Marcha

 Hubo marcha, y no una movilización paga ni embadurnada de melaza. De manera espontánea salió la gente a expresar insatisfacción y descontento, a rechazar la humillante postración del gobierno ante una caterva delincuencial cínica y psíquicamente incapaz de reconocer los daños causados a la sociedad.

 Los colombianos marchantes, que anhelan feliz convivencia y bienestar colectivo, manifestaron en calles y plazas de las principales ciudades su repudio a la impunidad, no a la paz como algunos torcidamente afirman. La inconformidad no es con la búsqueda de la paz sino con la inicua metodología de los diálogos y la oscura maquinación de los acuerdos.

 Harto se  diferencia una negociación abierta,  limpia y altruista, que genere confianza y propicie consensos  para el bienestar  general y el progreso colectivo, de ese tapujo en que se gestan groseras claudicaciones, no para vivir en paz, sino para ambientar el establecimiento de un sistema caótico en que reducida minoría violenta pretende reformar la Constitución conforme a sus gustos y preferencias.

 Permanentemente, desde cuando se les cayó la tramoya y tuvieron que publicitar la existencia de los diálogos, y seguramente durante el secretismo de oculta etapa embrionaria, diversos voceros del grupo terrorista han salido a disimular sus acciones delincuenciales con falaces argumentos que el pueblo ni se traga ni digiere.

 Quisieran los facinerosos desfigurar y ocultar la tajante brutalidad de sus crímenes, pero torpemente los siguen cometiendo a la sombra de una estrategia poco política aunque sí tácticamente intimidante.

 Porque de político nada tiene el fusilar a quienes no comparten sus métodos ni consienten sus delincuencias, como acaban de hacerlo con el comandante del puesto de policía de López de Micay;  ni el destruir la infraestructura vial nacional, como lo hicieron la semana pasada con un tramo de la carretera panamericana entre Popayán y Cali;  mucho menos el deforestar inmensas extensiones selváticas para sembrar coca, como actualmente ocurre justamente en la cuenca del río Micay sobre la costa del Pacífico caucano;  tampoco se inscribe en la acción política el envilecer las condiciones vitales de la población rural inerme,  a la que le imponen obligaciones y contribuciones que quebrantan su espíritu de orden y sentido de legalidad, para forzarla a ocultar armas, transportar insumos para procesamiento de narcóticos, o guardar silencio ante violaciones y reclutamientos de menores, o ante frecuentes despojos patrimoniales.

 Es natural y necesario que personas comprometidas con el destino de la patria, empeñadas en mantener y conservar el digno espíritu de unidad nacional, convencidas de las bondades que se derivan del acatamiento y respeto a instituciones superiores tradicionalmente defendidas por verdaderos adalides de las libertades públicas  y de los derechos inalienables de los seres humanos, enfilen sus críticas y protestas pacíficas contra procaces ablandamientos del establecimiento,  orientados a desestructurarlo, para sustituirlo por esquemas administrativos y socioeconómicos dolorosamente fracasados, como ya se aprecia en la vecina Venezuela.

 Existen, menos mal, noticias reconfortantes: La Corte Penal Internacional advierte que cualquier acuerdo de paz debe ser compatible con el Estatuto de Roma y que no consentirá la impunidad para graves crímenes cometidos durante el conflicto colombiano.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 14.12.14

Interrogantes

 ¿Irremediablemente se deben aprobar caminos catastróficos? ... Este y los que se le parezcan son interrogantes que necesitan plantearse los jóvenes colombianos de hoy.

 El estrépito de ofensivos escándalos públicos  a diario conocidos y  de inmediato soslayados, deja ver que es necesario reconstruir la desvencijada  estructura institucional, y que al interior de la sociedad hace falta buena dosis de sensibilidad en pro del bienestar comunitario y un positivo acercamiento a las disciplinas del espíritu.

 Son inaplazables los ajustes éticos y es urgente la proyección de sanas infraestructuras productivas que busquen integral mejoramiento de las nuevas generaciones.

 No debiera ser así pero lo es: el actual ciudadano promedio ya no se inquieta por el acto irregular o abiertamente ilícito que se ejecuta en los tenebrosos entramados de la administración pública. La cuota, el subsidio, la tajada, la chanfaina o la escueta permisividad son materia prima que sustenta y consolida insoportables niveles de corrupción estatal.

