Característica de gobiernos melifluos es no solucionar nada a tiempo, ni de fondo,
ni por parejo, y viven dispuestos a que los apuren por la fuerza. En el intento
de aparentar eficiencia quedan a medias en la toma de decisiones fundamentales.
Generan inequidad y desigualdad de tratamiento ante la ley, y debilitan el
Estado de Derecho en lugar de fortalecerlo.
Los ciudadanos acusan necesidades
insatisfechas lentamente agudizadas por la mediocridad gubernamental, y todos finalmente acuden a la protesta
callejera para que alguna comisión de altísimo nivel se digne oírlos.
Daño hacen gobiernos poco serios, y este sí
que lo es. Dilatan pero no resuelven, discriminan en lugar de nivelar, abultan fortunas
ilícitas en desmedro de las lícitas, adjudican contratos de favor a sus áulicos,
criminalizan a quienes los censuran, conceden ventajas judiciales a delincuentes, y
recortan conquistas a quienes las obtuvieron legalmente. Olvidan que para
implantar justicia social se requieren raseros universales. Todo y todos bajo
la misma ley.
Pero aquí imperan los acuerdos coyunturales. Por
eso los indios aprendieron a bloquear carreteras y a obstaculizar el funcionamiento de complejos
industriales, a sabiendas de que en vísperas electorales la colmena tiene miel.
Los maestros acostumbran pedir aumentos
salariales y el inextinguible botín de la salud cuando se aproximan elecciones,
así lograron llenar los bolsillos para reelegir a Santos en el 2014 y otro tanto lograrán para aprobar el
plebiscito del 2016.
Los camioneros consiguieron seguir operando carromatos
obsoletos, porque el régimen necesita cuadrar votos para enfrentar la aventura plebiscitaria.
Esto sin contar que a los frentes cocaleros les redujeron la persecución
oficial para que los capos se sentaran en Cuba, y a los milicianos les facilitarán
pedagógico porte de armas para escoltar a sus patrones durante la miedosa campaña
en que pretenden obtener respaldos para refrendar la impunidad.
Cuando la estructura estatal está concebida
para salvaguardar vida, honra y bienes de todos los asociados, y las autoridades
legítimamente constituidas tienen como
deber garantizar eficaz funcionamiento de las instituciones, no se debiera permitir
que grupos empoderados al margen de la ley ejecuten conductas delincuenciales para
atropellar derechos de terceros y menguar bienes jurídicamente tutelados.
Con
sensible cercenamiento del umbral electoral e insólito desmantelamiento del
principio de soberanía popular plena, no solo se facilita la aprobación de
una decisión presidencial por parte de pequeñas minorías electorales sino que se
abren las puertas a la ilegitimidad del
resultado que arroje el plebiscito, y peligrosamente puede iniciarse un nuevo
enfrentamiento nacional que dure tanto o más que los anteriores.
Hasta hoy no marcha bien la democracia
colombiana, no se respetan las garantías ciudadanas, ni se observan a plenitud
las normas constitucionales.
Si
el oficialismo gobernante mantiene su postura dictatorial y se ampara en el
resultado positivo para perseguir opositores del proceso, a quienes desde
antiguo califica como enemigos de la paz, no habrá paz posible. Lo grave es que la persecución se
convino en los acuerdos conocidos.
Gustavo
Álvarez Gardeazábal, en “El Jodario”, advirtió la existencia del tenebroso párrafo, Ojalá
Santos tenga juicio para desactivar ese entuerto.
Miguel
Antonio Velasco Cuevas
Popayán,
23.07.18
