A cambiar el entable.

Es probable que en el último medio siglo no se haya conocido tan apabullante vacío de liderazgo político como el que ahora  sufre el departamento del Cauca.

Desconcertante parodia de lo ya  vivido y trajinado viene a ser el discurso que  habilidosos buscadores de guacas ingenian para captar clientela.

Aves de mal agüero cruzan nuestro firmamento, y verídicos vientos de tormenta asoman en el horizonte de esta parcela dichosa, la misma de tantas gestas heroicas  en el historial libertario colombiano, que contó con valores, principios y genios necesarios para liberarnos del yugo español y de sus corruptos emisarios, pero que  nada hace contra modernas pestes  que aniquilan el cuerpo y erosionan el alma.

Las luchas fratricidas del pasado son pálido reflejo del atropello humanitario que hoy nos ronda, nos arrincona y nos extermina.

Y los elegidos allí, inmóviles, indolentes, desentendidos, taciturnos, defendiendo nada, o defendiendo todo lo personal, lo que infla el ego, lo que acrece la bolsa, lo que reafirma sus panzonas figuras  de  caciques victoriosos, apartados de la mesnada que los unge y los encumbra, como en glorioso  trance de acercamiento a la deidad.

Entre tanto las impredecibles autoridades indígenas ponen talanqueras  autonómicas, y  declaran  inconsulto y unilateral el  legítimo anuncio del gobierno central sobre la creación de un batallón de alta montaña, con el que se pretende combatir el reducto narcoterrorista de alias Cano y su temible banda de sicarios  motorizados, que bajan del monte a sembrar el dolor en pueblos de indios, blancos, negros, y mestizos.

Por su lado y a sus anchas los violentos comerciantes de amapola, coca y marihuana, asentados en el principal nudo montañoso colombiano intensifican la tala de bosques primarios y de irrecuperables  campos de frailejón, mientras nuestros cómodos parlamentarios dormitan en el Capitolio, o en altisonantes arrebatos arengan sobre las grandes reivindicaciones sociales que nos prometieron y nos deben.

Tormentosa verdad esta que nos coloca en la tierra del desenfreno antisocial, del caos institucional, la indiferencia estatal y la inoperancia funcional de los entes de control.

El aparatoso engranaje burocrático sólo empuja en dirección al despilfarro, a la contratación generadora de votos, al envilecimiento de las clases obreras que resultan firmando mentirosas ejecuciones de obra de donde derivan migajas, mientras los patrones del estropicio se reparten jugosas tajadas del cómo voy yo.

Este dantesco bosquejo de sociedad, que hemos propiciado con nuestros censurables silencios, no es deformado reflejo de un espejo mágico, es la obra real que hemos pintado sobre el lienzo terrenal que  Dios y nuestros antepasados nos legaron.

Oportuno mensaje es este, a los caucanos con sentido de dignidad, a laboriosos campesinos de nuestras tierras labrantías, a  las juventudes destinadas al cambio y al rescate de lo noble, lo propio y lo constructivo,  a profesionales concientes del desbarajuste antidemocrático, a las familias caucanas todas, con todos sus componentes raciales, culturales y de género, para que  promovamos durante el debate electoral todas las sustituciones y renovaciones  que la prudencia y el buen juicio aconsejan.

Si modificamos el establecimiento cerraremos las  puertas a peores escenarios de guerra y de violencia.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 27.07.11

Manos negras.

Desconcierta el volumen del  desfalco y  preocupan los  entronques de la banda mafiosa instalada al interior de la DIAN, organismo en donde sólo debieran trabajar  personas de probada honorabilidad.

Crece sin cesar el desprestigio de las instituciones de control, y cunde la desconfianza ciudadana frente al Estado de Derecho que la Constitución consagra.

Ante nuevos escándalos de corrupción aumenta el desánimo de una sociedad sana,  que atisba aceptables parámetros de pulcra convivencia, y alimenta ilusiones de una Colombia justa, pacífica y progresista.

Voceros de los partidos, y ciertos funcionarios encargados de manejar recursos oficiales guardan cautelosos silencios, dan confusas, airadas y nerviosas explicaciones, pero no  se comprometen a desmontar estructuras proclives al  latrocinio de lo público, ni renuncian a sus empleos para facilitar investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

Es como si el dinero de todos desapareciera por arte de magia, sin que ninguno de los espectadores dispusiera de herramientas necesarias para descubrir el truco.

Sucesivos eventos indecorosos que socavan los servicios de salud, el andamiaje legítimo de la contratación pública,  las políticas de producción agrícola subsidiada  y la transparencia requerida en el uso y disposición de bienes incautados al narcotráfico, dejan la sensación de encontrarnos en tierra de nadie.

