Colombia herida

Tener herramientas jurídicas y no  utilizarlas, sobre todo por parte de quienes tienen la obligación legal de hacerlo, es como pasearse por encima del código penal.

Colombia,  país de leyes, se mueve en la esfera de los que tienen herramientas y no las usan aunque tengan obligación jurídica de hacerlo. Es decir,  los funcionarios oficiales en Colombia no aplican los estatutos prohibitivos que fijan sanciones a quienes agotan el comportamiento prohibido.

Así es en todo; el mototaxismo da mucha tela para cortar. En gran parte del territorio nacional, con ese medio irregular de transporte, se desbordan los reglamentos de tránsito  sin que nadie someta al gremio.

En regiones apartadas, esas de permanente ausencia estatal, el servicio se presta con motocicletas robadas, y en aquellos lugares donde los vehículos no son robados acontece que funcionan sin seguro obligatorio, en pésimas condiciones de seguridad mecánica, y utilizando insalubres cascos y chalecos que debieran pasar al horno crematorio por elementales razones de aseo.

Los dueños de compraventas automotrices sencillamente se apropiaron de los espacios públicos, sin que ninguna autoridad los requiera para que ejerzan su comercio al interior de locales debidamente dotados para ello. En algunos de esos establecimientos se lavan carros y se realizan reparaciones mecánicas en plena calle y andenes públicos, con alto riesgo para los peatones, quienes deben hacer peligrosas piruetas sobre la calzada vehicular para que no los atropellen los agresivos conductores de toda suerte de aparatos, que irresponsablemente se desplazan a velocidades  de vértigo.

Y ni qué hablar de los curadores urbanos; a cambio de propinas, o mediante el cobro ilegal de jugosas tajadas, autorizan la indebida construcción de toda suerte de cambuches y  cacetas para que allí funcionen negocios de dudosa legitimidad. Aparte de que algunas zonas residenciales, destinadas a vivienda unifamiliar, en que la mayoría de habitaciones tienen una o dos plantas, se ven asediadas con la  inverosímil construcción   de  aparatosas moles de apartamentos, desde cuyos pisos elevados se observa todo lo que suceda al interior de las viviendas bajas y, en verdaderos paños menores,  los atropellados propietarios de patios interiores, sagrados espacios familiares, quedan sometidos a la impúdica mirada de vecinos depravados que hasta los gravan en videos, o simplemente los observan a mansalva durante el diario ejercicios de humanas funciones vitales.

El propio Presidente de la República abrió plaza violando la Constitución Nacional, cuando cambió olímpicamente la terna para que los cómplices magistrados de la Corte pudieran elegir la Fiscal que querían. Y siguió violando la Constitución al implementar curioso mecanismo ilegítimo para reversar afrentosa reforma a la justicia por él mismo patrocinada.

Ante ese hiriente panorama de violaciones directas y de omisiones indolentes no resulta raro, aunque sí doloroso, que se haya permitido a indignos indígenas del Cauca sacar a empellones a dignos representantes de la fuerza pública de unos territorios que a todos los colombianos nos pertenecen.

Quiera Dios, y los operadores judiciales competentes, que la sancionada Piedad Córdoba no pase impune con sus nuevos graves comportamientos  contra el Estado y la Seguridad Nacional.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, julio de 2012

El laberinto

Inexplicablemente  el Presidente Santos,  enredado en las veleidades del poder,  utiliza explosivas mezclas de arrogancia y ambición personal  para construirse  intrincado laberinto en el que ofrece sacrificios humanos,  como en la antigua Creta, para tratar de aplacar al Minotauro.

Muy mal asesorado y pésimamente  envalentonado,  el decadente  mandatario nacional pretendió mostrar un control  territorial que no tiene  y una audacia política retadora en la que el tiro le salió por la culata.

