No es que no comprendamos la política, no. Lo
que sucede es que los empresarios del sufragio, que viven de la contabilidad electoral
y se lucran del patrimonio colectivo, amparados en desordenes éticos de los
individuos que integran algunas instituciones, y en la inercia clientelista del electorado,
perturban la correcta utilización de valiosas herramientas jurídicas consagradas
en pro de inmaculada participación democrática.
La Constitución vigente teóricamente abarca un
conjunto de intenciones saludables, si es que nos atenemos al espíritu del texto
aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, esa misma que al arrogarse
funciones derogatorias que no tenía, cambió los fundamentos de la vieja República
Unitaria regenerada por don Rafael Núñez.
Es verdad que de buena gana aceptamos el
raponazo, el pueblo colombiano acogió la Constitución de 1991, y puso sus
esperanzas en un supuesto Estado de Derecho que hasta hoy no ha empezado a
funcionar.
Cuando apenas intentábamos conocer la nueva
Carta ya se perfilaban compulsivos afanes por desfigurarla. Antes de que la
entendiéramos y asimiláramos como producto
del reposado análisis que ella y sus novísimas instituciones exigían, algunos
vivarachos integrantes de la Corte Constitucional, en pésimo abuso del prestigio
académico que la sociedad les reconocía, coludidos con calculadoras elites políticas,
en lugar de guardar la integridad y
supremacía de la Constitución, que era lo que correspondía, se dieron a la
tarea de acomodarla a sus particulares credos y ambiciones.
Incluso algunos, que ojalá de su agnosticismo gocen,
atropellaron fronteras que las atribuciones
jurisdiccionales les demarcaban, y al
usurpar ajena actividad legislativa se convirtieron en verdaderos depredadores
de principios fundamentales que estaban obligados a preservar.
En medio de esos desbarajustes, originados y
auspiciados por la Corte Constitucional, no resulta extraño que ahora
naufraguemos en tormentoso oleaje de cierta legislación acomodaticia, dúctil y
maleable, que a ratos va y a ratos viene.
Y, sobre todo, no es raro que la predicada
independencia de poderes se quedara en eso, en prédica, para derivar hacia un
establecimiento amorfo y escurridizo, en que el Poder Legislativo se postra de
hinojos ante el prepotente Ejecutivo, y el Poder Judicial se entrega licencioso
a los bajos menesteres de la argucia electorera.
A estas alturas del siglo XXI seguimos sin definir
el rumbo. No hemos logrado un régimen judicial serio y honorable; carecemos de
un Congreso respetable; el Presidente, con toda suerte de artificios y
aterciopelados vocablos, desdibuja las
precisas funciones de la Fuerza Pública;
y los "Partidos Políticos", que más parecen fructíferos consorcios
contractuales, montan inexplicables alianzas, convenios y adhesiones en que nada
pesa lo que la militancia quiere.
Si el pueblo, si los ciudadanos de la base,
nos tomamos el respiro necesario para probar y demostrar que tenemos poder, sólo
se necesita votar en blanco, sólo eso,
pero copiosamente, eso sí, para obtener la mayoría del total de los votos
válidos, y forzar la repetición de la próxima votación con nuevos distintos
candidatos.
Ejerzamos el verdadero libre derecho a elegir
y ser elegidos, derrotemos la máquina mafiosa y evitemos que vuelvan y sigan gobernando quienes nunca
debieron gobernar.
Miguel Antonio Velasco
Cuevas
Popayán, 19.07.15