A ello se suma la imbricada participación de unos mismos personajes en múltiples  enredos que exprimen las arcas estatales, fundamentalmente alimentadas por impuestos que pagamos todos los colombianos.

Es tiempo de exigir responsabilidades, comenzando por quienes figuran al comando de partidos y organizaciones políticas, que manipulan fichas sobre el manchado tablero de recursos financieros gubernamentales.

A los colombianos no nos pueden seguir diciendo, ni vamos a creer, que los autores materiales de delitos contra  La Administración Pública son ruedas sueltas y ajenas a los engranajes de la burocracia partidista.

El caballito de batalla que muestra a los corruptos como figuras incorporadas al servicio público por virtud de sus méritos es una faceta perversa de la política, porque todos sabemos que en nuestro sistema de clientelas nadie accede a cargos prominentes sin la consabida bendición de varones electorales, que consolidan sus esquinas de poder colgando en el fichero oficial elementos de su confianza para que los representen y cumplan sus órdenes.

La apreciación lógica de los males que nos agobian indica, sin temor a equivocarnos, que los organismos constitucionales de control no están cumpliendo las funciones  de sus competencias. No de otra manera  puede entenderse que los entuertos permanezcan bajo la alfombra durante años, y que los perjuicios económicos y morales causados a la sociedad alcancen cifras astronómicas.

El oportuno ejercicio de controles legales, si ellos funcionaran, menguaría tradicionales fechorías, bajaría la  frecuencia y los  montos de previsibles peculados, y de groseras falsedades  caligrafiadas por verdaderas manos negras en oficinas públicas.

Vana ha sido la prédica de entregar cargos de fiscalización a fuerzas políticas distintas al grupo del  Ejecutivo. La corrupción dentro de las Ramas del Poder Público nos permite  preguntar,  ¿qué hacen y a qué se dedican miles de burócratas adscritos a la Procuraduría, la Contraloría y  la Defensoría del Pueblo?

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 15.07.11

Lo coyuntural.

Nos dice el alto gobierno que tendremos batallón de alta montaña en las cumbres caucanas de la Cordillera Central, desde  donde ancestralmente siembran terror los guerrilleros de las Farc. Que el alto mando militar atenderá desde Popayán, durante una semana, el feroz ataque ordenado por Cano contra la población civil. Que comandos especializados del ejército reforzarán la fuerza pública en el Cauca.

Con estos y similares anuncios oficiales nos engolosinan esta semana de julio,  cuando desde hace muchos meses venimos reclamando presencia  combativa de las  Fuerzas Armadas en reconocidos sectores estratégicos convertidos en  escondrijos de delincuentes.

Durante décadas amplios territorios de montaña  han funcionado como base operacional de delincuentes organizados que cultivan amapola, coca y marihuana.

A todo lo largo y ancho del Cauca los traficantes de narcóticos matan inocentes campesinos, pequeños comerciantes, humildes líderes sociales que no se dejan encasillar en los formatos de las llamadas milicias, de vieja data asentadas en cabeceras municipales para controlarlas a sus anchas y conforme a sus métodos.

En todo el Cauca se oye el clamor de civiles inermes pidiendo protección estatal y acción judicial contra una actividad criminal que la población rural soporta con espanto, ante su física incapacidad para combatirla.

Lo sucedido en el Cauca no es nada nuevo, ni es el punto culminante de bárbaras acciones que Cano y sus capos seguirán ejecutando en el suroccidente colombiano.

El Presidente Santos incurre en fatal equivocación si piensa que ingenuos mensajes radiales, invitando a la desmovilización, traerán paz a este martirizado Macizo cordillerano y a las zonas bajas, cruzadas de esteros, en la selvática Costa del Pacífico caucano.

Por allí no es la cosa. Gentes conocedoras de la difícil topografía caucana, que por fuerza del rebusque para el sustento de sus familias, andan y desandan los caminos del monte, saben y comentan que los cultivos ilícitos están en auge, que los reclutamientos de menores son el diario acontecer, que en algunas zonas alejadas la prostitución, el comercio de armas, y las transacciones de droga dominan el panorama social, como si nadie tuviera conciencia de la degradación en que se hunden grandes núcleos juveniles campesinos.

Colombia necesita destetarse de pequeñas soluciones coyunturales. Los paños de agua tibia alivian dolencias superficiales, pero las infecciones profundas requieren intervenciones radicales.