Temerario gesto suicida ese de venir  a realizar costoso Consejo de Ministros en  histórico polvorín que, desde las alturas de la Cordillera Central,  amenaza la tradicional dinámica agropecuaria del departamento del Cauca  y al emporio industrial Vallecaucano.

Toribío, Tacueyó, Jambaló y Mosoco,  álgidos escenarios geográficos encaramados en la mole andina que se  desgaja  del macizo de Almaguer,  y  que  abraza los departamentos del Cauca, Valle, Tolima y Huila,  no han sido domeñados por la institucionalidad.

Quien  haya ingresado a territorios ancestrales de Paeces y Pijaos  sabe perfectamente que allí  no existe  autoridad pública respetable, ni acatamiento sincero del ordenamiento legal.

En las orillas de los caminos florecen  plantaciones ilícitas pertenecientes  a  la delincuencia organizada,  que ninguna misión oficial reprime.  Así ha sido desde siempre, la marihuana de esa región es mundialmente reconocida por su excelente calidad,  la coca y la amapola se cultivan en  predios de resguardos  y en  parques naturales.  Eso no es nuevo  ni el Gobierno lo ignora, pero ha faltado decisión política para enfrentar el  comportamiento delictivo  y  mermar el combustible que atiza la  guerra de los narcóticos.

Aunque una buena parte del agreste territorio caucano se encuentra bajo el asedio de armados ilegales, sólo unas pocas actividades son ilícitas. Existen admirables muestras de que no todos los indígenas se dejan seducir por el crimen,  pero falta mucha convicción gubernamental para  arrebatarle milicianos a los emisarios del desorden,  que aspiran a delinquir sin el patrullaje de la fuerza pública y auspician el  desmantelamiento de las instalaciones militares oficiales.

Si el Presidente Santos deja de aspirar a un segundo mandato,  y  abandona la obsesión de que lo incorporen a la gran burocracia internacional,  y se compromete a respetar la Constitución y a los colombianos,  es factible que enmiende la deslucida plana y termine haciendo un gobierno que el pueblo recuerde con respeto,   pero si sigue sacrificando torpemente a los mejores hombres de las Fuerzas  Armadas,  como acaba de hacerlo en Jambaló,  es imposible que salga bien librado.

Los cadáveres del  teniente Andrés Serrano y el técnico Oscar Castillo, cuyos espíritus  vuelan alto,  pesarán en la conciencia del gobernante que para hacer inútil presencia en el teatro bélico expuso sus hombres al peligro de balas enemigas.

Sin reponer  un solo vidrio,  después del bombazo que hace un  año averió un  centenar de casas,  obró  irrazonablemente el mandatario, al ponerse a tiro de piedra ante la dolida comunidad de Toribío que  lo abucheó.

Si  Santos sigue así, ni el hilo de Ariadna ni las alas de Ícaro le servirán de ayuda para salir del oscuro  laberinto  en que se está encerrando.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, julio de 2012

Los reyes del titubeo

Más que nunca quedó claro que la urna de cristal es sólo un utensilio distractor para que el mago saque las cartas, las palomas, los conejos y  los micos característicos del tinglado populachero.

Repugnante espectáculo de poder decadente  presenció Colombia con la aprobación y posterior hundimiento de reforma malintencionada,  impulsada por el Ejecutivo para complacencia del  Legislativo y  la  morronga  voracidad de las Cortes.

Es probable que no exista noticia de tanta  desfachatez en el transcurso institucional desde 1991 hasta hoy.

Pero es bueno que haya sucedido lo que sucedió.

A las democracias  les resulta provechoso ejercitarse, entrenarse,   prepararse  ardua  y permanentemente para las contiendas políticas del futuro.

Lo que se avecina es difícil y exigente, y  los colombianos debemos estar atentos y prevenidos para evitar  que ocurran atropellos como el que casi se perpetra,  que afortunadamente no se concretó  por virtud de la presión popular libremente manifestada desde las columnas de opinión, las redes sociales, la academia,  y desde  supérstites  trincheras de algunos grupos del  pensamiento nacional  empeñados en mantenerse pulcros, íntegros  y  dignos.

