El despeluque de Petro

 La sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación al alcalde bogotano exacerba algunas pasiones, y remueve ese gusto por el discurso demagógico y  veintejuliero supuestamente extinto tras la configuración del escenario tecno-político surgido al promulgarse la manoseada Constitución del 91, que abolió la de 1886, igualmente travestida por cuantas fuerzas y tendencias se disputaron el poder durante el siglo pasado, al punto que ambas se consideran convertidas en colcha de retazos.

 Para la salud política de los pueblos, más que las pétreas e inmodificables, resultan aconsejables las constituciones semirrígidas, que contengan un Marco Institucional General, escueto y sin profusiones reglamentarias. La que nos rige es dúctil y maleable, es una Constitución blanda que puede modificarse a gusto por los distintos sectores del contubernio  político-jurisdiccional,  y corre el riesgo de  terminar ajena o distante de lo que debe ser una Carta Fundamental.

 La Constitución que originalmente habría podido consensuarse en 1991, con las falencias propias de cualquier elaboración humana, tuvo vocación de tratado de paz pero no lo fue porque hasta las entrañas de la Asamblea Nacional Constituyente llegaron los alfiles y los dineros del narcoterrorismo, que desnaturalizaron la sana intención  de implantar un nuevo orden. La eliminación de la extradición es pálido reflejo de lo que allí se cocinó. Antes y después de su vigencia hemos  estado inmersos en los desajustes del orden y eso explica tan tempranas y sucesivas reformas. La Constitución que nos queda va para donde quiera ir la Corte Constitucional.

 Preferible sería que tuviéramos una verdadera Constitución, un Marco Institucional General al que se sometan el pueblo como tal, las organizaciones sociales de toda especie, obviamente las partidistas,  y todos los individuos en particular. Porque está demostrado que una Carta Política preñada de incisos y excepciones, con tantas minucias taxativas y tantas salvedades difusas, mas que como derrotero de comportamiento social y convivencia plural, termina interpretada como catálogo de intereses y conveniencias del grupo o la persona que  intentan amoldársela sin amoldarse a ella.

 A la vista está la tensión institucional actualmente generada por un alcalde, por un empleado público disciplinable, que se resiste y se rebela contra la Norma Fundamental, y emprende la tarea de caldear los ánimos populares y enfilar ataques contra otro funcionario público, de mayor jerarquía, que tiene la responsabilidad constitucional de disciplinarlo.

 Lo reprochable no es la sacudida politiquera, el espectacular despeluque del alcalde  destituido, ni que muestre sus ansias de mando, agallas de poder y su megalomanía al catalogarse como víctima de un golpe de Estado, suceso sociopolítico que en estricta lógica, en su cabal significación, sólo es factible contra el Jefe de Estado.

 Lo censurable es que la diatriba pública, arrogante, presuntuosa y desenfocada se enfile personalmente contra el Procurador General de la Nación, a quien quiere descalificar por ser católico practicante y prestigiosa figura de la derecha, olvidando que motivadoras de la sanción son sus faltas como alcalde y que está  sujeto a vigilancia del director del Ministerio Público, funcionario investido de competencia para sancionarlo (Art. 277,6 C.P.).

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 14.12.13

Tierradentro de luto

                                                                                 

 Duele. Duele porque es una población de gentes buenas, honestas y trabajadoras.

 Duele porque es el Cauca, el departamento de nuestros ancestros y nuestras querencias, y porque es la repetición incesante de masacres sabidas, cantadas y anunciadas que el gobierno central ignora y menosprecia.

 Duele porque es Colombia escarnecida por la ferocidad de sus verdugos.

 La geografía caucana se ahoga en sangre de inocentes mientras Juan Manuel Santos y  los salvajes herederos de Tirofijo le mienten al país.

 El inhumano recurso de la dinamita, el aleve propósito homicida, la insensibilidad, la horrorosa insensibilidad de los asesinos que quieren gobernar a Colombia a fuerza de estallidos y mutilaciones son la noticia diaria, pero Santos ni oye, ni ve, ni entiende.

 A quienes conocen el Cauca y tienen ligera noción de la pobreza y las injusticias que han generado los tenebrosos grupos guerrilleros, no les cabe en la cabeza el embuste de un Timochenko terrorista  que abandone las armas y el narcotráfico para dedicarse a  vivir en paz con el pueblo colombiano.

 Las dilatadas conversaciones del gobierno con los violentos constituyen monumental  fracaso que las poblaciones amenazadas repudian.

