Bandas criminales

Burócratas de la Cruz Roja Internacional piden normas que especifiquen a las víctimas de bandas criminales como sujetos de asistencia y reparación oportuna.

Nos hemos acostumbrado a recibir instrucciones pontificales de numerosos observadores, asesores y contratistas extranjeros, quienes nos sindican de violar derechos humanos mientras olvidan que todos los colombianos somos víctimas de los mismos  narcoterroristas, delincuentes que en nada cambian aunque cambien de rótulos.

A esos consejeros internacionales se les ocurre que Colombia es la mama del crimen, y que el poder legislativo  debe idear nuevas instituciones penales específicas ante cada evento delincuencial que estremece a la sociedad, aunque se trate de sempiternas conductas punibles que igual ocurren aquí o en el primer mundo.

Eso de permanecer imaginando normas e incisos, para remediar las mismas  infracciones criminales  que a diario suceden, es solución mandada a recoger.

Lo que Colombia necesita para combatir el crimen organizado, con la colaboración incondicional de la comunidad internacional,  es aplicar seria y  rigurosamente la legislación ya  existente, sin negociar ventajas para ningún grupo delictivo.

El problema maestro es el bloqueo intencional a la correcta aplicación de normas sustantivas y procesales vigentes, mas no la ausencia de leyes aplicables.

Se estila, por ejemplo, otorgar escandalosas rebajas de penas a cambio de unas delaciones y colaboraciones pichicatas que poco descubren y nada esclarecen. Pues semejante mecanismo,  legal sí pero utilizado sin ética ni provecho social alguno,  termina potenciando torcidas componendas probatorias que se orientan a lograr los descuentos punitivos pero no a dilucidar la verdad ni hacer justicia.

Esos montajes siempre aprovechan laxas costumbres morales de  funcionarios indeseables que con dolo concurren a tumbar procesos y programar prescripciones.

Normas no faltan, lo que falta  es poner a funcionar bien las existentes, purgar el aparato operativo de la  justicia, impedir el premeditado archivo de investigaciones, evitar que desde las instancias judiciales se patrocine el crimen, y cerrarle puertas a vivarachas fundaciones que mañosamente esquilman a las víctimas y las obligan, mediante ventas forzadas,  a recibir motocicletas y electrodomésticos como indemnización.

La buena práctica de una política criminal dirigida a sancionar por parejo a quienes incurran en violaciones secularmente tipificadas como delitos, y el acompañamiento permanente por parte de entes disciplinarios que en esta tierra abundan,  harían innecesaria esa compulsión reglamentaria que funcionarios extranjeros aconsejan.

Excesiva normatividad incongruente unas veces  y otras contradictoria,  sólo sirve para establecer nichos de impunidad que los transgresores aprovechan a su amaño.

A nada conduce la acuciosa categorización y estratificación de víctimas en un país asediado de manera general por iguales factores de violencia.

Esas clasificaciones artificiosas,  que pretenden diferenciar la intensidad del dolor y la entidad del daño porque el victimario es paramilitar, guerrillero, narcotraficante  o bandido emergente, simplemente dilatan la oportuna reparación a las víctimas del mismo conflicto.

La manía clasificadora de criminalistas y de  organismos empeñados en brillar como   protectores de derechos humanos, antes que promover reparaciones eficaces, induce a pretermitir instrumentos legales idóneos para  contrarrestar el auge de asociaciones criminales que transforman el aviso publicitario cuando el Estado de derecho las arrincona.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, abril de 2013

Popayán peatonal

                                                                                    

El centro de la ciudad se debe peatonalizar.

La urbe entera debe transformarse  en espacio amable, en lugar feliz, en destino prometedor y  deseado, y para ello necesitamos convertir su centro viejo en una joya destellante y caminable.

Ingresar al desbarajuste medular que pomposamente denominan centro histórico se ha convertido en una aventura temeraria.

Como hecho de referencia debe recordarse que hace poco un camionero  irrespetó un pare y  mató  un motociclista, la tragedia ocurrió en una esquina próxima a instituciones universitarias, a sedes culturales, a iglesias y  oficinas públicas densamente frecuentadas por residentes y visitantes.

