Las montoneras

Montoneras de candidatos son las que quedan tras el cierre de inscripciones para aspirar a posiciones de representación popular.

Muy buenas unas candidaturas, malitas otras y lamentables muchas.

No es claro ni cierto que el gran caudal de aspiraciones determine los niveles del ejercicio democrático en Colombia.

Frente al deterioro del orden público en toda la geografía nacional, no es absolutamente real que sean los más capacitados quienes asumen la vocería de los partidos y de las comunidades con el propósito de mejorar servicios públicos, acceso a la educación, cobertura en salud, vías de comunicación, garantizar pulcritud en la ejecución de presupuestos, y purificar otros componentes de la vida social estrechamente vinculados a la administración pública.

Condicionamientos, amenazas y muertes signan este proceso que culminará en octubre con la elección de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

En territorios donde los candidatos  comprometieron partidas, cargos y contratos, con los emisarios de la delincuencia organizada, para que se les permitiera inscribirse ante las autoridades electorales; o donde algunos candidatos corajudos mantienen sus aspiraciones, aún ante amenazas contra ellos mismos y los miembros de su familia o de sus organizaciones de campaña; o en localidades donde armados ilegales secuestran y fusilan candidatos que no son de sus afectos, no puede hablarse de libertad, orden, ni democracia.

Los colombianos debemos recordar que grupos criminales con el respaldo armado  de guerrillas, que se reparten importantes zonas estratégicas para mantener sus negocios ilícitos y corredores de tránsito hacia el Océano Pacífico, están presionando poblaciones enteras para impedirles el derecho al sufragio, o imponerles la obligación de votar por personajes que militan en esas asociaciones mafiosas.

Nuestra tarea, en lo que queda de campaña electoral, no puede ser la reminiscencia de odios heredados a fuerza de estériles enfrentamientos partidistas.

Lo ideal es diseñar el futuro sobre la base de unas tradiciones culturales colombianas que hablan bien de nuestros ancestros, con altas miras de beneficio comunitario y desarrollo social acrisolados en los campos de la convivencia y la bondad.

Tenemos la imperiosa necesidad de no rivalizar sobre dolorosas contiendas fratricidas superadas, y recordar que  en los tiempos presentes los enemigos de todos los  colombianos son los grupos criminales organizados, que desvirtúan los valores de nuestra nacionalidad, atropellan los derechos fundamentales constitucionales, pervierten la juventud, entran a saco en las arcas públicas y perturban la  tranquilidad ciudadana con el primario empeño de amedrentar  para imponer el imperio de sus fusiles.

Hagamos frente a las serias amenazas que hoy se ciernen sobre nuestras familias, tradiciones y modestas pertenencias, y entendamos que  la lucha debe darse contra el terrorismo, la violencia, la extorsión, la amenaza y contra  los delincuentes que generan esos desajustes colectivos.

Estamos en momento crucial que nos exige decantar la peligrosa mezcla de montoneras hambrientas de poderío, financiadas y apuntaladas por el crimen transnacional, para hacer que flote la valía de quienes verdaderamente merecen gobernarnos y representarnos con la dignidad característica de las gentes de bien.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 12.08.11

Entrenado para la guerra.

En ocasiones nos cuestionamos sobre el desempeño y resultados de tropas encargadas de perseguir la delincuencia organizada en Colombia.

Frecuentemente recurrimos al tema porque el dolor generado por  siniestros atentados terroristas contra la población civil, específicamente en el Cauca, nos hace creer que el alto gobierno y la cúpula militar  como que desconocen ciertos movimientos evidentes, y ruidosos comentarios callejeros sobre actividades de armados ilegales que abiertamente socavan el orden constitucional.

Por eso resulta saludable dimensionar el reportaje concedido a Caracol y El Espectador,  por el Almirante Edgar Augusto Cely Núñez, Comandante General de las Fuerzas Militares, especialmente cuando hay rumores de fractura e inconformidad en la línea de mando, con supuesta desmoralización de oficiales, suboficiales y soldados que diariamente arriesgan sus vidas para cuidar las nuestras.

Satisface saber que las labores de inteligencia y el operativo militar contra alias Alfonso Cano continúan,  y que las tropas mantienen la disciplina, sin que al interior de las filas exista descontento.

Los colombianos queríamos conocer, de fuente oficial, si  el Almirante y sus Generales tienen la información que los colombianos del común recibimos en distintos lugares de afluencia pública, y cuál es la valoración que los militares hacen frente a permanentes expresiones de desorden público.