El Estado no puede seguir sometido al capricho de agremiaciones fantasmas, oscuros grupos de presión y truculentas acciones defensivas de sectores políticos que se oponen a la fumigación y erradicación manual de cultivos ilícitos, altamente  tecnificados, irremediablemente  destinados al procesamiento de narcóticos.

Fracasados ensayos con resguardos indígenas y asociaciones campesinas, que prometen e incumplen sustitución gradual de plantaciones ilegales por cultivos lícitos, deben desecharse con rigor, porque el incumplimiento descarado de dichos tratos sólo conduce al prospero enganche de raspachines, que más tarde ascienden a cabecillas de bandas que seguirán traficando, extorsionando y matando.

La fiebre no está en las sábanas, Señor Presidente Santos, para nosotros es bueno que construyan batallones, y que los ministros nos visiten, y que haya más fuerza pública en el departamento, pero lo que necesitamos es combatir y  arrasar los cultivos que generan  prosperidad económica a  las organizaciones violentas.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán 11.07.11

La indignación.

Hace dos meses llegó a Madrid  la acción contestataria que hace cuarenta años anduvo por París.

La  multitud se mamó de promesas y arengas que los acomodados lanzan por las ventanas de sus palacios, y como los acomodados españoles  ya no convencen, las multitudes peninsulares buscan cambiarlos por otros que los representen bien.

Algo igual podemos hacer con los acomodados colombianos quienes dicen y se creen sus propias mentiras, ellos piensan que legislan y gobiernan bien y, claro, prometen y arengan desde las ventanas de sus palacios, nos atiborran de vallas y volantes, y luego todo lo gestionan en provecho suyo y de sus testaferros.

Si las elecciones se ganaran a fuerza de contaminación visual las tendrían ganadas.

Pero resulta que aquí, mamados como estamos de inoperancias administrativas, corruptelas oficiales, vacíos  ideológicos  e ineptitudes  gubernamentales, podemos utilizar métodos constitucionales  para imponer nuestras condiciones ciudadanas.

No necesitamos estropear sus oídos con gritos insultantes, en cambio sí les  podemos llenar las urnas con votos en blanco.

El voto en blanco no se pierde, el voto en blanco sirve para expresar indignación ante los ladrones del erario público, decirles  por escrito que conocemos sus mañas y reprobamos sus tropelías, para notificarles que no consentimos sus delincuencias, y  mostrarles que los electores colombianos, ajenos a trucos y violencias, somos concientes de deberes cívicos  y derechos democráticos que nos permiten utilizar mecanismos limpios para escoger candidatos y elegir gobernantes.

El panorama nacional es desastroso, gobernadores y alcaldes, diputados y concejales atrincherados en mezquinas parcelas burocráticas, lejos de promover desarrollo y progreso, ajenos a propuestas que impulsen verídica participación comunitaria, se juegan los restos tratando de imponer sucesores que les dejen controlar componendas, y mantener ruinosos contratos para el pueblo pero muníficos para sus bolsillos. Obvio que Senadores y Representantes aceitan  esos mecanismos de atornillar curul.

Qué bueno si logramos imponer la mayoría del voto en blanco. Con ese sistema, constitucionalmente regulado (Art. 258 C.N.), no sólo fortalecemos la democracia puesta en riesgo por actuales engranajes partidistas, que descaradamente perpetuaron la dictadura del bolígrafo, sino que abrimos las puertas a repetir la votación para elegir miembros de corporaciones públicas, gobernadores y alcaldes, en unas elecciones a las que no se podrán presentar los mismos candidatos unipersonales ni las  listas que no hayan alcanzado el umbral.

Así como los españoles salieron a expresa su indignación  en La Puerta del Sol y La Plaza de Cataluña, también los colombianos podemos concurrir a expresar la nuestra en cubículos electorales, porque lo que estamos viviendo no es libre expresión de la democracia participativa ni correcto ejercicio del sufragio.

La actual coyuntura electorera simplemente muestra una pugna salvaje para comandar el reparto de apetitosas regalías.

Es obligación moral y derecho electoral,  frente a lo que nos pertenece,  impedir que unos pocos se hagan a la riqueza de todos y que a los más nos dejen viendo un chispero.

El voto en blanco no es una retaliación, ni una protesta, es un derecho constitucional que nos permite derrotar y vetar a eternos gamonales y a sus mandaderos, siempre ávidos y siempre prestos a  embolsarse  la mejor tajada del presupuesto nacional.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, junio de 2011

Costa del Pacífico.

El verde inmenso de nuestra faja costanera y sus ríos legendarios, plenos de historia y de riquezas, se tiñen con sangre de inocentes,  al paso de grupos ilegales que allí fortalecen sus arcas y agigantan su contingente de jóvenes  forzados a empuñar fusiles para asesinar el futuro de la región.

