Hora negra

 En hora 20, el pasado miércoles 12 de febrero, Clara López y Simón Gaviria nos contaron que conocen información privilegiada sobre los hallazgos de la Fiscalía durante allanamientos a la inteligencia militar.

 Se cuidaron muy bien de revelar la fuente informativa. Cuando la periodista Diana Calderón pidió profundizar sobre el origen de semejante anuncio sólo se oyó el profundo ¡uffff! ... de Simoncito, en manifiesto reconocimiento de que él y doña Clara la estaban embarrando. Fuentes de alta fidelidad terminaron diciendo, y allí paró la cosa.

 Ante la audiencia de ese programa de opinión, quedó clarísimo que mientras la Fiscalía hurga en los secretos archivos de "Andrómeda", las colectividades políticas que esas personalidades dirigen, Polo Democrático y Partido Liberal, hurgan en los archivos secretos  de la Fiscalía.

 Si las cosas son así, tal como siempre han sido, pues una vez más queda demostrado que el sistema penal oral acusatorio es un fracaso.

 No hay derecho que ampare semejante conocimiento. En términos cabales, a estas alturas de la indagación ningún particular está justificado para conocer, tal como ellos dijeron que conocen, la  cantidad de carpetas o expedientes encontrados durante el registro, ni mucho menos saber, con semejante precisión, cuántas de tales carpetas corresponden al supuesto seguimiento a esos partidos y a sus militantes.

 Hasta donde se sabe, en la fecha de ese programa radial, dentro del caso "Andrómeda" no se había realizado audiencia de imputación contra ninguna persona presuntamente responsable de incurrir en conductas tipificadas como delito por nuestro Código Penal.

 En otras palabras, por ahora, la información que la Fiscalía tenga debe estar bajo cadena de custodia, medida procesal que sólo se rompe en el momento en que se haga el descubrimiento de las pruebas con que cuenta la Fiscalía, uno de los requisitos formales de la acusación.

 No hemos abandonado, entonces, las viejas épocas en que el público compraba en los semáforos las reproducciones fotostáticas  de indagatorias judiciales que se acababan de practicar y que tenían carácter reservado.

 No se ha depurado el personal de los organismos investigativos, algunos de cuyos servidores continúan revelando las intimidades, los documentos reservados de las indagaciones criminales, ni se desvirtúan las apreciaciones del actual Ministro Gómez Méndez, quien también fue Fiscal General de la Nación y no cree en la eficacia del sistema acusatorio beligerantemente defendido por el Fiscal Montealegre.

 No hay seriedad institucional en Colombia.  Aparte de las excesivas garantías con que permanentemente se beneficia a la delincuencia organizada, venimos a notificarnos de que la administración de  justicia continúa permeada por la anarquía y que somos peligrosamente vulnerables en circunstancias que arriesgan la estabilidad democrática.

 Ante tales noticias sólo nos queda saber la verdad sobre el color de la mano en que nos encontramos.

 Si el establecimiento rastrea a sus propios aliados, y si sus aliados rastrean al establecimiento, lo único que nos falta es el anuncio oficial sobre la existencia de un nuevo orden nacional, impuesto desde Cuba, en el que los ciudadanos colombianos, como les ocurre a los venezolanos, perdamos hasta el derecho a la protesta.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 13.02.14

Mejor andrómina

 Es una pobre información la que se tiene sobre "Andrómeda".

 El bombazo publicitario de la revista "Semana" terminará en nada.

 Desde el 2007 funcionarios del DAS sospechaban que inteligencia militar se les adelantaba en temas puntuales, dentro de interceptaciones efectuadas mediante el sistema "Esperanza" de la Fiscalía General de la Nación.

 Al parecer un funcionario del CTI,  elemento de confianza de la Fiscalía,  entregaba a los militares de la Cuarta Brigada, acantonada en Medellín, informes que el DAS requería en el seguimiento de Alias "Karina" e "Iván Ríos",  dentro de unos proyectos conocidos como  "Cazador"  y "Fénix".

 Alguien de la Fiscalía entregaba a inteligencia militar la información que el DAS necesitaba, a tal extremo que en algunos eventos de interceptación legítima, lo que el DAS buscaba lo supo primero el ejército y nunca lo supo el DAS. Esta conclusión se obtiene al leer  el documento "Informe de contrainteligencia 98174 del 9 de junio de 2008"  publicado por la revista "Semana". Nunca se condenó al funcionario de la Fiscalía que supuestamente substraía la información.

