Bla, bla, bla

 Dice el preámbulo de la Constitución, que  fue decretada, sancionada y promulgada para …  “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”,  … y hasta para “ impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.

 Sin caminar lejos se verifica que sobre la “carretera panamericana”,  que básicamente   debiera integrar a Cauca y Valle del Cauca, no hay igualdad, convivencia, orden político, libertad, paz, justicia, ni democracia,  ningún valor del ambicioso preámbulo constitucional rige hoy allí.

 Si un ciudadano indio, negro, mestizo, o zambo, el que más se ajuste a la realidad étnica del sector, resuelve viajar desde Popayán hasta Puerto Tejada a trabajar,   

todo dentro de estrechos límites geográficos departamentales, se topa con que no hay servicio de transporte en bus, ni en chiva, ni en camión, ni en nada que ruede por tierra.

 Sorprendido ante la imposibilidad de comprar un pasaje, interroga a la expendedora sobre las razones de tan arbitraria limitación para movilizarse,  y la señora le responde: los indios.

¡Cómo así!, grita, yo soy colombiano, y tengo derecho a circular libremente por todo el territorio nacional;  y se queda pensando, y agrega, así lo consagra la Constitución que rige para todos, los indios no me pueden secuestrar.

 Eso lo oye un pelirrojo, un pobre campesino al que sus paisanos presumen europeo y que de tal solo tiene el color de los cabellos,  porque al momento de la conquista él ya descendía de los súbditos del cacique Timbú, aquí en las goteras de Popayán,  en donde los indios acaban de quemarle un carro patrullero a la policía.

 Angustiado el pelirojo se inquieta porque tiene una cita urgente en Cali, pues un médico particular  al que debió acudir ante la negativa de su EPS para remitirlo al especialista le diagnosticó una disfunción orgánica que debe corregirse para evitarle la muerte prematura, pero la  ayuda quirúrgica no existe en Popayán, … y al final rezonga: indios de mierda, -con el perdón de mi tatarabuela-, piensa.

 Estamos como en los tiempos de la creación, sin saber cómo ni cuándo alcanzaremos los objetivos del mero preámbulo, y peor, porque ni siquiera sabemos hacia dónde nos llevan los que, dicen, representan los intereses de la sociedad y están al mando del Estado, unos, o al frente de la protesta social, otros.

 Es claro que si no se cumple el mínimo de tales postulados insertos en el preámbulo, esas metas hacia las que debe orientarse el rumbo de las instituciones en el plano interno, pues para qué ocuparse de analizar lo que suceda en materia de integración con otros países, como Ecuador,  o Venezuela en donde el dictador patea la convivencia y nuestro gobierno no se sacude.

 Ante tan magro panorama, aturde imaginar el uso que se le piense dar al resto de la Norma Superior, ahora que la sacaron a remate.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 05.06.16

Tapujos insultantes

 Quienes aprendimos y creemos que por la verdad murió Cristo, y que decirla fue causa determinante de su martirio, defendemos la necesidad de cultivarla y  mantenerla en la construcción de convivencia civilizada.

 Los que mandan en este país, los que por meritocracia o por benevolencia democrática se ubican en los peldaños superiores del poder, están moralmente obligados a valerse de la verdad para comunicarse con la masa popular, expectante, desconcertada y confundida bajo inclemente cascada de aterradoras falacias.

 De entrada deben admitir que nadie está obligado a estar de acuerdo con los acuerdos, y que el desacuerdo con los acuerdos no convierte a nadie en enemigo de la paz.

 Alimentar esa táctica extremista de etiquetar al opositor para que otros lo lapiden puede conducir a conflictos de mayores proporciones y peores consecuencias que las ya experimentadas.

 El secuestro de Salud Hernández Mora, y otros dos periodistas que le seguían la pista a la noticia de su secuestro, debe servir como freno al vocabulario dulzarrón con que el gobierno disimula el crimen, y a la ostensible intolerancia con que apostrofa a los contradictores del mecanismo negociador que privilegia la impunidad.

 Servirle a la causa de la verdad no puede convertirse en motivo de sanción social, ni de represión oficial, ni de retaliación mafiosa. Y el aparato estatal, constituido para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sus creencias y demás derechos y libertades, no puede incurrir en la estulticia de disfrazar y soslayar la brutalidad de los violentos.

 En Colombia no puede estatuirse como canon de buena diplomacia, ni de corrección política, el lento, tardío y  timorato repudio del delito.

