domingo, 29 de mayo de 2016

Tapujos insultantes




 Quienes aprendimos y creemos que por la verdad murió Cristo, y que decirla fue causa determinante de su martirio, defendemos la necesidad de cultivarla y  mantenerla en la construcción de convivencia civilizada.

 Los que mandan en este país, los que por meritocracia o por benevolencia democrática se ubican en los peldaños superiores del poder, están moralmente obligados a valerse de la verdad para comunicarse con la masa popular, expectante, desconcertada y confundida bajo inclemente cascada de aterradoras falacias.

 De entrada deben admitir que nadie está obligado a estar de acuerdo con los acuerdos, y que el desacuerdo con los acuerdos no convierte a nadie en enemigo de la paz.

 Alimentar esa táctica extremista de etiquetar al opositor para que otros lo lapiden puede conducir a conflictos de mayores proporciones y peores consecuencias que las ya experimentadas.

 El secuestro de Salud Hernández Mora, y otros dos periodistas que le seguían la pista a la noticia de su secuestro, debe servir como freno al vocabulario dulzarrón con que el gobierno disimula el crimen, y a la ostensible intolerancia con que apostrofa a los contradictores del mecanismo negociador que privilegia la impunidad.

 Servirle a la causa de la verdad no puede convertirse en motivo de sanción social, ni de represión oficial, ni de retaliación mafiosa. Y el aparato estatal, constituido para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sus creencias y demás derechos y libertades, no puede incurrir en la estulticia de disfrazar y soslayar la brutalidad de los violentos.

 En Colombia no puede estatuirse como canon de buena diplomacia, ni de corrección política, el lento, tardío y  timorato repudio del delito.

 Es verdad que el relativismo, del que hacen gala todas las ramas del poder público, vino a ser una de las fatídicas consecuencias del nuevo orden constitucional implantado desde 1991, y que las garantías del debido proceso tienden a menguar, en las etapas preliminares de la investigación,  la entidad dañosa de los hechos punibles y de sus ejecutores, a tal punto que asesinos, violadores, secuestradores y terroristas, aún siendo capturados en flagrancia, gozan de cierta cortesía jurídico penal que los cataloga como elementales presuntos infractores del ordenamiento punitivo.

 Pero nada justifica que el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, con ofensiva desfachatez, utilizaran los medios informativos para insinuar que la secuestrada no estaba secuestrada, y que ella voluntariamente había desaparecido en la boca del lobo.

 A tal situación de sometimiento no pueden conducirnos los inagotables diálogos de paz, mañosa y  paulatinamente reducidos a negociación para finalizar el conflicto, y luego, como para poder descartar el plebiscito, trocados en acuerdos especiales integradores del bloque de constitucionalidad.

 Así porque sí, porque estamos expuestos a exorbitantes facultades del ejecutivo y a  humillantes exigencias de bandas ilegalmente armadas, con la anuencia de un poder legislativo castrado y una rama judicial ausente, no pueden cercenarnos los derechos a la libertad de opinión, prensa e información (Art. 20 C.N.), y a la libertad de locomoción (Art. 24 C.N.), mientras subrepticiamente reforman la Constitución desde La Habana.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 29.05.16

lunes, 23 de mayo de 2016

Repaso




 Somos apenas el tenue bosquejo, no una democracia actuante. El camino es espinoso, al asecho siempre hay traiciones y retrocesos, pero el destino es avanzar.

 Aunque estamos libres de culpas frente a pasadas equivocaciones de nuestros lejanos ancestros, también es verdad que debemos responder por los errores del presente y por los desastres que ocurran en el futuro inmediato. Quiera Dios que así como nos beneficiamos con algunos pocos aciertos del pretérito, también alguien reciba el favor de lo poco bueno que logremos dejar.

 Y la responsabilidad actual es colectiva. A nosotros no nos salva la manida muletilla de violencias fratricidas imputables a la izquierda o a la derecha, a la hegemonía conservadora o a la república liberal. Esas sí que fueron memorias mal narradas, porque con el paso del tiempo se llegó a saber que ni los godos cercenaron tantas cabezas como se dice, ni los cachiporros se resignaron a dejarse decapitar, entre todos se mataron por parejo.

 Lo de este siglo es de este siglo, es nuestra hechura y nuestro fracaso, de nada  sirve enfocarle el retrovisor  a la regeneración del 86 o a las reformas del 36, al golpe del 53 y al  retrogolpe del 57, o a la abusiva sustitución constitucional del 91 contra la que nadie reviró y a la que, en gran medida, le debemos esta irredenta condición pendular, este reflejo especular de patria boba que sin reposo peregrina entre el samperismo y el santismo, entre el gavirismo y el galanismo, que entre los males que sufrimos son lo mismo.       