 Ese incidente debió  originar natural malestar al interior de la Fiscalía y del DAS, y  desde entonces se le ha pretendido pisar la cuerda a las oficinas de inteligencia militar y a los militares adscritos a ellas.

 Meses después, dos funcionarios del CTI que trabajaban en la "Sala Gris" de inteligencia militar fueron condenados por  escuchar conversaciones de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la Nación y de la embajada americana, mediante interceptación ilegal, bajo el supuesto de que el teléfono intervenido correspondía a miembros del guerrillero Frente 53.  Allí quedó claro que aunque la interceptación se hizo utilizando equipos de la unidad militar, no fueron militares quienes incurrieron en la ilicitud, sino civiles adscritos al Cuerpo Técnico de Investigaciones, obviamente subalternos de la Fiscalía General de la Nación.

 En relación con la misma "Sala Gris" se presentó un incidente similar, con otro funcionario de la Fiscalía, el fiscal antiterrorismo Ramiro Antury, que  amparado en la confianza que los militares le brindaban  sacaba información sobre los teléfonos que esa oficina de Inteligencia Militar tenía legalmente interceptados. En una operación conjunta de la Fiscalía con la DEA, el fiscal Antury fue arrestado, extraditado a los Estados Unidos y posteriormente condenado por la Corte del Distrito Sur de Columbia, ante la que aceptó cargos por narcotráfico y suministro de información a mafiosos.

 En el caso "Andrómeda" las cosas marchan peor. El Fiscal dice que de haber sabido que la oficina era del Ejército no la habría allanado, tocará creerle, pero ya la allanó y como que poco encuentra, unos diez computadores, no veintiséis como se había dicho, que por lo visto y sabido no guardan nada que amerite investigación seria. Está claro que allí no se interceptaba a nadie porque la oficina pantalla no contaba con aparatos que permitieran ese procedimiento.  El Presidente, por su parte, dice que "Andrómeda" es una fuerza lícita, aunque en el susto del  arranque la alcanzó a ver oscura.

 Coletilla: Andrómina significa embuste.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 08.02.14

Conservatismo por sus fueros

 Hace carrera la mala costumbre de poner en duda los hechos notorios.

 El pérfido ejemplo viene desde las altas esferas del poder, y por eso pudo decirse que el tal paro agrario no existía, o que las aeronaves militares tiroteadas se cayeron solas, o que los archivos magnéticos de Sucumbíos no constituyen prueba, o cosas de esas que enrarecen el ambiente con  miserables tufaradas de engaño.

 El alcalde capitalino siguió tan pervertida senda, o la retomó, y al amparo de procedimientos leguleyos que no justifican  las conductas causantes de sanción, se alzó contra la Constitución como si se rigiera por leyes distintas a las que nos sometemos los demás.

 El acobardamiento frente al grotesco acontecer administrativo, el vulgar menosprecio de las consecuencias que hechos indebidos generan al interior de las instituciones, la rara subvaloración de lesivos efectos legales y sociales por causa de la indisciplina nacional, son novísimas maneras de abrir portillos para el desacato, mañosa estrategia de lucha para precipitarnos al abismo.

 Ya nadie quiere atender razones legítimas ni reconocer evidencias.

 Tal vez por eso despistados dirigentes conservadores pretenden desconocer la autoridad moral de las bases electorales que mayoritariamente rechazaron la intención de comprometer al partido en una aventura reeleccionista suicida,  que  sepultaría para siempre la vocación de poder históricamente defendida y demostrada por la colectividad azul.

 Curioso, o quizá grave, que empenachados usufructuarios de prebendas obtenidas por la confianza depositada en ellos, terminen defendiendo proyectos políticos que no se ajustan al ideario conservador.

 La defensa de la justicia es piedra angular del talante conservador. En el altar del orden se fortalece la sociedad, en los rigores de la honestidad crece la economía,  en el crisol de la dignidad se consolidan los valores humanos,  en el respeto a principios democráticos se cimenta la cultura. En el cultivo del espíritu florece y se ensancha el caudal doctrinario del ser conservador.

