Balance

 En todo juicio de valor hay derroteros lógicos que debieran guiar la razón ciudadana, pero como en Colombia predominan las viejas pasiones, y hay personajes que las exacerban, hubo muchos ilusos que terminaron estupefactos ante el limpio resultado del plebiscito, cuando fácilmente pudieron preverlo.

 Desde siempre fue factible entrever que las encuestas favorecedoras de la refrendación a los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla mostraban enormes inconsistencias, pero la desinformación publicitaria oficial, incluidas  las  amenazas  de resurrección del grupo guerrillero, que lamentablemente no las hacía Timochenko sino el propio Santos, y la tramoya de confundir el logro de la paz con la aprobación de lo pactado en La Habana, enmascararon temporalmente la verdad.

 Esa verdad, hoy plenamente demostrada, advertía el imposible de que el mandatario nacional con tan rastrero margen de aceptación popular pudiera hacer lo que le da la gana, y obtener un respaldo electoral a menos de dos años de concluir su desastroso mandato.

 Para que arrolladoramente ganara el sí se requería que previamente descendiera el justificado rechazo a la gestión del gobernante, cosa que por ahora es impensable.

 Ganó Colombia, claro está, porque desapareció el peligro de sustituir la Constitución Nacional por un mamotreto ininteligible e impracticable. Y porque fracasó el intento de reemplazar la justicia ordinaria y la CPI con un remedo de tribunal especial para la paz, y se enervaron los espantajos de circunscripciones electorales amarradas, de vergonzosa legalización de fortunas ilícitas, de penas irrisorias y de impunidades insoportables, además porque se abrió la posibilidad de negociar un contrato social con el que todos quedemos satisfechos, en un contexto de participación política que nos incluya a todos, aún a los que deseosos de paz malamente fuimos estigmatizados como sus enemigos.

 Claro que me enorgullece el resultado del plebiscito porque triunfó la opción que defendí con argumentos, y me satisface que Colombia haya despertado, porque no es saludable ni democrático que a los pueblos se les ordene tragar sapos y que mansamente se los traguen.

 Celebro que las regiones hayan tenido la entereza de derrotar a viejos y nuevos exponentes de la demagogia babosa. Magnífico que en la frontera con Venezuela, Santander y Norte de Santander hayan arriado los vetustos estandartes de Horacio Serpa y Juan Fernando Cristo, extraordinario que el eje cafetero haya vuelto por sus fueros para frenar los altisonantes cacicazgos de Cesar Gaviria, Humberto de La Calle y Mauricio Lizcano, maravilloso en fin, que el país nacional haya recuperado la cordura para liberarse de dañinas influencias ejercidas por Alvaro Leyva, David Barguil Assis,  Armando Benedetti y Roy Barreras.

 Ahora sí es verdad que queda mucha tela por cortar, cuando el triunfalismo de algunos negociadores ha quedado reducido a sus justos alcances, y cuando la respetable  soberanía popular los convoca a conectarse con las realidades de un país político totalmente  desconocido para ellos.

 Ojalá avancemos hacia la construcción de esa nueva patria que todos anhelamos próspera y pacífica, y quiera Dios que Francisco, su representante en la tierra, se asesore mejor cuando pretenda condicionar sus visitas a estos infiernos.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 02.10.16

Posdata

 Vea y oiga, este país está severamente jodido y quedará peor si usted no recapacita.

 Se lo digo en serio. No es esta una folclórica manera de prevenirlo para abrir los ojos y aguzar los oídos, es válido llamado para despertar su interés y convocarlo a la cordura, a la responsabilidad social, al ejercicio lógico de razonar antes de actuar, de invitarlo a no marchar como borrego al sacrificio,  de recordarle que como ciudadano colombiano tiene el deber de  contribuir a contener esta orgía de engaños, y la necesidad histórica de evitarle a las generaciones del futuro el extremo sufrimiento de sucumbir trituradas por la brutalidad de un aparato tiránico.

 No exponga a Colombia, su patria, al autoritarismo, al populismo, al indignante  mecanismo totalitario que en estos momentos conculca libertades y derechos del pueblo venezolano, que obstaculiza e impide adelantar legítimo referendo democrático para que los ciudadanos procedan a revocar el mandato al monigote sostenido por mafias de la cocaína y el petróleo.

 Es hora de ponerle freno a esta loca empresa autodestructiva, de evitar las humillaciones soportadas por esa sociedad caribeña que confió en la restauración de sublimes ideales bolivarianos, pero terminó estrellada contra el puño feroz de bastardos  predicadores de libertad, de esos que mediante ilegítima utilización de la autoridad electoral, envilecimiento de la cúpula militar, y control carnavalesco del poder judicial, convirtieron el territorio de Venezuela en seguro refugio de bandidos extranjeros.

 El creciente mercado internacional de sustancias estupefacientes es combustible que alimenta el atropello a los derechos fundamentales, la máquina que induce a la desmoralización de la juventud, la peste que agiganta los problemas sociales, el sedante que propicia la ruptura de valores, el gestor invisible de la corrupción administrativa, el acelerador de la desestabilización institucional,  y el factor causante de la muerte física de miles de conciudadanos seducidos por el espejismo de enriquecimientos rápidos y falaces escalamientos en la pirámide de poder.

