¿Partidos con dueños?

 Hace varios años, por razón de sus capacidades y ejecutorias, existe la convicción de que al Cauca le iría supremamente bien si llegara a gobernarlo un joven honesto y académicamente estructurado para la administración pública, desligado además de todas esas vergonzosas historias de rapiña presupuestal y peripecias burocráticas en que el departamento naufraga.

 Cuando en Popayán no se oyen cosas escabrosas sobre lo que se ha hecho con los dineros de la salud pública, que podrían repetirse si a los empresarios de esa rama les va bien en sus nuevas aspiraciones electorales; o sobre los grises manejos del dinero público situado para educación; lo que se dice y se comenta en las calles, y muy seguramente se sabe en los salones de la gobernación, es que enormes recursos destinados a obras públicas y al sector agrario se manejan como propios.

 Se rumora que el presupuesto general del departamento tiene inagotables válvulas de escape por dónde la platica oficial se derrama, con notorio detrimento para la sociedad, pero con estupendos resultados para algunas personas y empresas privadas.

 Es probable que la actividad política esté interferida por todas las mafias que hacen carrera en Colombia. Puede ser cierto que capos de combos delincuenciales pongan, sostengan y mantengan fichas claves en el organigrama público administrativo, y no resulta estrafalaria la imposibilidad de evitar que eso suceda en menor escala. Pero lo que no parece razonable ni lógico es que las comunidades, la gente, el pueblo en general  se acostumbre a convalidar la notoria proliferación de tan lesivas conductas, y que semejantes usos se propicien desde los directorios centrales de los partidos.

 Lo sucedido en el Cauca con la justa aspiración del ingeniero Santiago Zambrano a obtener  aval de Alianza Verde, en donde las bases de esa colectividad le reconocen virtudes y méritos, deja la amarga sensación de que los nuevos partidos políticos, presuntos enfermeros y sanadores de dolamas  que aquejan a los tradicionales, se perfilan peores que los peores.

 La opinión pública, esa fuerza analítica y pensante que no merodea por oficinas gubernamentales ni vive del lambetazo, grupos de ciudadanos ajenos a la parafernalia electorera, pero consientes del despilfarro y desgreño en las finanzas, inversiones y gastos de este pobre departamento, descartaban la posibilidad de que la maquinaria oficial comprometida con el Campo impuesto por el Gobernador, o el funesto respaldo del negro Martínez sumado a la mermelada del Partido de la U, que, muchos dicen, apalancan a "Michín", pudieran vencer la verde esperanza de cambio y pulcritud simbolizada por Zambrano.

 Pues no lo dejaron avanzar. Como mulas muertas se le atravesaron a la aspiración del ingeniero, y voces autorizadas afirman que ni los argumentos de la senadora Claudia López, ni múltiples peticiones de respetabilísimos militantes, fueron suficientes para convencer a don Ramón González, que dizque es el "dueño" de Alianza Verde, para que  otorgara el aval que el Cauca esperaba.

 Lo sorprendente, no es tanto que se le cerrara una ventana de ilusión al desvencijado Cauca, sino que, en Colombia, los partidos tengan tan poderosos propietarios.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 26.07.15

En blanco es mejor

 No es que no comprendamos la política, no. Lo que sucede es que los empresarios del sufragio, que viven de la contabilidad electoral y se lucran del patrimonio colectivo, amparados en desordenes éticos de los individuos que integran algunas instituciones,  y en la inercia clientelista del electorado, perturban la correcta utilización de valiosas herramientas jurídicas consagradas en pro de inmaculada participación democrática.

 La Constitución vigente teóricamente abarca un conjunto de intenciones saludables, si es que nos atenemos al espíritu del texto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, esa misma que al arrogarse funciones derogatorias que no tenía, cambió los fundamentos de la vieja República Unitaria regenerada por don Rafael Núñez.

 Es verdad que de buena gana aceptamos el raponazo, el pueblo colombiano acogió la Constitución de 1991, y puso sus esperanzas en un supuesto Estado de Derecho que hasta hoy no ha empezado a funcionar.

 Cuando apenas intentábamos conocer la nueva Carta ya se perfilaban compulsivos afanes por desfigurarla. Antes de que la entendiéramos y  asimiláramos como producto del reposado análisis que ella y sus novísimas instituciones exigían, algunos vivarachos integrantes de la Corte Constitucional, en pésimo abuso del prestigio académico que la sociedad les reconocía, coludidos con calculadoras elites políticas,  en lugar de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, que era lo que correspondía, se dieron a la tarea de acomodarla a sus particulares credos y ambiciones.