Mal quedó el señor Presidente Santos,  que desgobierna a  impulsos de reversa,  y que hizo gala del  famoso  “sacaculismo”,  tan hábilmente esgrimido por algunos malos padres  para  achacar a la madre las malformaciones de la criatura que entre los dos procrearon.

Quedó mal  el señor Ministro Juan Carlos Esguerra,  quien tenía la responsabilidad jurídica y política de supervisar  la  correcta  redacción  de todos esos artículos, parágrafos e incisos,  que los conciliadores  dizque le leían mientras él los consideraba  irreprochables,  porque luego del adormilado acatamiento salió a  tacharlos como inconvenientes,  bajo  peregrino argumento de haber sido  ensamblados sin su participación  durante una forzada ausencia suya,  que parece no fue tan  forzada como el Ministro alega,  y porque  de todas maneras  se ensamblaron con la materia prima que el gobierno  suministró a los sagaces manufactureros del Capitolio.

Mal quedaron los congresistas que con su voto aprobaron el adefesio,  porque le mostraron todo el cobre al país, cuando bajo los velos de un ajuste a la administración de justicia, en cobarde actitud golpista intentaron reimplantar  la dañina inmunidad parlamentaria, hace años extirpada en beneficio de la salubridad republicana.

Pero lo que fundamentalmente desconcierta es la frialdad para mentir de los presidentes de  Cámara y Senado,  los señores Simón Gaviria y Juan Manuel Corzo,  el primero por decir que aprobó una reforma que no leyó, cuando de cabo a rabo intervino activamente en ella,   y el segundo por declararse ajeno al interés parlamentario de restaurar la inmunidad,  cuando el común de las gentes lo distingue precisamente por eso, por ser el principal impulsor de la idea que pretendía resucitar semejante cadáver.

Los reyes del titubeo,  que mintieron al pretender reformar  la Constitución y  al reversar el entuerto,  y que no encontrarán palabras para  explicar lo inexplicable, tienen  asegurada la rechifla de la opinión pública durante lo que resta del presente mandato, una sonora  demostración ya se escuchó durante la abortada intervención del primer mandatario en su visita al Campus Party.

Miguel  Antonio Velasco Cuevas

Popayán, junio de 2012

El Estado inviable

 

Las posiciones  de poder omnímodo corrompen,  y la adulación abre grietas nefastas en los niveles superiores del mando,  por ello resultan necesarias las colaboraciones armónicas pero equilibradas que eliminen  tensiones permanentes entre las ramas del  poder público.

Los encumbrados atropellan cuando no se les recuerda que hacen parte del cuerpo social. Es indispensable que los organismos de control  permanezcan  vigilantes  y atiendan  oportunamente las alarmas, sin olvidar que la mala interpretación de las  garantías procesales puede transformarse en connivencia con el crimen.

Es  reprobable que los  integrantes de un mismo nivel  administrativo  oculten sus propias fallas,  y muchas veces los estrechos vínculos de amistad,  la solidaridad entre colegas,  o los pequeños intereses de mando,  terminen como auspicio de conductas delictivas reiteradas que causan  deterioro social  y detrimento patrimonial  a las arcas oficiales.

La ignorancia,  la chabacanería,  y la incultura de muchos mandos medios,  indebidamente empoderados por  gobernantes  y  administradores complacientes,  generan  condiciones propicias   para la ilicitud en  la ejecución y control de las políticas públicas.

La complacencia de la sociedad frente a las conductas impropias de los gobernantes casi que vino a  equiparar la habilidad para dirigir con la maña para engañar.  Ha hecho carrera la aceptación de lo torcido y lo perverso.

