Terrorismo, narcotráfico y bloqueo

 Es difícil fijar punto de partida que facilite determinar los orígenes y analizar científicamente el laberinto político, económico  y sociológico del Cauca.

 Egoísmo, envidia y torpeza parecen condiciones genéticas predominantes en este ambiente de dispersión, que cíclicamente recrudece para causar incalculables daños inmediatos, y dejar efectos residuales irreparables.

 Los conflictos, porque no es uno ni único, abundan y se multiplican sobre toda la geografía en que vivimos confinados a consecuencia de unas guerras familiares ya lejanas, y de unas delimitaciones administrativas posteriores que nos distanciaron del progreso, de las oportunidades comerciales con el resto del país y con el mundo.

 Somos un reducto territorial agreste, un sector de paso azotado por insólitos vendavales étnicos culturalmente autodestructivos. Miopía y mezquindad asfixian esta ínsula preñada de maravillas y riquezas naturales. Incapaces de usufructuarlas y disfrutarlas en convivencia, conforme a métodos racionales de sostenibilidad ambiental que novísimas teorías del crecimiento productivo dejan al alcance, preferimos agredirnos y aniquilarnos.

 Entre tanto inclementes hordas procedentes de todos los puntos cardinales arrasan exiguos recursos presupuestales públicos, y montan sus imperios familiares en la lejana Bogotá, desde donde nos carean para guerrear en su nombre y a beneficio de sus particulares intereses.

 El caucano de hoy, y probablemente el de siempre, en demencial antropofagia arrincona, fulmina, desfigura, aplasta y destruye tanto al coterráneo como al advenedizo valiosos, con visceral empeño de obstruir el florecimiento de otros estilos políticos,  el empoderamiento de generaciones progresistas, el afianzamiento de desarrollos comerciales eficientes, y se parapeta en extinguidas y dudosas purezas de raza, y en discutibles tradiciones posesorias de unos territorios que, de seguir como van, pasarán al criminal dominio de bandas organizadas, históricamente dispuestas a copar con sus oscuras fortunas los humeantes predios abandonados tras estúpidas confrontaciones fraternas.

 En el universo de la manufactura industrial no contamos para nada, prueba de ello es que nadie ha reclamado por desabastecimiento de materias primas o productos elaborados en la Meseta de Popayán, en cambio sí, la comunidad payanesa sufre el faltante de alimentos, medicamentos, combustibles y múltiples  bienes indispensables en la vida de relación que aquí no se procesan. De contera,  incipientes avances agroindustriales, rústicos proyectos fabriles, pequeños emprendimientos artesanales, mínimos despegues turísticos se precipitan a la ruina financiera tras anacrónicas protestas indigenistas manipuladas por el terrorismo supérstite.

 Después  de absurdos atropellos, desmanes, y menoscabo a derechos fundamentales constitucionales, unos de naturaleza individual y  otros de estirpe colectiva,  ocurridos sobre tramo de dominio público, que tal es el viaducto internacional globalmente conocido como Carretera Panamericana, a ningún inversionista legítimo y  sano de mente se le ocurrirá   montar comercio lícito en tierras ariscas y bárbaras, en las que vida, bienestar, y patrimonio del ciudadano decente no tienen protección.

 Y entre estólidos desordenes aparecen pontífices que justifican el bravucón estilo de los amotinados con agria censura contra quienes deploramos el caos. A tanta corrección política no nos pueden inducir los pedagogos de la paz, que pretenden enseñarnos a decir que estamos de acuerdo con lo que no debemos estarlo. El derecho a disentir es un derecho natural inalienable.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 10.06,16

Bla, bla, bla

 Dice el preámbulo de la Constitución, que  fue decretada, sancionada y promulgada para …  “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”,  … y hasta para “ impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.

 Sin caminar lejos se verifica que sobre la “carretera panamericana”,  que básicamente   debiera integrar a Cauca y Valle del Cauca, no hay igualdad, convivencia, orden político, libertad, paz, justicia, ni democracia,  ningún valor del ambicioso preámbulo constitucional rige hoy allí.

 Si un ciudadano indio, negro, mestizo, o zambo, el que más se ajuste a la realidad étnica del sector, resuelve viajar desde Popayán hasta Puerto Tejada a trabajar,   

todo dentro de estrechos límites geográficos departamentales, se topa con que no hay servicio de transporte en bus, ni en chiva, ni en camión, ni en nada que ruede por tierra.

 Sorprendido ante la imposibilidad de comprar un pasaje, interroga a la expendedora sobre las razones de tan arbitraria limitación para movilizarse,  y la señora le responde: los indios.

¡Cómo así!, grita, yo soy colombiano, y tengo derecho a circular libremente por todo el territorio nacional;  y se queda pensando, y agrega, así lo consagra la Constitución que rige para todos, los indios no me pueden secuestrar.