 Incluso algunos, que ojalá de su agnosticismo gocen, atropellaron fronteras que las  atribuciones jurisdiccionales les demarcaban,  y al usurpar ajena actividad legislativa se convirtieron en verdaderos depredadores de principios fundamentales que estaban obligados a preservar.

 En medio de esos desbarajustes, originados y auspiciados por la Corte Constitucional, no resulta extraño que ahora naufraguemos en tormentoso oleaje de cierta legislación acomodaticia, dúctil y maleable, que a ratos va y a ratos viene.

 Y, sobre todo, no es raro que la predicada independencia de poderes se quedara en eso, en prédica, para derivar hacia un establecimiento amorfo y escurridizo, en que el Poder Legislativo se postra de hinojos ante el prepotente Ejecutivo, y el Poder Judicial se entrega licencioso a los bajos menesteres de la argucia electorera.

 A estas alturas del siglo XXI seguimos sin definir el rumbo. No hemos logrado un régimen judicial serio y honorable; carecemos de un Congreso respetable; el Presidente, con toda suerte de artificios y aterciopelados vocablos,  desdibuja las precisas funciones de la Fuerza Pública;  y los "Partidos Políticos", que más parecen fructíferos consorcios contractuales, montan inexplicables alianzas, convenios y adhesiones en que nada pesa lo que la militancia quiere.

 Si el pueblo, si los ciudadanos de la base, nos tomamos el respiro necesario para probar y demostrar que tenemos poder, sólo se  necesita votar en blanco, sólo eso, pero copiosamente, eso sí, para obtener la mayoría del total de los votos válidos, y forzar la repetición de la próxima votación con nuevos distintos candidatos.  

 Ejerzamos el verdadero libre derecho a elegir y ser elegidos, derrotemos la máquina mafiosa y evitemos que  vuelvan y sigan gobernando quienes nunca debieron gobernar.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 19.07.15

El secreto de Santos

 Algo, algo les debe Juan Manuel Santos a los herederos de "Tirofíjo".

 Una deuda inconfesable ronda las malsanas relaciones del Presidente con ese grupo terrorista que cada vez causa mayores daños morales  a la sociedad colombiana, y a las riquezas naturales nacionales.

 Para los colombianos residentes en Colombia, y para los exiliados que se informan sobre las realidades del país, está claro que en agosto del 2010 había legítimo control militar sobre el territorio nacional, y que los cabecillas de la banda criminal arranchada en La Habana corrían como ratas.

 Se refugiaban los bandidos en campamentos cercanos a las fronteras, unos muy cerca, otros más lejos, casi siempre fuera del territorio patrio, mientras escasa "diplomacia" faruca se escurría en busca de apoyos logísticos entre la gran burocracia internacional para preservar el parapeto de insurgencia.

 El grupo criminal que históricamente deambuló por los páramos de la Cordillera Central, y que tuvo en esos territorios el asiento del secretariado, estaba en fuga y buscaba acantonarse en las occidentales cumbres del "Chirriadero", o simplemente hacía por allí su tránsito hacia las tierras bajas del Pacífico caucano,  y quizá intentaba el enroque de alias "Alfonso Cano" en alguna bananera playa de  América Central.

 Las fotográficas cercanías del joven "Santiago" con el inicial movimiento guerrillero, y la resuelta complacencia del actual mandatario colombiano con la siniestra metamorfosis de esa organización, que en esta hora se muestra como poderoso cartel narcotraficante y temible grupo terrorista,  permiten suponer lícitamente que, desde antes,  unas ayudas iban y otras venían, y el cruce de favores  -los del político en ascenso a los ilegales y los de los ilegales al político en ascenso-  alcanzó tal magnitud, que hoy obliga a la mala lealtad, a la ley del silencio propia de la camorra siciliana.

 Alguna hipoteca perdonada disimula los impúdicos abejorreos que los narcoguerrilleros le dieron a la dirigencia samperista de los noventa, tanto en los elegantes salones de los hoteles bogotanos como en los costosos condominios que engalanan las cálidas vertientes del altiplano, por  allí por donde las encopetadas élites capitalinas y la rancia delincuencia se van de rodadita hacia las orillas del Magdalena.