Las noticias de los últimos tiempos,  el atropello permanente a la bondad y buena fe de los  ciudadanos  corrientes, el  crecimiento desmedido de las conductas delincuenciales individuales  al interior de la institucionalidad, y el marcado ablandamiento de la honorabilidad en el desempeño público  amplían la brecha hacia un Estado inviable.

Hoy, cuando tiene mejor acogida el bribón que el probo, y a nadie interesa el deterioro de la corrección, es necesario que cada colombiano haga su propia reflexión y  se comprometa a recuperar los espacios de la pulcritud.

De nada sirve que Colombia clasifique entre las colectividades más felices del mundo, poco importa que el paisaje y las bondades del clima hagan de esta patria un rincón apropiado para los goces y deleites terrenales, inane resulta la privilegiada ubicación geográfica y estratégica en un mundo de incesantes negocios intercontinentales,  y para poco vienen a servir la inmensidad de las selvas, la imponencia de las cordilleras, el caudal impetuoso de los ríos, la feracidad de  los campos, la variedad de la flora y de la fauna,  o la envidiable longitud de nuestras costas sobre dos mares,  si esos dones que la naturaleza nos prodiga, si esos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos sólo sirven  para que malos ciudadanos y arrogantes detractores del ideal social se constituyan en baldón para ese lejano Estado de Derecho que, con sacrificio de siglos y  orgullo de pueblo libre, hemos tratado de constituir.

La  respetabilidad de las instituciones y la convivencia civilizada sólo  se logran  si las altas investiduras y la dignidad del Estado se dejan a cargo de quienes  comprendan y practiquen los universales principios del bien común.  Mientras estemos expuestos al individualismo rampante y criminal de los que buscan la cúspide para lucrarse y defraudar  superiores  intereses colectivos, seguiremos condenados a la violencia.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 18.06.12

El sometimiento del Estado

El sometimiento del Estado

El marco para la paz es otro de los artilugios existentes en la variada utilería de ilusionista,  que con destreza  maneja  Juan Manuel  Santos,  para  potenciar los destellos  de la circense urna de cristal.

Inicialmente, cuando recurrió al cubilete de abalorios,  arrojo al escenario  una temible mano negra;  sin señalar quiénes serían sus operarios, aunque no puede olvidarse  que manos negras hay en todos los extremos de la complicada ecuación violenta utilizada por los detentadores del poder, tanto en países subyugados por tiranías políticas, filosóficas o religiosas, como en los democráticos y libertarios;  de todos modos el mefistofélico artefacto quedó allí, sobre las tablas, para hacerlo saltar cuando resulte necesario distraer a los espectadores.

Además se proclama poseedor de otro embeleco,  dice tener la llave de la paz, una entelequia que nadie puede ver porque la conserva en el fondo del bolsillo, o por esos lados,  para hacerla funcionar en el momento oportuno; quiera Dios que  esté fundida  en  algún noble metal,  porque sería grotesco que el óxido y otras impurezas del entorno  le corroan el bolsillo y hasta la llave al mago,  y a la hora de sacar no encuentre allí la sutileza prometida.

Y también usa retruécanos, no otra cosa hizo cuando adjudicó a la vaporosa ultraderecha  el atentado terrorista contra Fernando Londoño, en lugar de señalar a los verdaderos autores del crimen, todo para no incomodar a los amaestrados tiburones del amistoso  vecindario.

Y así cree mantener el engaño, pero si  nos detenemos a mira el sistema legal vigente, el  aplicable a esta realidad delincuencial,  encontramos que el  régimen  penal  colombiano tipifica las conductas delictivas,  y establece los procedimientos  idóneos para sancionar los  infractores, sin necesidad de reformar las normas existentes.

Es inconveniente la enmienda que otorgaría al Ejecutivo la facultad omnímoda de elegir a los actores criminales que deban ir a juicio, o seleccionar graciosamente a los que recibirán perdón por su trayectoria delincuencial.