Nada desconoce el Almirante, todo lo sabe. En amplia referencia a la actividad delincuencial en las fronteras  afirma que el problema fundamental es el narcotráfico, a tal punto que alias Megateo, en el vecindario con Venezuela, tiene control total sobre las FARC, el ELN y el narcotráfico, y los viejos comandantes insurgentes, ahora gordos narcotraficantes, permanecen tan cómodos en sus guaridas fronterizas como los toreros en el burladero.

Al Cauca le da el calificativo de “área muy compleja”, en donde, desde los comienzos, se encuentra asentada la organización delincuencial  de alias Sargento Pascuas,  por lo que varias generaciones familiares conforman estructuras de apoyo a las FARC,  y mantienen corredores estratégicos para acceder a la Costa del Pacífico, sobre una extensa zona del sur occidente colombiano, que abarca los departamentos del Valle, Tolima, Huila y Cauca, con lamentable compromiso de organizaciones indígenas que se dejan manosear de la delincuencia y se prestan para obstaculizar las operaciones militares.

En todos esos territorios, los cabecillas del narcotráfico han logrado que indígenas y campesinos pasen de los cultivos tradicionales al cultivo de coca, mediante el asedio permanente de delincuentes como  (a.) Pachochino  y (a.) Mincho, que integran la estructura narcotraficante de las FARC y  manejan actividades terroristas en la inmensa zona que comunica la alta cordillera central, en donde están las guaridas de alias Alfonso Cano, con la región del Naya, a través de Buenosaires en el Cauca.

Con tanta claridad habla el Comandante de las Fuerzas Militares sobre inseguridad y desbordamiento criminal en nuestro departamento, que nos mueve a reclamar su continua supervisión del operativo estatal encaminado a derrotar el bandidaje.

Para ello nos amparamos en su magnífico conocimiento del caos, pero más en su impecable formación militar acumulada durante 41 años de entrenamiento para la guerra.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 02.08.11

A cambiar el entable.

Es probable que en el último medio siglo no se haya conocido tan apabullante vacío de liderazgo político como el que ahora  sufre el departamento del Cauca.

Desconcertante parodia de lo ya  vivido y trajinado viene a ser el discurso que  habilidosos buscadores de guacas ingenian para captar clientela.

Aves de mal agüero cruzan nuestro firmamento, y verídicos vientos de tormenta asoman en el horizonte de esta parcela dichosa, la misma de tantas gestas heroicas  en el historial libertario colombiano, que contó con valores, principios y genios necesarios para liberarnos del yugo español y de sus corruptos emisarios, pero que  nada hace contra modernas pestes  que aniquilan el cuerpo y erosionan el alma.

Las luchas fratricidas del pasado son pálido reflejo del atropello humanitario que hoy nos ronda, nos arrincona y nos extermina.

Y los elegidos allí, inmóviles, indolentes, desentendidos, taciturnos, defendiendo nada, o defendiendo todo lo personal, lo que infla el ego, lo que acrece la bolsa, lo que reafirma sus panzonas figuras  de  caciques victoriosos, apartados de la mesnada que los unge y los encumbra, como en glorioso  trance de acercamiento a la deidad.

Entre tanto las impredecibles autoridades indígenas ponen talanqueras  autonómicas, y  declaran  inconsulto y unilateral el  legítimo anuncio del gobierno central sobre la creación de un batallón de alta montaña, con el que se pretende combatir el reducto narcoterrorista de alias Cano y su temible banda de sicarios  motorizados, que bajan del monte a sembrar el dolor en pueblos de indios, blancos, negros, y mestizos.

Por su lado y a sus anchas los violentos comerciantes de amapola, coca y marihuana, asentados en el principal nudo montañoso colombiano intensifican la tala de bosques primarios y de irrecuperables  campos de frailejón, mientras nuestros cómodos parlamentarios dormitan en el Capitolio, o en altisonantes arrebatos arengan sobre las grandes reivindicaciones sociales que nos prometieron y nos deben.

Tormentosa verdad esta que nos coloca en la tierra del desenfreno antisocial, del caos institucional, la indiferencia estatal y la inoperancia funcional de los entes de control.

El aparatoso engranaje burocrático sólo empuja en dirección al despilfarro, a la contratación generadora de votos, al envilecimiento de las clases obreras que resultan firmando mentirosas ejecuciones de obra de donde derivan migajas, mientras los patrones del estropicio se reparten jugosas tajadas del cómo voy yo.

Este dantesco bosquejo de sociedad, que hemos propiciado con nuestros censurables silencios, no es deformado reflejo de un espejo mágico, es la obra real que hemos pintado sobre el lienzo terrenal que  Dios y nuestros antepasados nos legaron.