Eso no debería ocurrir en pleno centro al que diariamente acuden gentes de a pié,  damas desprevenidas, ancianos con limitaciones, campesinos inexpertos, niños inquietos y turistas curiosos.

Los habituales transeúntes siempre van  en procura de servicios médicos o a reclamar una solución administrativa,   han venido a rogar justicia o caminan en busca de un empleo,  disfrutan de una excursión infantil o realizan un recorrido planificado para aproximarse a la añeja arquitectura propia de ese sector, deambulan por las calles de la vieja ciudad para descubrir el ángulo perfecto de una toma fotográfica o preguntan la ubicación de una placa conmemorativa, quieren conocer un monumento famoso, pararse en una esquina célebre, o necesitan disipar una inquietud histórica, verificar un dato sociológico, eliminar una duda de aprendizaje o  satisfacer un capricho de trotamundos. Pero en ningún caso salen a que los arrollen, los roben o los maten.

La preservación de los centros históricos se concibe para que los caminantes disfruten, para que los truhanes no atropellen, los buhoneros no invadan, y los ciudadanos no  peligren.

Los lugares de interés histórico son ejes de inquietud intelectual, focos de aprendizaje, anclajes de  contenido ceremonial, símbolos del pasado que la modernidad interroga para descifrar mensajes,  desentrañar significados, descubrir  e interpretar las claves del conocimiento o sumergirse en la lúdica y romántica parsimonia de quienes construyeron en función de inagotables lentitudes milenarias.

En esos sitios se deben abolir los vértigos de la velocidad,  los demoledores imperios del ruido y las insospechadas tiranías de lo  informal.  A ellos se debe acudir con las alas del espíritu y los recursos de la memoria, para  someter a juicio las incertidumbres del  porvenir  y hurgar con pasión en las certezas del pasado.

Preservar lo histórico es conservar sabiamente lo viejo sin dañarlo,  sin sacrificarlo. Lo otro es mancillar lo ancestral para que unos mercaderes insolentes alteren las voces del tiempo, distorsionen las proporciones de la  estética,  perviertan los sabores terrígenos y  muten los ritmos de avance por la barahúnda  del retroceso.

Para potenciar el turismo que deja divisas es imperativo restringir el ingreso de busetas al sector histórico y establecer que sólo lo circunden de lejos. El  transporte de mercancías y abastecimientos debe hacerse en horario nocturno y en furgones pequeños. Las calles que enmarcan la Universidad del Cauca, la Alcaldía de Popayán, La Cámara de Comercio, el templo de San José y la Contraloría Departamental se necesitan peatonales, como las que ahora  enmarcan La Plaza de Caldas.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán,  20.04.13

Fiscal equivocado

Los ciudadanos, a fuerza de presenciar equívocas escenas repetidas, terminan admitiendo como normales ciertos hechos que no lo son.

Siempre se dice que la costumbre hace ley.  Aunque, dados los avances del constitucionalismo, hoy no debiera acudirse con mucha frecuencia a semejante fuente normativa del comportamiento social. Lo consuetudinario no es malo en sí, pero jurídicamente  resulta reprochable que empleados estatales, obligados por ley a respetar el derecho positivo, como alegres comadres hagan eco al barullo de quienes trajinan la ilicitud.

Tales equivocaciones,  –para otorgar el beneficio de la duda --,  no son tan nuevas ni tan admisibles, sobre todo si se piensa en el fuero de quienes han incurrido en ellas.

No está muy lejano el dislate interpretativo del aparato judicial, que desestimó como prueba  el contenido de discos duros y adminículos de memoria encontrados en el campamento terrorista de alias Raúl Reyes, en los que a ojos de la comunidad internacional y nacional  se evidenció la alianza entre facciosos y conocidos dirigentes políticos colombianos. Alianza que sigue pendiente de investigación y sanción.

Ni lejano está el despropósito agenciado por el Presidente Santos, que  sin justificación constitucional alguna, y sólo para satisfacer caprichos de astutos magistrados, olímpicamente cambió la terna para elección de Fiscal General de la Nación, cambio que resultó dañoso para la credibilidad del sistema judicial por cuanto la elegida y su cónyuge  habían asistido a cumbres del paramilitarismo.