 Es verdad que el relativismo, del que hacen gala todas las ramas del poder público, vino a ser una de las fatídicas consecuencias del nuevo orden constitucional implantado desde 1991, y que las garantías del debido proceso tienden a menguar, en las etapas preliminares de la investigación,  la entidad dañosa de los hechos punibles y de sus ejecutores, a tal punto que asesinos, violadores, secuestradores y terroristas, aún siendo capturados en flagrancia, gozan de cierta cortesía jurídico penal que los cataloga como elementales presuntos infractores del ordenamiento punitivo.

 Pero nada justifica que el Presidente de la República y su Ministro de Defensa, con ofensiva desfachatez, utilizaran los medios informativos para insinuar que la secuestrada no estaba secuestrada, y que ella voluntariamente había desaparecido en la boca del lobo.

 A tal situación de sometimiento no pueden conducirnos los inagotables diálogos de paz, mañosa y  paulatinamente reducidos a negociación para finalizar el conflicto, y luego, como para poder descartar el plebiscito, trocados en acuerdos especiales integradores del bloque de constitucionalidad.

 Así porque sí, porque estamos expuestos a exorbitantes facultades del ejecutivo y a  humillantes exigencias de bandas ilegalmente armadas, con la anuencia de un poder legislativo castrado y una rama judicial ausente, no pueden cercenarnos los derechos a la libertad de opinión, prensa e información (Art. 20 C.N.), y a la libertad de locomoción (Art. 24 C.N.), mientras subrepticiamente reforman la Constitución desde La Habana.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 29.05.16

Repaso

 Somos apenas el tenue bosquejo, no una democracia actuante. El camino es espinoso, al asecho siempre hay traiciones y retrocesos, pero el destino es avanzar.

 Aunque estamos libres de culpas frente a pasadas equivocaciones de nuestros lejanos ancestros, también es verdad que debemos responder por los errores del presente y por los desastres que ocurran en el futuro inmediato. Quiera Dios que así como nos beneficiamos con algunos pocos aciertos del pretérito, también alguien reciba el favor de lo poco bueno que logremos dejar.

 Y la responsabilidad actual es colectiva. A nosotros no nos salva la manida muletilla de violencias fratricidas imputables a la izquierda o a la derecha, a la hegemonía conservadora o a la república liberal. Esas sí que fueron memorias mal narradas, porque con el paso del tiempo se llegó a saber que ni los godos cercenaron tantas cabezas como se dice, ni los cachiporros se resignaron a dejarse decapitar, entre todos se mataron por parejo.

 Lo de este siglo es de este siglo, es nuestra hechura y nuestro fracaso, de nada  sirve enfocarle el retrovisor  a la regeneración del 86 o a las reformas del 36, al golpe del 53 y al  retrogolpe del 57, o a la abusiva sustitución constitucional del 91 contra la que nadie reviró y a la que, en gran medida, le debemos esta irredenta condición pendular, este reflejo especular de patria boba que sin reposo peregrina entre el samperismo y el santismo, entre el gavirismo y el galanismo, que entre los males que sufrimos son lo mismo.       

 Decididamente se ha impedido el fortalecimiento constitucional. No se ha respetado la prístina intensión fundamental de vivir en libertad dentro del orden, ni se ha dejado cuajar un verdadero Estado de Derecho. A cada quien, como a las cabras locas de que habla la izquierda latinoamericana cuando censura los balidos en sus propios apriscos, a cada linaje segmentario le ha dado por marcar el ámbito de su mandato con postizos sellos contestatarios, que a la hora de nona sólo han servido para afianzar estirpes y castas de su misma pelambre, veleidosas, desleales, pusilánimes y tiránicas.

 A las masas las llevan arriadas y ellas se dejan arriar. Rebaños domesticados acuden al saladero cuando les mueven un trapo o les exhuman un cadáver, y vuelve a girar la vieja noria que, con las mismas aguas y por los mismos canales, repite el rito de irrigar los mismos predios.

No son símbolos indicativos de vigencia democrática esa reducción del umbral aprobatorio para un mecanismo de participación ciudadana como el plebiscito; ni afanosos trámites de leyes habilitantes para que el ejecutivo haga y deshaga; tampoco la tarda inclusión de materias no debatidas en acomodaticio acto legislativo que ya tienen cocinado entre vapores de sacarosa y otros ingredientes melíferos; mucho menos la sumisa aprobación integral de anchos y largos acuerdos que nadie ha leído pero que cuentan con seguro pupitrazo en el Congreso; esto sin incluir otra listilla de reiteradas violaciones a la Carta Fundamental, ni el importaculismo oficialista ante vergonzosas estadísticas de desaprobación popular.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán. 22.05.16