Oportuno mensaje es este, a los caucanos con sentido de dignidad, a laboriosos campesinos de nuestras tierras labrantías, a  las juventudes destinadas al cambio y al rescate de lo noble, lo propio y lo constructivo,  a profesionales concientes del desbarajuste antidemocrático, a las familias caucanas todas, con todos sus componentes raciales, culturales y de género, para que  promovamos durante el debate electoral todas las sustituciones y renovaciones  que la prudencia y el buen juicio aconsejan.

Si modificamos el establecimiento cerraremos las  puertas a peores escenarios de guerra y de violencia.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 27.07.11

Manos negras.

Desconcierta el volumen del  desfalco y  preocupan los  entronques de la banda mafiosa instalada al interior de la DIAN, organismo en donde sólo debieran trabajar  personas de probada honorabilidad.

Crece sin cesar el desprestigio de las instituciones de control, y cunde la desconfianza ciudadana frente al Estado de Derecho que la Constitución consagra.

Ante nuevos escándalos de corrupción aumenta el desánimo de una sociedad sana,  que atisba aceptables parámetros de pulcra convivencia, y alimenta ilusiones de una Colombia justa, pacífica y progresista.

Voceros de los partidos, y ciertos funcionarios encargados de manejar recursos oficiales guardan cautelosos silencios, dan confusas, airadas y nerviosas explicaciones, pero no  se comprometen a desmontar estructuras proclives al  latrocinio de lo público, ni renuncian a sus empleos para facilitar investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

Es como si el dinero de todos desapareciera por arte de magia, sin que ninguno de los espectadores dispusiera de herramientas necesarias para descubrir el truco.

Sucesivos eventos indecorosos que socavan los servicios de salud, el andamiaje legítimo de la contratación pública,  las políticas de producción agrícola subsidiada  y la transparencia requerida en el uso y disposición de bienes incautados al narcotráfico, dejan la sensación de encontrarnos en tierra de nadie.

A ello se suma la imbricada participación de unos mismos personajes en múltiples  enredos que exprimen las arcas estatales, fundamentalmente alimentadas por impuestos que pagamos todos los colombianos.

Es tiempo de exigir responsabilidades, comenzando por quienes figuran al comando de partidos y organizaciones políticas, que manipulan fichas sobre el manchado tablero de recursos financieros gubernamentales.

A los colombianos no nos pueden seguir diciendo, ni vamos a creer, que los autores materiales de delitos contra  La Administración Pública son ruedas sueltas y ajenas a los engranajes de la burocracia partidista.

El caballito de batalla que muestra a los corruptos como figuras incorporadas al servicio público por virtud de sus méritos es una faceta perversa de la política, porque todos sabemos que en nuestro sistema de clientelas nadie accede a cargos prominentes sin la consabida bendición de varones electorales, que consolidan sus esquinas de poder colgando en el fichero oficial elementos de su confianza para que los representen y cumplan sus órdenes.

La apreciación lógica de los males que nos agobian indica, sin temor a equivocarnos, que los organismos constitucionales de control no están cumpliendo las funciones  de sus competencias. No de otra manera  puede entenderse que los entuertos permanezcan bajo la alfombra durante años, y que los perjuicios económicos y morales causados a la sociedad alcancen cifras astronómicas.

El oportuno ejercicio de controles legales, si ellos funcionaran, menguaría tradicionales fechorías, bajaría la  frecuencia y los  montos de previsibles peculados, y de groseras falsedades  caligrafiadas por verdaderas manos negras en oficinas públicas.

Vana ha sido la prédica de entregar cargos de fiscalización a fuerzas políticas distintas al grupo del  Ejecutivo. La corrupción dentro de las Ramas del Poder Público nos permite  preguntar,  ¿qué hacen y a qué se dedican miles de burócratas adscritos a la Procuraduría, la Contraloría y  la Defensoría del Pueblo?

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 15.07.11

Lo coyuntural.

Nos dice el alto gobierno que tendremos batallón de alta montaña en las cumbres caucanas de la Cordillera Central, desde  donde ancestralmente siembran terror los guerrilleros de las Farc. Que el alto mando militar atenderá desde Popayán, durante una semana, el feroz ataque ordenado por Cano contra la población civil. Que comandos especializados del ejército reforzarán la fuerza pública en el Cauca.

Con estos y similares anuncios oficiales nos engolosinan esta semana de julio,  cuando desde hace muchos meses venimos reclamando presencia  combativa de las  Fuerzas Armadas en reconocidos sectores estratégicos convertidos en  escondrijos de delincuentes.

Durante décadas amplios territorios de montaña  han funcionado como base operacional de delincuentes organizados que cultivan amapola, coca y marihuana.