Y así, de vulneración en vulneración del orden legítimo, hemos asistido a otros espectáculos, no tan circenses sino más vale trágicos y vergonzosos para el establecimiento.

Que el Presidente, en campaña reeleccionista y en busca de premios internacionales, cope pantallas, utilice micrófonos y se disfrace de pueblo para animar la platea no es raro. Esa es su vocación, montar tinglados y actuar en sainetes.

Pero que el Fiscal General; el más encumbrado investigador judicial, encargado de acopiar elementos probatorios para imputar a los delincuentes conductas violatorias del ordenamiento punitivo, competente para solicitar medidas de aseguramiento que les impidan seguir atropellando a sus víctimas, señalado por la Constitución para acusarlos en juicio público y demandar, a nombre de los ofendidos, sanciones ejemplares contra los victimarios;  se deje utilizar y salga a las calles a lanzar arengas plenas de significado prejuicioso, es comportamiento desbordado.

En ningún Estado respetuoso del ordenamiento legal, amante del orden, promotor de la justicia y comprometido con la humanidad a salvaguardar la integridad personal, la vida, honra y bienes de sus asociados, puede admitirse, ni como norma ni como costumbre, que el funcionario constitucionalmente investido para adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, olvide, así sea momentáneamente,  la dimensión de su investidura, y pretendiendo comportarse como ciudadano masa, permita que su misión institucional coexista, se mezcle o se confunda con las proclamas de una manifestación financiada por quienes ambicionan el poder mediante la acción armada.

No señor Fiscal, usted no es masa popular, usted pertenece a encumbrada jerarquía éticamente impedida para agitar a las multitudes.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán 12.04.13

Marchar por marchar

Las torcidas manipulaciones de los fundamentos ideológicos que deben caracterizar, signar,  o darle entidad e imagen a una organización política, han sido tan intensas y han enredado tanto a la sociedad y a los propios partidos, que hoy son muchos los que no saben en qué quedó lo que defendían sus agrupaciones y sus dirigentes.

El acomodamiento lagartijo de algunos líderes sociales, que mueven votos, claro está, pero que se muestran inútiles para preservar lineamientos programáticos y defender postulados filosóficos que los diferencien de otras especies reptantes, hace que los electores terminen eligiendo personas y haciendo cosas francamente  indeseables.

Los lentejos, monumental referencia bíblica a quienes son capaces de enajenar la  dignidad para calmar inconfesables apetitos, se hundieron en sus contradicciones y  arrastraron  consigo a los desprevenidos y a los incautos, y entre  semejante barahúnda  muchos   partidarios de nobles causas resultan utilizados para impulsar causas innobles.

Los avances  incontenibles de las asociaciones criminales en el manejo del Estado, que todo lo tocan para que todo se pudra, dejan su huella purulenta en la irreversible deformación del buen concepto de administración pública.

Ya casi no hay barreras para nadie ni para nada. Y al que intente recordar que algunas subsisten lo califican retrógrado o cavernario.  Denunciar la pestilencia de algunos estamentos o reclamar por el desmedro de las instituciones es el camino más corto para matricularse como integrante de la mano negra o como artífice de la publicidad negra.

El imperio del absurdo trocó  el sentido y el significado de los intereses y conveniencias sociales, en tal medida  y  de tal manera, que ahora los descarriados son los que marcan pautas y caminos a seguir.

Se ha hecho obligatorio estar de acuerdo con los perturbadores para no perturbar y casi que resulta necesario aplaudir a los contradictores para no fraccionar a la sociedad.

Cuando  desde las altas esferas del poder se nos reclama semejante unanimidad, se nota más el desbarajuste estructural del Estado que imaginábamos respetuoso de los derechos  ciudadanos a participar en el diseño de la política criminal, a opinar sobre el manejo del patrimonio colectivo, y a enaltecer el ejercicio de la actividad política.

 Ahora, cuando exigimos  transparencia o advertimos los riesgos de impunidad frente a crímenes atroces,  si pedimos explicaciones o demandamos mesura  en el otorgamiento de beneficios a los violentos, sencillamente se nos rotula como enemigos de la paz.