 Por física pereza intelectual y muscular, perversamente inoculadas desde las élites  y dócilmente cultivadas y  amplificadas por la masa clientelar, se hunden las gentes comunes en los lodazales de la ignorancia,  y en la criminalidad como reprochable mecanismo de figuración pública e ilegítima fuente de recursos dinerarios para satisfacer exigencias consumistas.

 Para colmo de males, entre tantos desaciertos gubernamentales  y desfachatadas componendas   fraguadas para desarticular tanto  el ordenamiento constitucional vigente como las ancestrales nervaduras culturales, se aclimatan  en estos tiempos dulzarrones  aromas de displicencia frente a los retos jurídicos y morales del mañana,  y se alientan mafiosas proclamas para desmoronar los anclajes  de  la dignidad colectiva y la pura esencia de la histórica lucha nacional contra el crimen.

 La labor de formación ciudadana, que fulguraba en los centros docentes de diversos niveles, y la genuina información que brillaba en paginas de diarios, frecuencias radiales y canales audiovisuales entraron en franca disolución. Escuelas, colegios y universidades extraviaron la carta de navegación que nos legaron los constructores de la república, y los medios, como abreviadamente se denominan múltiples y modernas redes de información masiva, prostituyeron el ejercicio de su misión social para sumirse en la  imbecilidad adulatoria pródigamente remunerada.

 El bochinche esquinero, la perorata cursi de chamanes y cartománticos, la imagen morbosa y repugnante, y la arrolladora promoción comercial de cachivaches inservibles, es lo  único que anida en la retina de quienes perseveran ante las pantallas chicas que, en otras épocas, llevaban a la plácida intimidad de los hogares colombianos no sólo cultas opiniones sino la actualidad de noticias cruciales.

 Con toda su capacidad instalada, los ejecutivos de radio, televisión y prensa merodean hoy en las oficinas públicas para recibir el cheque que compra silencios, sin que ningún reparo les merezca la estrafalaria cantilena gubernamental, indiscutible apología del delito, que pretende elevar la producción y venta de narcóticos a nobilísima forma de lucha para acceder al gobierno del Estado.

 Sin detrimento del honor y del buen juicio, ¿refrendarán los jóvenes colombianos de hoy el absurdo borrón de los prontuarios judiciales, propuesto por el presidente Santos, para elevar a la categoría de próceres nacionales a los más repudiados criminales del hampa criolla?

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 06.12.14

Amenaza terrorista

 Necesitamos que el presidente Santos afine, el país no soporta el ciego mensaje que los terroristas  lanzan por televisión, mientras barruntan la posibilidad de continuar presionando los acuerdos, no la paz, con acciones violentas. Dan ellos a entender que el delito es su mecanismo preferido para lograr los propósitos del grupo, para ablandar al gobierno  y buscar que los diálogos se prolonguen en el indefinido marco del cese bilateral de hostilidades.

 En ese sentido puede interpretarse la intervención de alias "Alape", quien vino a ejercer como cabecilla de la banda que secuestro al general.  Ocurrida la liberación apareció el guerrillero en las pantallas, esta vez no como negociador sino como secuestrador, diciendo, más o menos, que el secuestro sirvió para demostrar que lo que sucede en Colombia, es decir sus acciones violentas, sí afectan las conversaciones en Cuba.

 Quieren convencernos de que la tregua bilateral permitirá negociar sin interrupciones, pero no dicen durante cuántos años harán política con las armas en la mano.

 Nos traen de amenaza en amenaza, hace pocos días fue "Timochenko" quien resaltó la vulnerabilidad del general Alzate si no cesaban los operativos de la fuerza pública en territorio chocoano.

 Esos mensajes deben valorarse en su contexto mafioso, conllevan una carga conminatoria: si el gobierno no se ajusta al querer del grupo narcoterrorista seguirán los episodios que generan dolor y desesperanza entre el pueblo y entre las élites.  

 Con la liberación de secuestrados, publicitariamente pretenden presentarse como gestores de paz, apóstoles de convivencia y emisarios de reconciliación, mientras olvidan coetáneos atropellos agotados en López de Micay, Gorgona, Jamundí, Suarez, y otros lugares donde la policía es blanco de ametrallamientos y ataques dinamiteros, e intentan acallar el secuestro de un niño en Caldono.

 No está el palo para cucharas. El terrorismo de los últimos días, busca condicionar al gobierno no solo para renegociar lo ya negociado y alargar el conflicto en que se amparan los diálogos, sino para conseguir que nos olvidemos de su pasado y les agradezcamos medio siglo de infamia.