Porque,  si fueren necesarios,  tanto la norma constitucional como la penal   consagran el indulto y  las amnistías, mecanismos legítimos de extinción de la acción y de la pena, perfectamente aplicables mientras se respeten los  tratados vigentes con la comunidad de naciones, y mientras  no se incurra en desbordamientos de política criminal  que provoquen la intervención de la Corte Penal Internacional.

Lo que se requiere es aplicar las reglas vigentes,  no hacerlo  es someter el Estado a las condiciones del enemigo.

Las brutales actuaciones de la delincuencia organizada, los ataques  a la población civil, los bombazos indiscriminados contra los pueblos, los hostigamientos a las estaciones policiales, el minado de cultivos ilícitos y de caminos públicos,  el reclutamiento forzado de niños campesinos,  el amedrentamiento general a la sociedad colombiana;  tal como ha ocurrido en Morales, Caloto, Toribío, y  El Tambo, aquí en el Cauca,  o como en La Gabarra y Maicao, o en La Montañita, donde los violentos atacaron policías que auxiliaban a una parturienta y mataron a la partera; son ilegítimos argumentos de fuerza que no pueden primar sobre la legitimidad del ordenamiento estatal.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, junio de 2012

El arte de confundir

 

La mayor dificultad de las guerras es la solución. Razón tienen quienes piensan que hay que terminarlas, pero no de cualquier manera.

Los  costos de  la confrontación prolongada;  ruina, dolor y muerte;    quedan  indeleblemente  marcados en la piel de las víctimas, que  además sufren los embates del enredo estratégico.

El  honor y la dignidad son valores innegociables, aunque a ratos no se sabe en dónde tienen  o cómo entienden dichos valores algunos de los protagonistas.

Una confrontación contra la delincuencia organizada como la que vive Colombia,  que involucra  intereses políticos y económicos  diametralmente opuestos,  en aras de la convivencia  podría conducir a modificaciones constitucionales que favorezcan la implantación y mantenimiento del orden social,  pero nunca a otorgar concesiones que empoderen al  bandidaje en detrimento de la legalidad.

Hablar de restablecimiento del orden puede ser una inflexión verbal inadecuada  en medio del caos que ha vivido Colombia a lo largo de toda una generación,  porque actualmente es difícil encontrar ciudadanos  que hayan conocido la paz nacional, la normalidad jurídica, y el pleno ejercicio de las libertades públicas.

En  Colombia  la organización del Estado es una tarea pendiente.

Los efectos jurídicos de la promulgación de la Carta Constitucional  de 1.991,  tan  eufóricamente  alardeados  por los detractores de la vieja Constitución de 1886 están por verse.  Hasta ahora seguimos sin conocer la paz,  anhelado atributo moral  que,  una vez consagrado como derecho y deber constitucional,  quedó  convertido en simple aviso que nadie respeta.

Y ni hablar de esa parafernalia de unos derechos fundamentales, y otros  de tercera generación, constituidos en verdadera letra menuda,  que sólo ha servido para profundizar disputas harto  antidemocráticas y hasta inconstitucionales de las altas cortes entre ellas, y de ellas con el Legislativo y con el Ejecutivo.

El conflicto de ahora es distinto a todos los anteriores,   pero producto directo  de la degradación social por ellos originada, y de la incapacidad gubernamental  para conjurarlos. Tan confusa es la naturaleza de las sucesivas confrontaciones internas en Colombia que, como en una de las curiosas notas de Robert  Rypley, dos contradictores ideológicamente dispares, el expresidente Uribe y José Miguel Vivanco, ahora están de acuerdo en algo que mayoritariamente  sabemos los colombianos, menos el Presidente Santos con su bancada de Unidad Nacional,  y es que el marco legal para la paz abre las  puertas  a la impunidad.

