Algo está bloqueando la lucha institucional contra la delincuencia organizada.
Los colombianos entendemos que no es fácil acceder a los empinados riscos y profundas hoyas en que asientan sus campamentos los comandantes de la ilicitud.
La topografía nacional tiene sus particularidades y a nadie se le puede exigir que a ciegas meta la cabeza en la boca del lobo, en síntesis todos sabemos que las labores de inteligencia, el conocimiento del terreno, la prevención de riesgos y el apoyo logístico necesarios para el asalto final a un campamento de criminales son tareas de precisión y tiempo, de valor y audacia, en las que nada puede quedar en manos del azar.
Pero los correos del pueblo, los incesantes repiques de la telegrafía callejera nos dan noticia ingrata del reacomodamiento adelantado por armados ilegales que controlan espacios hace poco tiempo recuperados y nuevamente perdidos por la fuerza pública.
Imposible y atrevido aventurar hipótesis sobre lo que pueda suceder al interior de las filas oficiales, pero algo anda mal, algo está fallando, algo deteriora los logros alcanzados a muy alto precio por nuestras fuerzas militares, en memorables acciones de combate, que durante años nos dejaron respirar con satisfacción y sentir el honor de contar con el mejor ejército del mundo.
En muchos municipios colombianos, en todo el territorio nacional y concretamente en el departamento del Cauca, se vive la presión ejercida por siniestros personajes que desde sus refugios montaraces o desde los patios de las prisiones están pervirtiendo el proceso democrático, dando ordenes para respaldar a sus candidatos de bolsillo o impartiéndolas para truncar las aspiraciones de ciudadanos limpios a quienes no tienen en el llavero de sus afectos.
Se sabe de secuestros -no retenciones como algunos llaman a esta práctica ilegítima- para amenazar y acobardar a ciudadanos que aspiraban a cargos de elección popular; se dice que algunos han sido citados para que comprometan la adjudicación de contratos a los testaferros de los maleantes; se rumora que en algunas regiones dizque hay que pedir permisos a los "señores del monte" para poder aspirar a ser precandidato y así, dentro de una práctica perversa de la política, han obligado a muchos a declinar sus candidaturas.
Frente a tan envilecido panorama electoral que fundamentalmente afecta la seguridad de la población campesina, que restringe la participación de la ciudadanía en la construcción de su futuro político y administrativo, que menoscaba la vigencia del Estado de Derecho y conduce al fortalecimiento de actividades armadas al margen de la ley, resulta imperativo reclamar que, in tempore opportuno, con colaboración de organismos internacionales de los que Colombia haga parte o con quienes tenga convenios, se estructuren oficialmente observatorios de verificación para la transparencia electoral.
La narcopolítica se puede prevenir. Acciones oficiales oportunas pueden librarnos del terror en los campos y de posteriores investigaciones judiciales, como las que ahora se turnan, que poco o nada aclaran, desmejoran la imagen de Colombia en la política internacional y a muchos arruinan sin remedio.
Miguel Antonio Velasco Cuevas
Popayán, 24.03.11
