Reformar la Constitución Nacional es necesidad
apremiante.
Algunos se asustan. otros protestan, y muchos
se oponen, pero no porque se vaya a reformar la Constitución, sino porque ven
amenazado su parapeto de tropelías.
Es una lástima que la democracia esté
mercantilizada, torcida y enmermelada, pero esa es la realidad que necesitamos corregir.
Lo otro es seguir en las mismas, violando la
Constitución con frecuencia y remendándola a discreción, para mantener las
apariencias del status constitucional democrático.
Una democracia en donde el Presidente de la
República saca de las arcas estatales, como si fuera de su bolsillo, los
dineros necesarios para que la clientela lo reelija, no es una democracia
constitucional.
Ni es constitucional que los magistrados de
las altas Cortes, que no tienen funciones legislativas, reformen la
Constitución a golpes de jurisprudencia. Tampoco lo es que se resistan a
elegir, como ya lo hicieron, al Fiscal General de la Nación, simplemente porque
no les gustó la terna enviada por el Ejecutivo. Ni lo es, por supuesto, que el
Fiscal nombrado en reemplazo de la Fiscal mal nombrada, asuma la condición de
agitador político y se lance a las calles, bandera en mano, a promover el
desacato del orden establecido.
Mucho menos constitucional resulta que un
alcalde, que le causa inmenso deterioro a la Capital de la República, se tome
la libertad de llamar al alzamiento popular cuando se le aplica una norma
constitucional plenamente vigente.
De hecho no es nada constitucional que los
jueces se tumben las sentencias entre sí, y que las Cortes les tumben las
sentencias a las otras Cortes, cuando lo verdaderamente constitucional es que
funcione e impere un sistema piramidal, en donde una sola Corte sea instancia de cierre, y tenga la competencia suficiente para acabar,
de una vez por todas, con los mal llamados choques de trenes.
No puede ser constitucional que ciertos
gamonales resulten electos por circunscripciones especiales como representantes
de grupos a los que no pertenecen, ni que algunas regiones, con bajos
porcentajes del potencial electoral nacional, terminen apoderadas de altos
porcentajes de representación real en el
Congreso de la República.
Como estamos metidos en el cuento del Estado
de Derecho, pues busquemos que funcione conforme a una normatividad legal que todos
acatemos y respetemos por igual, y que a todos nos rija por parejo y sin
distingos, porque el Estado que tenemos es selectivo y excluyente.
En Colombia no podemos seguir bajo el esquema
de hacer las leyes ante el apremio de las coyunturas, ni de interpretarlas y
aplicarlas conforme a conveniencias
particulares.
Los sectores de la justicia, la salud y la
educación necesitan transformaciones profundas que nos pongan en el camino de la equidad y
del respeto debido a los derechos fundamentales. Un país justo, pacífico y
próspero sólo se logra dándole a cada quien lo que le corresponde, dentro de un
marco constitucional serio, en el que ninguna faceta del interés público se
negocie por debajo de la mesa, y en dónde el ciudadano de bien tenga la certeza
de que lo gobiernan con rectitud.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, 17.03.14