Pero ahí no para el galimatías de la guerra; a nadie  se le puede ocurrir que el brutal atentado terrorista contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, y contra las  libertades de prensa y de expresión, sea estratagema de la derecha política colombiana para sacar provecho del  desorden, como han dicho voceros del   ELN que piensa pescar en río revuelto.  Claro que  tampoco es juicioso lo que dice el Presidente Santos; que disque el desorden imperante es promovido por unos tiburones, que no identifica, interesados en hacerle perder el rumbo a la ya desorientada embarcación del gobierno.

Derecha e  izquierda, si verdaderamente quieren la paz,  deben renunciar al arte de confundir como medio de lucha política.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, mayo de 2012

El prisionero Langlois

Es  percepción acertada que algo falla en el sostenimiento de la seguridad nacional,  muy  fortalecida  con Uribe Vélez  y harto debilitada con Santos.

En la figura presidencial de Santos  apareció desleído  el anterior Ministro de Defensa protagónico y audaz,  que  en bloque con el Presidente de La República y con las Fuerzas Militares de Colombia  arrinconaban al narcoterrorismo  y sus facciones  delincuenciales.

En las postrimerías del gobierno anterior, lo que quedaba de guerrillas,  los menguados frentes y los despavoridos cabecillas,  batallaban más por los respaldos diplomáticos en el exterior  que por conquistar  el poder  mediante la lucha armada.

La escogencia del Almirante Edgar Augusto Cely  y del burócrata Rodrigo  Rivera como nuevos  adalides de la lucha contra esa guerrilla marrullera y mafiosa,  ya casi extinta para esa época,  cayó  como baldado de agua fría sobre una sociedad perpleja que acudió a las urnas para conferir  un mandato duro a un candidato duro, que  supuestamente doblegaría a los maltrechos antisociales.  

Como  el atildado Almirante y el metódico político son más refinados  aristócratas que combativos guerreros,  con ellos perdimos tiempo.

Por otro lado la actitud arrodillada de la Canciller ante la dinastía de los Castro y  ante el eje chavista, indicaba que alguna  componenda había en cocción.

Al fin y al cabo, entre tantos cabecillas de las distintas organizaciones irregularmente armadas que controlan la minería, la agricultura, y la economía ilegales en Colombia, no es raro que algunos con algo de cerebro aspiren  a salvar sus riquezas,  conservar su libertad y conquistar prerrogativas políticas, y en  eso estaban nuestros dirigentes,  diseñándoles  su marco legal para la paz, cuando   secuestraron  al  periodista extranjero mientras cubría operativo militar contra el narcotráfico.

Más deprimente no puede ser el cuadro. El Presidente empeñado en calificar como desaparecido al secuestrado, la Canciller dándole las gracias al Tribunal de La Haya por el poquito de soberanía que nos quieran reconocer sobre mares  y territorios que siempre han sido nuestros, y el Ministro de defensa, como razonero del Presidente, tildando de enemigo a  Uribe Vélez, bajo cuyo mandato quedaron agónicos  los  verdaderos enemigos de la democracia y de la sociedad colombianas.

Y entre semejante maremágnum  aparece en las pantallas   la radiante figura juvenil  del narcoterrorismo para afirmar que Romeo Langlois es su prisionero de guerra.

Al señor Presidente Juan Manuel Santos le corresponde  ahora mostrar las cartas  tapadas  que oculta en su urna de cristal, decodificar el enmohecido artilugio de su llave para la paz,  abandonar las populistas alocuciones de las últimas semanas, para ponerse al frente de una realidad nacional que no soporta más enredos ni tantas oscuridades.  

Lo ideal es llamar las cosas por su nombre. El señor Presidente de la República debe exigir la liberación inmediata del periodista secuestrado y  organizar, además, el operativo de rescate, porque hacerle eco a la canallesca denominación de prisionero de guerra y esperar bondadosas promesas de los secuestradores, es como contribuir  a violar su libertad individual  ya mancillada,  el libre ejercicio de su profesión y  las  libertades  de prensa e información.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, abril de 2012