 Decididamente se ha impedido el fortalecimiento constitucional. No se ha respetado la prístina intensión fundamental de vivir en libertad dentro del orden, ni se ha dejado cuajar un verdadero Estado de Derecho. A cada quien, como a las cabras locas de que habla la izquierda latinoamericana cuando censura los balidos en sus propios apriscos, a cada linaje segmentario le ha dado por marcar el ámbito de su mandato con postizos sellos contestatarios, que a la hora de nona sólo han servido para afianzar estirpes y castas de su misma pelambre, veleidosas, desleales, pusilánimes y tiránicas.

 A las masas las llevan arriadas y ellas se dejan arriar. Rebaños domesticados acuden al saladero cuando les mueven un trapo o les exhuman un cadáver, y vuelve a girar la vieja noria que, con las mismas aguas y por los mismos canales, repite el rito de irrigar los mismos predios.

No son símbolos indicativos de vigencia democrática esa reducción del umbral aprobatorio para un mecanismo de participación ciudadana como el plebiscito; ni afanosos trámites de leyes habilitantes para que el ejecutivo haga y deshaga; tampoco la tarda inclusión de materias no debatidas en acomodaticio acto legislativo que ya tienen cocinado entre vapores de sacarosa y otros ingredientes melíferos; mucho menos la sumisa aprobación integral de anchos y largos acuerdos que nadie ha leído pero que cuentan con seguro pupitrazo en el Congreso; esto sin incluir otra listilla de reiteradas violaciones a la Carta Fundamental, ni el importaculismo oficialista ante vergonzosas estadísticas de desaprobación popular.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán. 22.05.16

domingo, 15 de mayo de 2016

Farcotiradores




 Como tales se clasifica a ciertos sujetos delincuentes, ocasionalmente dialogantes en La Habana, que con telescópica presición disparan y hacen diana en el objetivo, generalmente humildes soldados colombianos a los que irremediablemente les parten la cabeza, el corazón o  los pulmones.

 Se trata de consuetudinarios transgresores de la regulación imperante en nuestro Estado de Derecho,  detractores permanentes del andamiaje orgánico legal, habituales promotores de menosprecio y desacato a esta deshilachada  pero sobreviviente construcción jurídica  que hace siglos se erigió como República, y de sistemáticos verdugos que han acribillado a millones de civiles colombianos porque no compartieron sus inclinaciones ni sus métodos.

  En estos últimos días, como por obra y gracia del Espíritu Santo -al que no reverencian-, amanecieron esos farcotiradores insuflados de potestad constituyente.

 Esos mismos, en dolosa contradicción con sus procaces ambiciones, aupados por entreguista camarilla palaciega, falsamente se postulan como adalides del orden institucional que no comparten. Entre melifluas incoherencias leguleyas lo que intentan es  desplomar  una superestructura organizativa y funcional que con sus hechos desconocen diariamente.

 Eso es lo que ellos quieren, pero nosotros, los que no pertenecemos a la siniestra banda  de homicidas fusileros, y que tampoco le disparamos a la blanca paloma de la paz como predica el régimen, los que inermes resistimos, fieles a nuestras puras  convicciones esencialmente libertarias y civilistas, necesitamos impedir la demolición de nuestra legitimidad institucional dignamente defendida a precio de sangre durante muchas generaciones.

 Las mayorías populares inexcusablemente comprometidas con un destino nacional libre y auténticamente democrático, tenemos en nuestras manos limpias el riesgoso pero irrenunciable compromiso de impedir el golpe de Estado que la minoritaria izquierda internacional, derrotada en los vecindarios, está gestando contra Colombia.     

 No podemos permitir que nefastos insubordinados,  exhibidos como ejemplares defensores de derechos humanos mediante oprobioso disimulo de su sanguinario historial,  lleguen, con sus costumbres criminales  y sectaria militancia pandillera, a torcer los caminos de progreso nacional, anclados estos  en el respeto a la propiedad privada de los bienes de producción, en la libertad de empresa, en la férrea defensa de la familia como institución fundante del orden social, y en la plena vigencia de valores morales y espirituales que los violentos nunca respetan.

 No dejaremos que se autoproclamen redentores  del pueblo mientras reclutan infantes, desplazan de sus territorios a comunidades ancestrales, se lucran de la extorsión y del secuestro, trafican con narcóticos, y asesinan inocentes.

 La vagabunda complacencia y obscenos acomodamientos de Santos frente a indecorosos requerimientos del narcoterrorismo, es flagrante traición que ningún ciudadano colombiano debe consentir, menos ahora cuando los “Papeles de Panamá” implican en concurso delictual por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria a encumbrados defensores de los acuerdos especiales, ficticios o simulados tratados de paz a los que el Estado colombiano concurre igualado con una sucia pandilla de facinerosos, a quienes impúdicamente se libera de responsabilidades jurídicas por el agotamiento de crímenes atroces.

 Lo que pretenden es imponernos una dictadura mafiosa, orquestada mediante chueca manipulación del derecho internacional, y someter los poderes legislativo y judicial al ominoso control de un ejecutivo omnímodo y corrupto.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 14.05.16