El Charco, Iscuandé, y La Tola  no acababan de beber su amargo sorbo de dinamita, cuando le llegó a Guapi la mortífera telegrafía de las metrallas.

Un humilde lanchero, de esos que valen porque sirven a su región y a sus gentes, y porque a fuerza de sacrificio y lucha sostenida anhelan levantar una familia y construir sus propios diques contra la miseria, fue fusilado por la delincuencia que vacuna y extorsiona, y que ejecuta sin piedad a quienes se resisten.

El brutal oleaje de ejércitos irregulares, nominados de maneras diversas, pero al servicio de un mismo propósito criminal, impone sus condiciones de hierro y fuego en la silente lejanía de los esteros.

El Cauca agoniza en los manglares donde antes bullía la vida.

Esa costa que fuera paraíso cantado en versos inmortales, escritos en la arena y esculpidos en  la proa  de los veleros, se hunde en el terror. 

Las dragas, las drogas y las armas levantan sus imperios en ese litoral que fuera patrimonio centenario de un mestizaje forjado por la paz, construido por culturas sonoras y poéticas, adornado por alegres sonrisas marineras que hoy se prohíben y se niegan.

Al horizonte azul de nuestro departamento, a la frontera  occidental de nuestra lacerada Colombia se asomó la violencia, y se metió en sus selvas y colonizó sus ríos, y se enquistó en sus vertientes con el funesto empeño de consolidarse allí.

A ese hombre de la navegación, a ese personaje anónimo que se batía con agilidad contra las fuerzas de la naturaleza, a ese hombre solitario que no pudieron vencer los elementos y que incurrió en la osadía de no transigir frente al crimen, al que le pusieron plomo en el pecho para convencerlo de lo que no quería, al que le arrancaron la vida por no dejarse despojar del jornal que nacía en la fuerza de sus brazos y brotaba en el sudor de su frente, le damos un respetuoso adiós.

Pero a sus parientes, una viuda y cuatro huérfanos, que no entienden la ausencia total  de la única persona que trabajaba para ellos, es necesario que el Estado los proteja y auxilie, los respalde y acompañe, y principalísimamente que les haga justicia a partir de una investigación seria, para que a ellos llegue eso que tanto se pregona y nunca se concreta,  verdad oportuna y reparación eficaz.

Quiera Dios que la Ley de víctimas tome cuerpo y cobre alma desterrando la impunidad de los anaqueles judiciales.

Coletilla: Cuando escribíamos esta nota recibimos noticia de otros tres asesinatos, en las caudalosas aguas del bajo Patía,  donde la delincuencia organizada fusila a humildes familias que reman para subsistir. Minutos después escuchamos estallido dinamitero en Popayán. ¿Naufraga la prosperidad democrática?

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 18.06.11

Coca y finanzas.

Con el expresidente Gaviria a la vanguardia reciclan el tema de legalizar los narcóticos.

De tiempo en tiempo, organismos internacionales gastan unos melones en campañas de ablandamiento para torcer cabezas.

Bajo el consejo bonachón y cómplice de los muchachos de antes, que tantos riesgos corrieron consumiendo porquerías artesanales, nuevamente nos proponen legalizar la droga, sí, la misma que los muchachos de ahora compran en cualquier esquina  y  utilizan para potenciar los amplios espacios de la imaginación, la creatividad, la resistencia, y la evasión.

En ese sollado sueño con la droga de marca nos repiten que es buena,  y nos lo dicen con un tono de suficiencia, autoridad y experiencia  que casi logran doblegar nuestra terca resistencia a la traba.

Siempre dicen la misma cosa pero de otra manera, cambian la manera pero no la cosa.

Dicen que la droga no es fuente de crimen, delincuencia juvenil, prostitución,   violencia,  ruina familiar, ni  de malas mañas, absolutamente nada que ver con el código penal, el asunto dizque liga es con la salud, y por eso dejarán de perseguir narcotraficantes. Lo noble será abrir escuelas, academias e instituciones para reeducar a los enfermos de la droga, y suministrar a los incorregibles su pertinente dosis oficial, para evitarles la vergüenza de bajar a las ollas.

Evidentemente esos son negocios para especialistas, aunque curiosamente nunca nos dicen cuáles especialistas, ni con qué métodos, se quedarán con el negocio legalizado.

Hoy por hoy, cualquier desaplicado estudiante de escuelita rural pasa por químico y refina la mejor de las mejores. Para eso no necesitó ir a la facultad, ni quemó  pestaña como decían los abuelos. Simplemente se enredó con unos manes que lo llevaron en una vuelta y accedió a los secretos de alta cocina.