 En torno a esos postulados se desarrolla toda una filosofía política, una búsqueda superior de condiciones humanas que solidifiquen la participación comunitaria, se estructura una manera de pensar y de actuar que lucha por concretar ideales  anclados en  la concepción cristiana del bien común.

 La necesidad de eliminar exclusiones, de combatir privilegios, hace que las determinaciones partidistas se tomen en convenciones estatutariamente diseñadas para que se oiga y se atienda el querer popular, y no para que se impongan intereses personales.

 Al partido, a sus militantes, les venían cercenado el derecho a opinar y a disentir. Las grandes responsabilidades ideológicas se habían relegado conforme al capricho de unos dirigentes incapaces de defender el legado doctrinario de los fundadores y de los grandes mentores del partido, con el agravante de autoproclamarse inmaculados interpretes de convicciones que no profesan y de sentimientos que no cultivan.

 Al buen estilo de las tradiciones conservadoras, dentro del cabal ejercicio de autonomía,  en la más significativa  concreción del postulado de libertad, la convención nacional conservadora derrotó a quienes equivocaron el rumbo y confundieron las metas espirituales del partido con una recolección de golosinas en la  piñata reeleccionista.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 01. 02. 14

La importancia de los muertos

 En esta desvencijada patria colombiana, no obstante las desigualdades y exclusiones, resulta  inadmisible que el propio Presidente de la República,  entre los habituales disparates de sus alocuciones,  resuelva establecer odiosas categorías funerarias como insólito parámetro de referencia para definir si se mantienen o suspenden las conversaciones cubanas.

 Y también es  un disparate valorar  como gesto de lealtad o de buena voluntad o de verdadero interés en la búsqueda de la paz, el cínico reclamo de autoría criminal que los narcoterroristas hacen frente a inhumanas acciones premeditadas para acrecentar el temor entre la población civil y sumarle víctimas inocentes a la contienda, a pesar de sus promesas unilaterales de tregua.

 La complaciente debilidad del mandatario ante tan injustificables conductas homicidas de los violentos  desborda los terrenos del  simple apaciguamiento.

 Está bien que se agoten las instancias del diálogo civilizado para tratar de establecer unas rutas de acercamiento a la convivencia, y está bien que se hagan sanos esfuerzos institucionales para implantar la justicia social mediante la entronización del orden, pero, por el contrario, queda muy mal el establecimiento si busca esos propósitos  a través de la complicidad con censurables violaciones a fundamentales derechos individuales y colectivos.

 Decir que el conversatorio adelantando con la cúpula delincuencial  se revienta si se ejecutan atentados contra personalidades de la vida nacional, es casi lo mismo que autorizar a los violentos para que impunemente sigan matando a quienes no ostentan tan elevada posición social.

 Esa  afirmación presidencial sencillamente legitima el  atentado contra ciudadanos del común, contra esas personas que diariamente dejan la piel en oficios y faenas humildes, en actividades sin lustre intelectual y sin rimbombancia económica, y manda el siniestro mensaje de que el exterminio de los desvalidos no conmueve a las elites gobernantes  ni altera los innombrables proyectos de la  encumbrada plutocracia.

 En cualquier país medianamente civilizado se repudian sin distinciones los  atropellos  a la integridad  de las personas y las comunidades, pero en  Colombia se necesita categoría, se requiere clase, a las víctimas se les exigen credenciales de nombradía para que su muerte violenta motive algún pronunciamiento de rechazo por parte de las agencias gubernamentales.

 Ocultar los ataques contra la fuerza pública, restarle gravedad al accionar armado de grupos al margen de la ley, guardar silencio frente al derribamiento de aeronaves en misión oficial, silenciarse ante el fusilamiento de compatriotas anónimos, no son comportamientos que permitan hablar bien del mal llamado proceso de paz.

 Mucho peor si los desmanes que el gobierno pretendía tapar terminan retadoramente reivindicados por los jefes del grupo ilegal con el que se dialoga.

 Tanto mal nos hace la inusitada suficiencia de Timochenko, que reclama para sí dudosos triunfos en su guerra contra la legitimidad del Estado, y que se atribuye falsa autoridad y  espurios derechos para sancionar disciplinariamente a sus compinches, como mal nos hace la insana tendencia presidencial a desinformar, a despistar, y adular a los bandidos, para aparentar que ejerce control sobre unas negociaciones poco promisorias, en las que los tales muertos no existen, salvo que sean importantes. 

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán 25.01.14