 Esos históricos  corredores que la chusma brutal ha transitado desde cuando Tirofijo fusiló a unas religiosas indefensas, en las goteras de la cabecera municipal de Inzá, no tendrán sosiego mientras el ejecutivo mantenga suspendidas las acciones de combate.

 Los habitantes de Inzá lo saben. El único freno a las tropelías de los violentos es la acción decidida de la fuerza pública. Un ejército acuartelado no gana batallas ni pacifica territorios.

 Allí se han vivido todas las atrocidades y los despropósitos de la violencia ejercida por los secuaces de Márquez y Santrich. Tiempos hubo en que la población permaneció sitiada. A los ciudadanos honorables los secuestraban en la carretera a Popayán y los fusilaban en las orillas de los caminos; había retenes irregulares que impedían el tráfico vehicular nocturno; los deudos de las victimas fatales tenían que pagar peajes para llegar con los cadáveres hasta los cementerios; los facinerosos bombardeaban la plaza, como hoy, y destruían la infraestructura pública; los comerciantes y finqueros que no querían abandonar sus tradicionales actividades, temerosos y desprotegidos tenían que subir hasta las abruptas estribaciones del  Símbola y el Páez, donde Cano y el Oso mantenían sus campamentos, a pagar humillantes vacunas, y a convertirse en forzosos portadores de mensajes extorsivos para el resto de sus conciudadanos.

 A todas esas desventuras les hizo alto el gobierno de Uribe, es conveniente recordarlo, pero las liviandades del actual mandatario le repusieron el oxigeno a facinerosos remontados que, con la ayuda de milicianos indígenas, que también los hay, se dan  a la tarea de recuperar  espacios para sus andanzas criminales.

 El Cauca sigue siendo un polvorín sin que nadie se duela por tan nefasto destino. La clase dirigente disimula las fechorías para mantener vigentes las prebendas burocráticas y almibaradas contrataciones oficiales.

 La población civil, inerme pero digna, necesita mantener el vigor de sus convicciones republicanas para cerrarle el paso a las vergonzosas componendas de La Habana.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 07.12.13

Tiempo para la verdad

 Quienes puedan y quieran decir la verdad sobre dolorosos hechos  históricos deben examinar archivos y conciencia, publicar las  reflexiones, y hacerlo a su debido tiempo.

 Algunas  difusas referencias pueden resultar fiables y convincentes  para muchos observadores que inicialmente las hayan sometido a crítica, pero no para  sucesivos analistas que quieren dilucidar sospechas generadas por informaciones posteriores.

 Aunque filosóficamente la verdad es sólo una, siempre subsiste la humana inclinación a que se tenga por verdad la versión parcial, segmentada y discutible de quienes  acrediten crecido prestigio personal, tengan más y mejores medios de difusión,  o cuenten con mayor fuerza narrativa para exponer públicamente los hechos.

 Pero en estricta lógica nada impide que reconocidos criminales, en ciertos casos específicos, y por virtud de declaraciones completamente ajenas a cualquier intención de tergiversar lo que saben, quieran decir la verdadera verdad que otros, los cultos y honestos estudiosos del caso, o testigos presenciales, no hayan querido o podido decir por el infortunado desconocimiento de cualquier dato clave que elimine errores y dudas.

 En síntesis, pocas veces se sabe quiénes son verdaderos depositarios de la verdad.

 Así es como la historia regularmente termina escrita por vencedores que no siempre la cuentan como es.

 Las rimbombantes frases de los famosos casi nunca se han dicho con la pomposa elegancia que la posteridad les atribuye, y aún en tiempos del magnetófono y del documento grabado suele suceder que al dicho inicial se le ampute lo que lo afea o se le adicione el adorno inicialmente inexistente.

 Casos se dan en que el discurso no muy claro resulta publicitariamente amplificado con lucideces que nunca tuvo y claridades que nunca hizo el orador, y casos se dan en que la diamantina afirmación oral se imprime tergiversada o se retransmite interferida y mueca.

 La reciente publicación de las memorias del Ex-presidente Andrés Pastrana, que amenaza con calentar  lenguas y afilar dardos, ya generó reacciones verbales  de sonoros actores políticos que pretenden  diluir sus responsabilidades mediante el facilísimo  recurso de la descalificación y el insulto.