Entre tantos desvíos ocasionados por la inconsistencia ideológica de las élites;  esas que disfrutan a plenitud el reparto de gabelas contractuales, el turno de curules, y el embadurne de mermelada;  el mayor de esos desvíos viene a ser la convocatoria a la marcha del martes 9 de abril, una marcha promiscua como pocas,  babosa casi, profundamente difusa en sus propósitos y ciertamente oscura en su financiación, una marcha que tanto puede ser para reivindicar a las víctimas y solidarizarse por la paz, como para apoyar a los victimarios y legitimar sus violencias.

En esta marcha  no se sabe por qué ni para quienes marchar.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, abril 7 de 2013

Finalización del conflicto

Negociar el fin del conflicto, así tan simplemente dicho, es algo como  convenir reglas nobles para elaborar un documento político, entre antagonistas enfrentados por causas diversas, que quieren  abandonar la confrontación física y aproximarse a  superiores estadios de fraternidad, equidad y  justicia social.

Bonita la teoría, sí, pero al debate real que se desarrolla en Cuba le falta sinceridad, y los colombianos tenemos la convicción de que el gobierno está sometido a las condiciones del enemigo en desmedro del Estado.

No hablemos por ahora de convivencia  pacífica,  así evitamos malos entendidos derivados de otros posibles  desbordamientos violentos,  en otros espacios, a cuenta de otras diferencias entre distintas agrupaciones sociales, esas que en todos los tiempos impiden hablar de verdadera paz.

La idea elemental pergeñada en el introito reclama un escenario bilateral. Nadie se sienta a negociar sin que concurra alguna contraparte. Tienen que existir dos partes que quieran oírse y tratar de entenderse, pero necesitan respetarse,  para poder construir un texto de aproximaciones,  coincidencias y factibles derroteros, que señale la ejecución de acciones  convenientes para desestructurar las divergencias iniciales.

Las acciones se deberán concretar en una etapa posterior que amerita verificaciones y puede necesitar ajustes.

Eliminados los desencuentros, comprobada la insubsistencia de actos violentos entre las partes del conflicto y por razón del mismo,  llegaríamos al umbral de la paz posible, digamos que arribaríamos a óptimas condiciones de convivencia civilizada, porque no podemos olvidar  que la paz real, la paz propiamente dicha,  es un estado de alma que sólo alcanzan quienes viven en trance de santidad.

Una negociación o acuerdo para finalizar el complejo conflicto colombiano no es obra de pocas horas, ni puede ser producto  de imposiciones arbitrarias y unilaterales.

Y se hacen necesarios muchos elementos funcionales, de estirpe sociológica, que permitan rediseñar la política como acto de Estado y como ejercicio individual de derechos civiles, en un marco equilibrado de poderes, donde prime el bienestar comunitario, sin desviaciones diseñadas para privilegiar pequeños grupos que no acrecen el prestigio de la institucionalidad, ni merecen dignidades que sólo se otorgan a verdaderos demócratas.

Y mayor rigor reclaman estas reflexiones, cuando medios masivos de comunicación demuestran que  los autoproclamados defensores del pueblo son verdaderos sibaritas, ajenos a cualquier contacto con  peripecias y dificultades de esas masas que dicen liderar, y distantes  de cuadrillas armadas que manifiestan comandar.

Arteros se muestran cuando hacen declaraciones que  mancillan nuestra dignidad ciudadana, pues  osan desvincularse de  ilegalidades y atropellos en que notoriamente se enriquecieron, e  intentan presentarse como víctimas del Estado legítimo al  que nosotros pertenecemos  y al que definitivamente, como Constituyente Primario, hemos encomendado la función de desarticular el crimen organizado.

De hecho, al presentarse la posibilidad de convenir unos métodos, unos mecanismos honorables para el entendimiento dentro del ordenamiento legítimo, se entiende y se acepta que algunas licencias inofensivas puedan otorgarse por el Ejecutivo, pero no tantas como para rubricar acuerdos violatorios de la Constitución y del Estatuto de Roma.  Aunque el mandato que le dimos no era para eso, ni es abierto ni claudicante.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, abril de 2013