A todo lo largo y ancho del Cauca los traficantes de narcóticos matan inocentes campesinos, pequeños comerciantes, humildes líderes sociales que no se dejan encasillar en los formatos de las llamadas milicias, de vieja data asentadas en cabeceras municipales para controlarlas a sus anchas y conforme a sus métodos.

En todo el Cauca se oye el clamor de civiles inermes pidiendo protección estatal y acción judicial contra una actividad criminal que la población rural soporta con espanto, ante su física incapacidad para combatirla.

Lo sucedido en el Cauca no es nada nuevo, ni es el punto culminante de bárbaras acciones que Cano y sus capos seguirán ejecutando en el suroccidente colombiano.

El Presidente Santos incurre en fatal equivocación si piensa que ingenuos mensajes radiales, invitando a la desmovilización, traerán paz a este martirizado Macizo cordillerano y a las zonas bajas, cruzadas de esteros, en la selvática Costa del Pacífico caucano.

Por allí no es la cosa. Gentes conocedoras de la difícil topografía caucana, que por fuerza del rebusque para el sustento de sus familias, andan y desandan los caminos del monte, saben y comentan que los cultivos ilícitos están en auge, que los reclutamientos de menores son el diario acontecer, que en algunas zonas alejadas la prostitución, el comercio de armas, y las transacciones de droga dominan el panorama social, como si nadie tuviera conciencia de la degradación en que se hunden grandes núcleos juveniles campesinos.

Colombia necesita destetarse de pequeñas soluciones coyunturales. Los paños de agua tibia alivian dolencias superficiales, pero las infecciones profundas requieren intervenciones radicales.

El Estado no puede seguir sometido al capricho de agremiaciones fantasmas, oscuros grupos de presión y truculentas acciones defensivas de sectores políticos que se oponen a la fumigación y erradicación manual de cultivos ilícitos, altamente  tecnificados, irremediablemente  destinados al procesamiento de narcóticos.

Fracasados ensayos con resguardos indígenas y asociaciones campesinas, que prometen e incumplen sustitución gradual de plantaciones ilegales por cultivos lícitos, deben desecharse con rigor, porque el incumplimiento descarado de dichos tratos sólo conduce al prospero enganche de raspachines, que más tarde ascienden a cabecillas de bandas que seguirán traficando, extorsionando y matando.

La fiebre no está en las sábanas, Señor Presidente Santos, para nosotros es bueno que construyan batallones, y que los ministros nos visiten, y que haya más fuerza pública en el departamento, pero lo que necesitamos es combatir y  arrasar los cultivos que generan  prosperidad económica a  las organizaciones violentas.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán 11.07.11

La indignación.

Hace dos meses llegó a Madrid  la acción contestataria que hace cuarenta años anduvo por París.

La  multitud se mamó de promesas y arengas que los acomodados lanzan por las ventanas de sus palacios, y como los acomodados españoles  ya no convencen, las multitudes peninsulares buscan cambiarlos por otros que los representen bien.

Algo igual podemos hacer con los acomodados colombianos quienes dicen y se creen sus propias mentiras, ellos piensan que legislan y gobiernan bien y, claro, prometen y arengan desde las ventanas de sus palacios, nos atiborran de vallas y volantes, y luego todo lo gestionan en provecho suyo y de sus testaferros.

Si las elecciones se ganaran a fuerza de contaminación visual las tendrían ganadas.

Pero resulta que aquí, mamados como estamos de inoperancias administrativas, corruptelas oficiales, vacíos  ideológicos  e ineptitudes  gubernamentales, podemos utilizar métodos constitucionales  para imponer nuestras condiciones ciudadanas.

No necesitamos estropear sus oídos con gritos insultantes, en cambio sí les  podemos llenar las urnas con votos en blanco.

El voto en blanco no se pierde, el voto en blanco sirve para expresar indignación ante los ladrones del erario público, decirles  por escrito que conocemos sus mañas y reprobamos sus tropelías, para notificarles que no consentimos sus delincuencias, y  mostrarles que los electores colombianos, ajenos a trucos y violencias, somos concientes de deberes cívicos  y derechos democráticos que nos permiten utilizar mecanismos limpios para escoger candidatos y elegir gobernantes.

El panorama nacional es desastroso, gobernadores y alcaldes, diputados y concejales atrincherados en mezquinas parcelas burocráticas, lejos de promover desarrollo y progreso, ajenos a propuestas que impulsen verídica participación comunitaria, se juegan los restos tratando de imponer sucesores que les dejen controlar componendas, y mantener ruinosos contratos para el pueblo pero muníficos para sus bolsillos. Obvio que Senadores y Representantes aceitan  esos mecanismos de atornillar curul.