 Eso lo oye un pelirrojo, un pobre campesino al que sus paisanos presumen europeo y que de tal solo tiene el color de los cabellos,  porque al momento de la conquista él ya descendía de los súbditos del cacique Timbú, aquí en las goteras de Popayán,  en donde los indios acaban de quemarle un carro patrullero a la policía.

 Angustiado el pelirojo se inquieta porque tiene una cita urgente en Cali, pues un médico particular  al que debió acudir ante la negativa de su EPS para remitirlo al especialista le diagnosticó una disfunción orgánica que debe corregirse para evitarle la muerte prematura, pero la  ayuda quirúrgica no existe en Popayán, … y al final rezonga: indios de mierda, -con el perdón de mi tatarabuela-, piensa.

 Estamos como en los tiempos de la creación, sin saber cómo ni cuándo alcanzaremos los objetivos del mero preámbulo, y peor, porque ni siquiera sabemos hacia dónde nos llevan los que, dicen, representan los intereses de la sociedad y están al mando del Estado, unos, o al frente de la protesta social, otros.

 Es claro que si no se cumple el mínimo de tales postulados insertos en el preámbulo, esas metas hacia las que debe orientarse el rumbo de las instituciones en el plano interno, pues para qué ocuparse de analizar lo que suceda en materia de integración con otros países, como Ecuador,  o Venezuela en donde el dictador patea la convivencia y nuestro gobierno no se sacude.

 Ante tan magro panorama, aturde imaginar el uso que se le piense dar al resto de la Norma Superior, ahora que la sacaron a remate.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 05.06.16

Tapujos insultantes

 Quienes aprendimos y creemos que por la verdad murió Cristo, y que decirla fue causa determinante de su martirio, defendemos la necesidad de cultivarla y  mantenerla en la construcción de convivencia civilizada.

 Los que mandan en este país, los que por meritocracia o por benevolencia democrática se ubican en los peldaños superiores del poder, están moralmente obligados a valerse de la verdad para comunicarse con la masa popular, expectante, desconcertada y confundida bajo inclemente cascada de aterradoras falacias.

 De entrada deben admitir que nadie está obligado a estar de acuerdo con los acuerdos, y que el desacuerdo con los acuerdos no convierte a nadie en enemigo de la paz.

 Alimentar esa táctica extremista de etiquetar al opositor para que otros lo lapiden puede conducir a conflictos de mayores proporciones y peores consecuencias que las ya experimentadas.

 El secuestro de Salud Hernández Mora, y otros dos periodistas que le seguían la pista a la noticia de su secuestro, debe servir como freno al vocabulario dulzarrón con que el gobierno disimula el crimen, y a la ostensible intolerancia con que apostrofa a los contradictores del mecanismo negociador que privilegia la impunidad.

 Servirle a la causa de la verdad no puede convertirse en motivo de sanción social, ni de represión oficial, ni de retaliación mafiosa. Y el aparato estatal, constituido para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sus creencias y demás derechos y libertades, no puede incurrir en la estulticia de disfrazar y soslayar la brutalidad de los violentos.

 En Colombia no puede estatuirse como canon de buena diplomacia, ni de corrección política, el lento, tardío y  timorato repudio del delito.

 Es verdad que el relativismo, del que hacen gala todas las ramas del poder público, vino a ser una de las fatídicas consecuencias del nuevo orden constitucional implantado desde 1991, y que las garantías del debido proceso tienden a menguar, en las etapas preliminares de la investigación,  la entidad dañosa de los hechos punibles y de sus ejecutores, a tal punto que asesinos, violadores, secuestradores y terroristas, aún siendo capturados en flagrancia, gozan de cierta cortesía jurídico penal que los cataloga como elementales presuntos infractores del ordenamiento punitivo.

 Pero nada justifica que el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, con ofensiva desfachatez, utilizaran los medios informativos para insinuar que la secuestrada no estaba secuestrada, y que ella voluntariamente había desaparecido en la boca del lobo.

 A tal situación de sometimiento no pueden conducirnos los inagotables diálogos de paz, mañosa y  paulatinamente reducidos a negociación para finalizar el conflicto, y luego, como para poder descartar el plebiscito, trocados en acuerdos especiales integradores del bloque de constitucionalidad.

 Así porque sí, porque estamos expuestos a exorbitantes facultades del ejecutivo y a  humillantes exigencias de bandas ilegalmente armadas, con la anuencia de un poder legislativo castrado y una rama judicial ausente, no pueden cercenarnos los derechos a la libertad de opinión, prensa e información (Art. 20 C.N.), y a la libertad de locomoción (Art. 24 C.N.), mientras subrepticiamente reforman la Constitución desde La Habana.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 29.05.16