A partir de la legalización las hornillas de los empíricos se trasladarán del monte a las zonas industriales, y el producto llevará sofisticadas etiquetas de laboratorio, mejor dicho la cosa no será genérica. El transporte de materia prima se hará de frente porque las plantaciones estarán a orilla del camino, como ahora, sólo que no se pagará para que algunas autoridades pasen sin mirar y sin hablar.

El Banco Agrario abrirá créditos especiales para fomento industrial post-conflicto,  y  vistosas delegaciones internacionales llegarán al país para verificar los procesos limpios y entregar las consabidas certificaciones de producto orgánico 100%.

La oficina de marcas y patentes implementará insobornables sistemas y  checking,  para que parlamentarios y ejecutivos gremiales no necesiten registrarse en sucios libros de visitantes, como ahora sucede en la DNE, y la cadena de producción, calidad, embalaje y transporte a los mercados internacionales, será vigilada desde el  Minsalud con la  rechimba tecnología de punta. Claro que el ripio quedará para consumo nacional.

El inconveniente, que nunca mencionan, es la violencia que enlutará a Colombia mientras los dueños del billete definen a bala sus nuevas jerarquías, para saber quién controlará el negocio legalizado, porque desde ahora los mafiosos están apuntados en listas secretas que mañana se convertirán en títulos bursátiles.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 07.06.11

El vacío de las consultas.

Verdaderamente melancólicos los resultados de las consultas partidistas efectuadas  el pasado domingo en Colombia.

Es tiempo de pensar en enmiendas constitucionales  que hagan justicia a los necesitados y pongan barrera definitiva a tanto despilfarro presupuestal, que es  una de las peores vergüenzas en este país golpeado por catástrofes naturales y  corruptos desenfrenos administrativos.

Además esas consultas se tornan repudiables porque, al contrario de consolidar procesos de participación democrática, sólo sirven para afianzar y reforzar cacicazgos.

El mínimo de sentido social y responsabilidad política  que les pueda quedar a las organizaciones partidistas nacionales, reclama, como acto urgente, imponer el estilo de resolver las tensiones internas mediante asambleas abiertas exclusivamente a la participación de sus propios militantes.

El mecanismo actual, que agencia la intromisión de personas ajenas a la propia militancia de los partidos, por democrático que parezca y quieran presentarlo, no pasa de constituir perverso engranaje electorero, manipulador de opinión, que conduce a eludir el necesario debate doctrinario al interior de las colectividades.

Esas consultas que se hicieron el domingo, sin fuerza electoral, vacías de contenido, famélicas, y   ruinosas por añadidura, se constituyen en el camino más expedito para machacar los ideales y aspiraciones de quienes no comparten intereses con maquinarias artificiosamente consolidadas.

Esas consultas no son limpias, no reflejan el sentimiento y la aspiración electoral de la militancia partidista, y menguan  las estructuras ideológicas del aparato político.

Si pensamos en partidos serios y los queremos dinámicos, si aspiramos a tener y pertenecer a colectividades con vocación de honestidad, como para derrotar la corrupción y eliminar las costosas triquiñuelas de la contratación pública, si anhelamos caminos de solidaridad, desarrollo social y progreso efectivo de las comunidades marginadas, si tenemos interés de luchar por nuestro pueblos, por nuestras gentes, por nuestra sociedad total; necesitamos enfilar la gesta política hacia procesos de selección transparente, en los que no haya espacio para vulgares componendas, como esas que buscan turnar clientela en cargos donde se manejan contratos y  se controlan presupuestos.

Los resultados de Popayán llaman a la reflexión seria y convocan a desechar la suficiencia, porque esa mayoría  que hizo la escogencia del candidato conservador a la alcaldía de Popayán,  no representa sino un ínfimo porcentaje  de potenciales electores.

En tales condiciones, con los guarismos alcanzados en la consulta,  simplemente se  garantiza la participación del conservatismo con candidato único, pero quedan enredadas las posibilidades de triunfo electoral en las elecciones de octubre.

Elemental ejercicio matemático, desarrollado sobre el informe global de abstención, emitido por la Registraduría Nacional, que es nuestro organismo legal  de conteo y verificación electoral, nos hace concluir que una abstención del 97%, aparte de preocupar en cualquier democracia medianamente estable, prende las alarmas de  partidos y movimientos políticos que únicamente movilizan el insignificante  3% de sus electores.

Mucho anda mal en la democracia colombiana, pero las consultas internas de los partidos, tal como están,  son el más inquietante de los elementos perturbadores.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 30.05.11