Qué bueno si logramos imponer la mayoría del voto en blanco. Con ese sistema, constitucionalmente regulado (Art. 258 C.N.), no sólo fortalecemos la democracia puesta en riesgo por actuales engranajes partidistas, que descaradamente perpetuaron la dictadura del bolígrafo, sino que abrimos las puertas a repetir la votación para elegir miembros de corporaciones públicas, gobernadores y alcaldes, en unas elecciones a las que no se podrán presentar los mismos candidatos unipersonales ni las  listas que no hayan alcanzado el umbral.

Así como los españoles salieron a expresa su indignación  en La Puerta del Sol y La Plaza de Cataluña, también los colombianos podemos concurrir a expresar la nuestra en cubículos electorales, porque lo que estamos viviendo no es libre expresión de la democracia participativa ni correcto ejercicio del sufragio.

La actual coyuntura electorera simplemente muestra una pugna salvaje para comandar el reparto de apetitosas regalías.

Es obligación moral y derecho electoral,  frente a lo que nos pertenece,  impedir que unos pocos se hagan a la riqueza de todos y que a los más nos dejen viendo un chispero.

El voto en blanco no es una retaliación, ni una protesta, es un derecho constitucional que nos permite derrotar y vetar a eternos gamonales y a sus mandaderos, siempre ávidos y siempre prestos a  embolsarse  la mejor tajada del presupuesto nacional.

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, junio de 2011

Costa del Pacífico.

El verde inmenso de nuestra faja costanera y sus ríos legendarios, plenos de historia y de riquezas, se tiñen con sangre de inocentes,  al paso de grupos ilegales que allí fortalecen sus arcas y agigantan su contingente de jóvenes  forzados a empuñar fusiles para asesinar el futuro de la región.

El Charco, Iscuandé, y La Tola  no acababan de beber su amargo sorbo de dinamita, cuando le llegó a Guapi la mortífera telegrafía de las metrallas.

Un humilde lanchero, de esos que valen porque sirven a su región y a sus gentes, y porque a fuerza de sacrificio y lucha sostenida anhelan levantar una familia y construir sus propios diques contra la miseria, fue fusilado por la delincuencia que vacuna y extorsiona, y que ejecuta sin piedad a quienes se resisten.

El brutal oleaje de ejércitos irregulares, nominados de maneras diversas, pero al servicio de un mismo propósito criminal, impone sus condiciones de hierro y fuego en la silente lejanía de los esteros.

El Cauca agoniza en los manglares donde antes bullía la vida.

Esa costa que fuera paraíso cantado en versos inmortales, escritos en la arena y esculpidos en  la proa  de los veleros, se hunde en el terror. 

Las dragas, las drogas y las armas levantan sus imperios en ese litoral que fuera patrimonio centenario de un mestizaje forjado por la paz, construido por culturas sonoras y poéticas, adornado por alegres sonrisas marineras que hoy se prohíben y se niegan.

Al horizonte azul de nuestro departamento, a la frontera  occidental de nuestra lacerada Colombia se asomó la violencia, y se metió en sus selvas y colonizó sus ríos, y se enquistó en sus vertientes con el funesto empeño de consolidarse allí.

A ese hombre de la navegación, a ese personaje anónimo que se batía con agilidad contra las fuerzas de la naturaleza, a ese hombre solitario que no pudieron vencer los elementos y que incurrió en la osadía de no transigir frente al crimen, al que le pusieron plomo en el pecho para convencerlo de lo que no quería, al que le arrancaron la vida por no dejarse despojar del jornal que nacía en la fuerza de sus brazos y brotaba en el sudor de su frente, le damos un respetuoso adiós.

Pero a sus parientes, una viuda y cuatro huérfanos, que no entienden la ausencia total  de la única persona que trabajaba para ellos, es necesario que el Estado los proteja y auxilie, los respalde y acompañe, y principalísimamente que les haga justicia a partir de una investigación seria, para que a ellos llegue eso que tanto se pregona y nunca se concreta,  verdad oportuna y reparación eficaz.

Quiera Dios que la Ley de víctimas tome cuerpo y cobre alma desterrando la impunidad de los anaqueles judiciales.

Coletilla: Cuando escribíamos esta nota recibimos noticia de otros tres asesinatos, en las caudalosas aguas del bajo Patía,  donde la delincuencia organizada fusila a humildes familias que reman para subsistir. Minutos después escuchamos estallido dinamitero en Popayán. ¿Naufraga la prosperidad democrática?

Miguel Antonio Velasco Cuevas

Popayán, 18.06.11