 Mediante fantasioso arrastre de perversa publicidad quieren hacerle creer, a quienes no tienen facultades dialécticas cultivadas en la academia, a quienes ciegamente confían en la buena fe de burócratas gobiernistas, de enredadores, sofistas, y asalariados difusores de paraísos imposibles, que a Colombia le llegan horas de plácido sosiego, y que milenarias dificultades naturalmente derivadas del status social, económico, cultural, ambiental,  y hasta de la estructura psicológica de los pueblos, se solucionarán a fuerza de estrambóticas directrices con enfoques regionales, comunitarios y socializantes.

 Hoy Colombia es victima de una estafa. El verdadero camino de la paz no puede construirse aireando cultivos de plantaciones delincuenciales. Lo que verdaderamente contribuye a propiciar aceptables condiciones de respetuosa convivencia, desarrollo económico y justicia social, es la lucha persistente contra las expresiones criminales  y contra todo desacato al orden constitucionalmente establecido.

 Lo que se necesita es un Estado serio que no claudique ante la ilicitud ni se deje cautivar por habilidosas promesas de mafiosos empedernidos.

 Lea, todavía tiene tiempo para descubrir que los acuerdos habaneros son trampa armada para poder decir que el Estado colombiano  no cumplió sus compromisos, y que el conflicto nunca terminó.  

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 23.09.16

Tribunal inconstitucional

 Es vergonzosamente insultante el contubernio de las autoridades nacionales, de la descastada élite jurisdiccional  y de la progenie dirigente colombiana, frente a hechos homicidas cuyo esclarecimiento exige mínimos de limpieza y  rectitud.

 Aquí, contra toda lógica, sucedió que altos tribunales invalidaron las pruebas contenidas en los computadores de alias Raúl Reyes, que aún deben servir  -las pruebas digo-  para que la CPI incrimine a varios personajes  vivos que indiscutiblemente participaron en actividades delincuenciales del grupo guerrillero en que militaba el abatido.

 Por ese torcido sendero se abrió espacio a flagrante impunidad, técnicamente se clausuró la obligación estatal de interrogar siquiera a quienes están claramente mencionados en archivos digitales reveladores de esa verdad terrible que la sociedad colombiana necesita conocer, y que  la justicia debe sancionar.

 Por medio de semejante despropósito judicial sencillamente se decretó olvidar dolorosos episodios violentos, se le echó tierra, y bastante, al pasado sombrío de encumbrados criminales que colaboraron con la cuadrilla de Tirofijo, de copartícipes sobrevivientes que hoy posan de pacifistas y prosiguen su paseíllo triunfal sobre ensangrentadas  arenas políticas.

 Escasos colombianos recuerdan que esos aparatos contienen el rastro de viles ataques a preciados derechos universalmente proclamados como inviolables e irrenunciables. Pero las decisiones jurisprudenciales nacionales, como por arte de magia, declararon invisibles e impronunciables tangibles elementos de tan contundente fuerza probatoria.

 Entre tanto, del rescoldo del palacio de justicia sacan restos óseos dotados de insospechada elocuencia, mandíbulas que hablan, cráneos que razonan, fémures que caminan, falanges que escriben cuentos fantasmagóricamente interpretados por administradores de justicia dedicados a entretener el palco, y de paso enlodan militares  nuestros que por avatares existenciales acudieron al sitio para tratar de rescatar a los secuestrados y recuperar el inmueble asaltado. Pocos tienen claro que allí se libró una batalla de la legitimidad institucional  contra los mandaderos de Pablo Escobar.

 Si realmente nos  quisieran decir verdades, a cambio de dedicarse a profanar tumbas de difuntos para utilizarlos perversamente como voceros del ignoto y desconocido más allá, debieran indagar y escuchar las versiones judiciales de quienes, durante tantos años, han ocultado los secretos financieros del grupo de Bateman y de los tales intelectuales latinoamericanos que lo apoyaban,  de sus nada revolucionarias relaciones con el narcotráfico, y definir la responsabilidad que pueda caberle al aturdido mandatario que desde su balcón atisbó la llamarada infame en que se consumió lo más granado del pensamiento jurídico colombiano.

 Este pobre país navega de bandazo en bandazo a merced de oleajes que lo marean y lo embrutecen, de abordajes ideológicos que ni siquiera identifica, de ventiscas que lo envenenan lentamente porque en el turbión de mezquindades se traga las aguas contaminadas de aguamalas y renacuajos.

 Ahora mismo lo quieren empantanar  con un tribunal espurio, justicia especial para la paz que arrasará lo poco que queda de legitimidad jurídica. A la justicia ordinaria, que es la constitucional, le burlarán el oficio de juzgar, y esa tarea pasará a manos de burócratas extraños para consolidar el  último nuevo triunfo de la mafia criolla que a su amaño designa magistrados para exonerarse de cargos.   

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 10.09.16