 Quieren lograr rápido lo que siempre han buscado, no pagar condenas, no indemnizar a sus víctimas, obtener  graciosas curules parlamentarias, blanquear su inmensa fortuna, y no entregar las armas.

 Con el eterno sofisma de la paz, que la hacen suya, quieren cambiarnos la lengua por un alpargate y piden armisticio, institución del derecho internacional que no pone fin al conflicto, y sólo es aplicable a confrontaciones armadas de carácter internacional, guerra interestatal, sin que sea necesario entregar las armas porque en cualquier momento se pueden reanudar los combates.

 En ese plan, después de las liberaciones, el primero en copar la pantalla chica fue alias "Márquez", quien con sosegada palabrería curialesca y sin rubor alguno reclamó la necesidad del armisticio, dizque porque suena incoherente hablar de reconciliación mientras se atiza la guerra.  Lo que no dijo es que son ellos los que le meten combustible a la hoguera.

 Ñapa. Admirables palabras de Tabaré Vásquez al ganar las elecciones: "Necesito a los uruguayos, pero no para que me sigan, sino para que me guíen."

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 30.11.14

Vox pópuli

 Cuesta trabajo aceptar  y justificar la publicitaria vocinglería del terrorismo colombiano, manifestada ante notarios iberoamericanos congregados  en Cuba, a los que se les comunica una rara  voluntad de hacer la paz mientras se intensifican los asaltos contra el pueblo.

 Vale repetir que los ciudadanos corrientes anhelamos la paz, la queremos, la necesitamos, pero no compartimos los arteros métodos de quienes nos la quitaron durante buena parte del siglo pasado, y también nos la niegan en el transcurso del presente mientras gritan que la quieren.

 Tampoco aceptamos que los aduladores del gobierno y de los terroristas insistan en proclamar las bondades de una negociación que perdió el rumbo gracias a meliflua palabrería de quienes, en representación de la sociedad inerme,  estaban en el deber de enfilar el lenguaje y las acciones hacia el cese unilateral de hostilidades.

 A ese inicial propósito le dislocaron el objetivo. Lo que se necesitaba era cesar las hostilidades  contra la sociedad que ha sido y sigue siendo víctima de la violencia guerrillera, y contener el ataque contra el Estado de Derecho conformado por pluralidad de personas e instituciones que respetan su Constitución y se acogen a su amparo.

 El gobierno y sus negociadores, virtuales representantes de la sociedad colombiana, no pueden continuar a manteles con los cabecillas de una horda asesina que dispara sin clemencia contra todo lo que signifique autoridad, institucionalidad, jerarquía y orden establecido.

 La voluntad de paz se exterioriza con genuinos gestos de paz, y la personalidad criminal se deduce del simple accionar delictivo. Al gobierno no le queda bien ignorar el clamor ciudadano para que a los alzados en armas se les notifique y se les haga sentir que los ilegales son ellos.

 Dorar la píldora, elogiar a los secuestradores porque manifiesten intención de liberar al secuestrado mientras perversamente prolongan el cautiverio, disimular el cinismo y mala fe de los delincuentes que se disfrazan de respetuosos colaboradores y empecinados gestores de una convivencia que no sienten, y reconocerles una generosidad que en los bandidos no germina, es igual que autorizarlos para mantener la burla que le hacen al pueblo y sus gobernantes.

 No hace falta desempolvar lejanos recuerdos. No acababa el Presidente Santos de complacerse por el anuncio de la hasta ahora inconcreta liberación del General Alzate Mora, cuando  un grupo de policías acantonados en la Isla Gorgona fue victima de feroz agresión por parte de los mismos secuestradores del alto oficial.

 El brutal asalto a ese espacio natural protegido para la conservación de las especies, santuario de ecologistas y de amantes de la naturaleza, y  el cobarde asesinato de un uniformado que allí trabajaba son pruebas palpables de que se le conceden demasiadas ventajas a los verdugos.

 Engañan al Cauca  y  a sus comunidades vulnerables quienes aplauden la presencia de Santos en este departamento huérfano de ejecutorias y de sinceridad gubernamentales.  No es primicia informativa, la martirizada Costa del Pacífico está  a merced de criminales guerrilleros que con dineros sucios  alimentan cuentas de candidatos dispuestos a saquear y a facilitar el saqueo de la riqueza pública.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 23.11.14