trazan procedimientos
dirigidos a la absolución y la impunidad, ingenian restricción de
libertades en amplios territorios de
puertas abiertas para ellos pero cerradas para las instituciones, instituyen
reparaciones inanes, y se reservan la potestad de reactivar sus arsenales.
Y para colmo de males arriesgamos caer en la
enredadera de Baltazar Garzón, convicto por corrupción, y en la de su jauría internacional
de burocrática pelambre. En el Tribunal para la paz, que estará por encima del
sistema judicial ordinario, y sentará jurisprudencia, si es que en el plebiscito no imponemos el NO, obligatoriamente van a
devengar cuatro magistrados extranjeros, y las comisiones que sea necesario
integrar incluirán jueces extranjeros. ¡Vade retro! juristas colombianos.
Miguel Antonio Velasco
Cuevas
Popayán, 20.12.15