 No de otra manera podrían explicarse tantos escandalosos acomodamientos que  atónitos presenciamos los ciudadanos de a pié.

 El embustero admirador de las políticas de seguridad democrática, en su espurio ascenso al solio presidencial terminó sorprendiéndonos con obsecuentes conductas frente a sátrapas venezolanos,  a quienes entregó para su silenciamiento, en acelerada jugarreta de política criminal internacional, a Walid Makled García, uno de los cinco narcotraficantes más perseguidos del mundo en esas épocas, necesario buen conocedor de los convenios ilícitos entre "Megateo", "Timochenko" y el "Cartel de lo soles", a quienes debemos buena parte del desorden continental, con fatales consecuencias para la economía colombiana, y para la estabilidad e integridad de la frontera colombo-venezolana, transformada en vergonzosa plataforma para irregulares vuelos hacia la mesa cubana,  y sumida en nuevos riesgos, al vaivén de las avilanteces territoriales de Maduro.

 Sufrimos los colombianos agudas complicaciones de alguna deuda insoluta con la delincuencia internacional.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 12.07.15

Primero la seguridad

 No es novedoso que el gobierno reconozca el deterioro de los diálogos de paz. Eso ha sido evidente desde cuando los anunció, y no por otra causa, sino porque los inició mal.

 El Presidente, que traicioneramente se hizo elegir para continuar las políticas de seguridad democrática, en contravía de la voluntad popular resolvió desmontar el exitoso esquema y embarcó a Colombia  en el peor desorden público del que se tenga memoria en este siglo.

 Ingenioso y ofensivo en el rebusque de calificativos contra millones de Colombianos que desaprueban el reencauche del narcoterrorismo, el señor Santos no hace gala de inteligencia para impedir el desbordamiento verbal y la matanza física que el cartel de "Timochenko" despliega contra la población inerme, y contra las fuerzas que defienden la integridad territorial y la vigencia de la Constitución.

 A tales extremos de torpeza llegan, Presidente y Fiscal, que amenazan judicializar a quienes, en libre y democrático ejercicio informativo, se atrevan a publicar las atrocidades del narcoterrorismo contra la estabilidad política y económica del país.

 Por más esfuerzos que el régimen ha hecho para  disimular y enmascarar los crímenes de las guerrillas; que son de público conocimiento, como el minado de escuelas y senderos rurales, la persistente voladura de oleoductos, el absurdo derrame de crudos  sobre ríos y regiones de incalculable riqueza biológica y ambiental, el secuestro y brutal asesinato de altos oficiales de ejército y policía, el continuado reclutamiento de niños campesinos, el altísimo incremento de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional, el bloqueo y destrucción de puentes y carreteras con cargas explosivas, y miles de delincuencias menores diariamente agotadas por diversos frentes dirigidos y comandados desde Cuba y Venezuela; vinimos a quedar encaramados en esta cuerda floja y débil que promete romperse hoy o mañana.

 Una sola verdad se le abona al jefe de negociadores oficiales: que el problema de los narcoterroristas, en este momento crucial, no es con el ejército, ni con la derecha, ni con la oligarquía, el problema es con la totalidad del pueblo colombiano que agotó su paciencia y sepultó su confianza.

 El 77% de los colombianos considera que ha empeorado la situación del país frente a los grupos guerrilleros. (Encuesta Gallup efectuada entre 18 y 24 de junio de 2015)

 El señor senador Uribe tiene toda la razón; al angustioso embalaje por la finalización del conflicto le queda un derrotero: la concentración de narcoterroristas en una zona específica del territorio nacional, que permita verificar la suspensión de actividades criminales, y evite el sometimiento del Estado de derecho frente a la delincuencia organizada.

 El cese bilateral de fuegos exigido por terroristas no es camino honroso para una salida negociada. Suficientes muestras de mala fe y de poca voluntad pacifista se desprenden de sus  amenazantes pronunciamientos contra la población respetuosa de las leyes.

 El plan pistola, que al mafioso estilo de Escobar se adelanta contra la fuerza pública, es pésimo indicativo de seguridad, macabra muestra de retroceso a siniestras épocas de desgobierno, signo inconcuso de desmoronamiento institucional y afrentosa muestra de ausencia estatal.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 06.07.15