 Si algún estropicio reciente debe ser plenamente esclarecido, si hay hecho histórico que pesa en la vida nacional como lastre vergonzoso y repudiable, es justamente la elección presidencial de Ernesto Samper.

 Por ello no es plausible que las revelaciones de Pastrana se subestimen y apostrofen.

 Lo que sí es necesario y la patria entera lo reclama, es que la publicación se someta a riguroso análisis político y a fina contradicción temática, mediante la utilización de argumentos que deben fundamentarse en documentos escritos, en registros gráficos y sonoros, en testimonios rendidos y por rendirse antes las instancias judiciales, y fundamentalmente en la necesaria valoración jurídica de nuevas versiones, cada vez más amplias y esclarecedoras, no propiamente para darle aval literario al memorioso libro, sino para que en vida de Pastrana, de Gaviria y de Samper, ahora entretenidos en dimes y diretes, se pueda conocer la verdad verdadera sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

 Los más profundos conocedores del tema, así estén en la cárcel, se relamen por decirnos la verdad.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 30.11.13

Primeros desmovilizados

 Conjuntamente con la noticia nada nueva de la presidencial aspiración reeleccionista,  o mejor,  con la confirmación de que el enrarecido ambiente político colombiano empeora, cunde sensible desmovilización política de gran calado y notable repercusión histórica.

 Si por algo se ha criticado a este gobierno es justamente por  adormecer  las  perezosas  élites, que nada hacen para aliviar las inhumanas condiciones vitales del pueblo, pero tragan  melaza que da gusto.

 Los medianos y pequeños propietarios campesinos y todos los trabajadores agropecuarios que en Colombia se cuentan por millones,  ese segmento social que ha sido víctima de violencias y olvidos, que ha sufrido como ningún otro sector los desgarradores efectos de desplazamientos y despojos, que ha visto correr la sangre inocente de sus  mujeres y  sus niños, y que ha soportado  progresivos arrinconamientos originados en el despiadado avance de los tales ejércitos del pueblo, ahora queda expuesto a lo que técnicamente constituye una desmovilización electoral forzada.

 El natural talante del campesino colombiano, creyente, piadoso, generoso, humilde, servicial y laborioso, sociológicamente permite encuadrarlo en los precisos ámbitos del tradicionalismo cultural y el conservatismo ideológico.

 En los años que antecedieron al auge de cultivos ilícitos, entre la masa poblacional integrada por labriegos colombianos,  que se servían del hacha y  el machete para producir y ganar el sustento, mas no para dañar y asesinar, difícilmente  podía encontrarse gente que estuviera dispuesta a violar normas constitucionales, irrespetar la organización estatal o desconocer el imperio de las leyes y el derecho.

 El desmadre criminal de pandillas guerrilleras que cambiaron sus dudosos ideales liberacionistas por magníficos ingresos a sus arcas, propició el deterioro moral de jóvenes campesinos que terminaron incorporados a bandolas del narcotráfico.

 Y muchos de esos campesinos conservadores, herederos de tradiciones nacionales y de purísimas convicciones ideológicas, que llevan en el alma las bondades de la organización familiar  como  arquetipo de respetabilidad social y que han experimentado la enriquecedora dinámica del trabajo agrario continuado, que permanecieron firmes en sus pagos y leales a su ley,  paulatinamente han sufrido el estrechamiento de sus fronteras productivas y el deterioro de la economía hogareña.

 Sabido es que la fortaleza electoral de la derecha colombiana está allí, entre cultivadores propietarios, dueños felices de  parcelas extensas o pequeñas, que juiciosamente plantaron cultivos de subsistencia y pasturas artificiales para asentar medianos entables ganaderos.

 Pues esos electores potenciales, esos campesinos  que militan en el Partido Conservador, esas falanges ancestrales que abrigaban la esperanza de concurrir a las elecciones presidenciales a elegir un mandatario perteneciente a la más pura esencia de su partido azul, han quedado en medio de censurable  abandono estatal, porque van a  soportar una campaña electoral entre ruidosas arengas de una guerrilla sanguinaria,  facultada por las negociaciones habaneras  para conseguir votos a fuerza de fusil.

 Esa tragedia personal de las bases conservadoras,  esa humillante afrenta a lo más sagrado de sus derechos democráticos, se agiganta hasta los extremos del colapso institucional, cuando impotentes asisten a la extinción de su sesquicentenaria organización partidista y al deplorable espectáculo de  una diabética dirigencia nacional que convulsiona entre vapores de panela derretida.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 21.11.13